La actual Constitución Española ya no sirve porque permite que los peores individuos se apoderen del Estado y destrocen la nación.
La adaptación a la maldad que necesita la Constitución española de 1978 tiene que tener dos objetivos muy claros: el primero es impedir que tipos como Pedro Sánchez alcancen el poder; el segundo es que si alguna vez un tipo sin escrúpulos ni ética llega al poder, existan mecanismos para echarlo con rapidez.
La Constitución del 78 es ingenua. Dice, por ejemplo, que cada año deben presentarse los presupuestos para ser aprobados, pero no dice que ocurre si no son aprobados un año tras otro, como está ocurriendo en España. Un tipo como Pedro Sánchez, representante de la maldad y habituado a la mentira, el pucherazo y otras suciedades y abusos, ha descubierto la grieta y por ahí cuela su poder.
Si la Constitución dijera que después de dos años sin aprobar los presupuestos las Cortes quedarían disueltas de inmediato y se convocarían elecciones, otro gallo cantaría.
La Constitución debe establecer requisitos y exigencias para que cualquier mamarracho corrupto no llegue al poder. Por ahora, un presidente de gobierno tiene, por desgracia, menos exigencias que una secretaria o un barrendero.
Para lograr estos objetivos, es imperativo incorporar cláusulas estrictas de rendición de cuentas en la Constitución. Por ejemplo, se debería exigir que cualquier aspirante a cargos públicos de alto nivel presente no solo un historial impecable de integridad fiscal y ética, sino también someterse a auditorías independientes y transparentes antes de asumir el poder.
Además, mecanismos como la moción de censura automática, activada por evidencias de corrupción o incumplimiento reiterado de obligaciones constitucionales, permitirían desalojar a un gobernante indigno sin dilaciones parlamentarias interminables. Imagínese un sistema donde la maldad no encuentre resquicios: si un presidente miente bajo juramento o manipula instituciones para perpetuarse, un tribunal constitucional autónomo podría destituirlo en cuestión de semanas, restaurando la fe en la democracia.
Esta adaptación a la maldad vigente no es un lujo, sino una necesidad para blindar a España contra los depredadores del poder, asegurando que solo los verdaderamente honorables dirijan el destino de la nación.
En última instancia, reformar la Constitución para adaptarla a la maldad contemporánea no significa traicionar sus principios fundacionales, sino fortalecerlos ante las amenazas modernas. La ingenuidad de 1978, nacida en un contexto de esperanza post-dictadura, debe evolucionar hacia una vigilancia implacable que incluya penas severas para abusos como el nepotismo, el clientelismo o la obstrucción presupuestaria.
Si incorporamos herramientas como referendos vinculantes para destituir a líderes corruptos y límites estrictos a la reelección, en casos de irregularidades, España podría recuperar su decencia perdida.
No se trata de cazar brujas, sino de prevenir que los lobos disfrazados de corderos devoren el rebaño. Solo así honraremos de verdad el legado de 1978: transformando una carta magna noble en un escudo inquebrantable contra la podredumbre moral que hoy amenaza con engullirnos.
Francisco Rubiales
La adaptación a la maldad que necesita la Constitución española de 1978 tiene que tener dos objetivos muy claros: el primero es impedir que tipos como Pedro Sánchez alcancen el poder; el segundo es que si alguna vez un tipo sin escrúpulos ni ética llega al poder, existan mecanismos para echarlo con rapidez.
La Constitución del 78 es ingenua. Dice, por ejemplo, que cada año deben presentarse los presupuestos para ser aprobados, pero no dice que ocurre si no son aprobados un año tras otro, como está ocurriendo en España. Un tipo como Pedro Sánchez, representante de la maldad y habituado a la mentira, el pucherazo y otras suciedades y abusos, ha descubierto la grieta y por ahí cuela su poder.
Si la Constitución dijera que después de dos años sin aprobar los presupuestos las Cortes quedarían disueltas de inmediato y se convocarían elecciones, otro gallo cantaría.
La Constitución debe establecer requisitos y exigencias para que cualquier mamarracho corrupto no llegue al poder. Por ahora, un presidente de gobierno tiene, por desgracia, menos exigencias que una secretaria o un barrendero.
Para lograr estos objetivos, es imperativo incorporar cláusulas estrictas de rendición de cuentas en la Constitución. Por ejemplo, se debería exigir que cualquier aspirante a cargos públicos de alto nivel presente no solo un historial impecable de integridad fiscal y ética, sino también someterse a auditorías independientes y transparentes antes de asumir el poder.
Además, mecanismos como la moción de censura automática, activada por evidencias de corrupción o incumplimiento reiterado de obligaciones constitucionales, permitirían desalojar a un gobernante indigno sin dilaciones parlamentarias interminables. Imagínese un sistema donde la maldad no encuentre resquicios: si un presidente miente bajo juramento o manipula instituciones para perpetuarse, un tribunal constitucional autónomo podría destituirlo en cuestión de semanas, restaurando la fe en la democracia.
Esta adaptación a la maldad vigente no es un lujo, sino una necesidad para blindar a España contra los depredadores del poder, asegurando que solo los verdaderamente honorables dirijan el destino de la nación.
En última instancia, reformar la Constitución para adaptarla a la maldad contemporánea no significa traicionar sus principios fundacionales, sino fortalecerlos ante las amenazas modernas. La ingenuidad de 1978, nacida en un contexto de esperanza post-dictadura, debe evolucionar hacia una vigilancia implacable que incluya penas severas para abusos como el nepotismo, el clientelismo o la obstrucción presupuestaria.
Si incorporamos herramientas como referendos vinculantes para destituir a líderes corruptos y límites estrictos a la reelección, en casos de irregularidades, España podría recuperar su decencia perdida.
No se trata de cazar brujas, sino de prevenir que los lobos disfrazados de corderos devoren el rebaño. Solo así honraremos de verdad el legado de 1978: transformando una carta magna noble en un escudo inquebrantable contra la podredumbre moral que hoy amenaza con engullirnos.
Francisco Rubiales
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