Otorgar impunidad y ventajas a corruptos y chorizos es una vergüenza en España
Escándalos como el Caso Koldo, que implica a exministros y altos cargos del PSOE en presuntas mordidas por contratos de mascarillas durante la pandemia, han salpicado directamente al entorno del presidente Pedro Sánchez, con investigaciones que se extienden hasta La Moncloa en 2025.
Y no es un caso aislado: la trama ha destapado presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas, con la OCDE alertando sobre un aumento alarmante en contratos directos sin competencia, que pasaron del 17,7% en 2011 al 45,1% en 2021.
Es hora de quitar el aforamiento a los políticos para que, como el resto de los ciudadanos, respondan de sus delitos ante tribunales ordinarios, sin escudos que huelan a impunidad.
No existe una sola razón convincente para que los políticos estén aforados.
España tiene más aforados que el resto de Europa junta: cerca de 250.000 personas gozan de esta protección especial, incluyendo unos 2.000 políticos, 5.500 jueces, 2.700 fiscales y más de 232.000 miembros de las fuerzas de seguridad. En comparación, Francia apenas cuenta con 19, Italia con uno solo (el presidente de la República) y Alemania no tiene ninguno.
Esta anomalía convierte a España en un "paraíso para políticos corruptos", un estigma sucio que debilita la confianza en las instituciones y fomenta la percepción de que la ley no es igual para todos.
¿Qué es exactamente el aforamiento y por qué existe? El aforamiento, o fuero especial, es una figura jurídica heredada de tiempos monárquicos y franquistas que establece que ciertas personas –por su cargo o función– no pueden ser juzgadas por tribunales ordinarios.
En su lugar, sus causas penales van directamente a instancias superiores como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Teóricamente, se justifica para garantizar imparcialidad y evitar presiones locales en casos sensibles, protegiendo la independencia de figuras clave como diputados, senadores, ministros o incluso el rey emérito.
Pero en la práctica, críticos lo ven como un blindaje que retrasa procesos y complica la accountability: un aforado no puede ser investigado por un juez de instrucción común, lo que a menudo se traduce en dilaciones y un trato preferencial.
En España, esta prerrogativa se extiende a un abanico ridículamente amplio: desde los 350 diputados del Congreso y 266 senadores, hasta miembros del Gobierno central y autonómicos, pasando por jueces, fiscales y hasta guardias civiles.
Históricamente, surgió para preservar el equilibrio de poderes, pero hoy se percibe como un resabio antidemocrático que choca con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos ante la ley.
De hecho, expertos como juristas y politólogos argumentan que es una "singularidad universal" que fomenta la corrupción.
Aunque la corrupción no es exclusiva de un partido –recordemos el Gürtel del PP o el ERE de Andalucía bajo el PSOE–, los escándalos recientes bajo el mandato de Sánchez han avivado el debate e indignado a la ciudadanía ante la injusticia del aforamiento.
El Caso Ábalos, por ejemplo, involucra al exministro de Transportes en una red de comisiones ilegales por valor de millones de euros en contratos públicos, con ramificaciones que alcanzan al número tres del PSOE y posiblemente más allá.
En noviembre de 2025, la Guardia Civil amplió la investigación, imputando a personal de Moncloa y sacando a la luz presuntos "trapos sucios" que Ábalos amenaza con revelar si es encarcelado.
Socios de coalición como el BNG han advertido que esto huele a un "Gürtel del PSOE", exigiendo transparencia o incluso elecciones anticipadas.
La OCDE, en su informe de 2025, pinta un panorama sombrío: la corrupción en España se ha "deteriorado con el tiempo", con un sistema de contratación pública vulnerable a abusos.
Y el aforamiento agrava el problema. Casos como el del rey emérito Juan Carlos I muestran cómo esta figura puede usarse para esquivar la justicia ordinaria, debilitando la democracia.
En un país donde la percepción de corrupción es alta –según Transparency International, España puntúa por debajo de la media UE–, mantener estos privilegios es como echar gasolina al fuego.
En la era de la transparencia, el aforamiento se ve como un anacronismo que fomenta la opacidad.
Reformas parciales, como la limitación propuesta en 2018 por el PSOE (que ironía, ahora en el poder), han quedado en agua de borrajas.
En Europa, países como Alemania o el Reino Unido funcionan perfectamente sin aforamientos masivos, priorizando la igualdad judicial.
¿Por qué España no? El debate está abierto, con voces como las de EL PAÍS, llamando a reducirlos para restaurar la fe en la democracia.
La brutal corrupción del sanchismo demuestra que es hora de actuar. Para acabar con esta "marea podrida", como la llaman algunos, urge una reforma constitucional que elimine o limite drásticamente los aforamientos políticos.
Mantenerlos solo para delitos en ejercicio del cargo, como en Francia, sería un paso adelante. Los ciudadanos deben exigir referendos o presionar a través de plataformas cívicas para que los políticos no se autoprotejan. Si no, seguiremos en un sistema donde los "chorizos" aforados campan a sus anchas, mientras el resto pagamos las facturas –literales y morales– de su corrupción.
El aforamiento no es solo un tecnicismo jurídico; es el síntoma de una democracia enferma. Quitar estos blindajes no resolverá todo, pero es un primer paso hacia la igualdad real y la justicia verdadera.
¿Esperaremos otro escándalo para mover ficha?
Francisco Rubiales
Francisco Rubiales
Y no es un caso aislado: la trama ha destapado presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas, con la OCDE alertando sobre un aumento alarmante en contratos directos sin competencia, que pasaron del 17,7% en 2011 al 45,1% en 2021.
Es hora de quitar el aforamiento a los políticos para que, como el resto de los ciudadanos, respondan de sus delitos ante tribunales ordinarios, sin escudos que huelan a impunidad.
No existe una sola razón convincente para que los políticos estén aforados.
España tiene más aforados que el resto de Europa junta: cerca de 250.000 personas gozan de esta protección especial, incluyendo unos 2.000 políticos, 5.500 jueces, 2.700 fiscales y más de 232.000 miembros de las fuerzas de seguridad. En comparación, Francia apenas cuenta con 19, Italia con uno solo (el presidente de la República) y Alemania no tiene ninguno.
Esta anomalía convierte a España en un "paraíso para políticos corruptos", un estigma sucio que debilita la confianza en las instituciones y fomenta la percepción de que la ley no es igual para todos.
¿Qué es exactamente el aforamiento y por qué existe? El aforamiento, o fuero especial, es una figura jurídica heredada de tiempos monárquicos y franquistas que establece que ciertas personas –por su cargo o función– no pueden ser juzgadas por tribunales ordinarios.
En su lugar, sus causas penales van directamente a instancias superiores como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Teóricamente, se justifica para garantizar imparcialidad y evitar presiones locales en casos sensibles, protegiendo la independencia de figuras clave como diputados, senadores, ministros o incluso el rey emérito.
Pero en la práctica, críticos lo ven como un blindaje que retrasa procesos y complica la accountability: un aforado no puede ser investigado por un juez de instrucción común, lo que a menudo se traduce en dilaciones y un trato preferencial.
En España, esta prerrogativa se extiende a un abanico ridículamente amplio: desde los 350 diputados del Congreso y 266 senadores, hasta miembros del Gobierno central y autonómicos, pasando por jueces, fiscales y hasta guardias civiles.
Históricamente, surgió para preservar el equilibrio de poderes, pero hoy se percibe como un resabio antidemocrático que choca con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos ante la ley.
De hecho, expertos como juristas y politólogos argumentan que es una "singularidad universal" que fomenta la corrupción.
Aunque la corrupción no es exclusiva de un partido –recordemos el Gürtel del PP o el ERE de Andalucía bajo el PSOE–, los escándalos recientes bajo el mandato de Sánchez han avivado el debate e indignado a la ciudadanía ante la injusticia del aforamiento.
El Caso Ábalos, por ejemplo, involucra al exministro de Transportes en una red de comisiones ilegales por valor de millones de euros en contratos públicos, con ramificaciones que alcanzan al número tres del PSOE y posiblemente más allá.
En noviembre de 2025, la Guardia Civil amplió la investigación, imputando a personal de Moncloa y sacando a la luz presuntos "trapos sucios" que Ábalos amenaza con revelar si es encarcelado.
Socios de coalición como el BNG han advertido que esto huele a un "Gürtel del PSOE", exigiendo transparencia o incluso elecciones anticipadas.
La OCDE, en su informe de 2025, pinta un panorama sombrío: la corrupción en España se ha "deteriorado con el tiempo", con un sistema de contratación pública vulnerable a abusos.
Y el aforamiento agrava el problema. Casos como el del rey emérito Juan Carlos I muestran cómo esta figura puede usarse para esquivar la justicia ordinaria, debilitando la democracia.
En un país donde la percepción de corrupción es alta –según Transparency International, España puntúa por debajo de la media UE–, mantener estos privilegios es como echar gasolina al fuego.
En la era de la transparencia, el aforamiento se ve como un anacronismo que fomenta la opacidad.
Reformas parciales, como la limitación propuesta en 2018 por el PSOE (que ironía, ahora en el poder), han quedado en agua de borrajas.
En Europa, países como Alemania o el Reino Unido funcionan perfectamente sin aforamientos masivos, priorizando la igualdad judicial.
¿Por qué España no? El debate está abierto, con voces como las de EL PAÍS, llamando a reducirlos para restaurar la fe en la democracia.
La brutal corrupción del sanchismo demuestra que es hora de actuar. Para acabar con esta "marea podrida", como la llaman algunos, urge una reforma constitucional que elimine o limite drásticamente los aforamientos políticos.
Mantenerlos solo para delitos en ejercicio del cargo, como en Francia, sería un paso adelante. Los ciudadanos deben exigir referendos o presionar a través de plataformas cívicas para que los políticos no se autoprotejan. Si no, seguiremos en un sistema donde los "chorizos" aforados campan a sus anchas, mientras el resto pagamos las facturas –literales y morales– de su corrupción.
El aforamiento no es solo un tecnicismo jurídico; es el síntoma de una democracia enferma. Quitar estos blindajes no resolverá todo, pero es un primer paso hacia la igualdad real y la justicia verdadera.
¿Esperaremos otro escándalo para mover ficha?
Francisco Rubiales
Francisco Rubiales
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