La pareja, bajo sospecha, acumula rechazo
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha provocado un sucio y escandaloso debate que pone de relieve que en España la Justicia no es igual para todos y que algunos se consideran impunes.
Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Ella se niega a entregar su pasaporte, solicitado por el juez para verificar posibles viajes al extranjero relacionados con el caso.
Fuentes judiciales indican que esta petición no se enmarcaba como una medida cautelar restrictiva, sino como un elemento probatorio para esclarecer hechos.
Esta situación ha generado acusaciones de trato preferencial. La negativa de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, a entregar los pasaportes se basa en jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cuales los investigados no están obligados a proporcionar documentación que pueda incriminarlos, ya que esto vulneraría el derecho a no autoinculparse y el principio de que la carga de la prueba recae en la acusación.
El problema es que el matrimonio Sánchez, escaso de ética, ignora dos principios fundamentales en democracia: 1.- Que la mujer del César no sólo debe ser buena sino también parecerlo; 2.- Que al no presentar el pasaporte porque su contenido puede perjudicarle, se está inculpando.
Ante la falta de colaboración, el juez Peinado ha reaccionado solicitando datos directamente a entidades externas. Por ejemplo, ha dado un plazo de diez días al Ministerio del Interior para recabar información de compañías aéreas sobre vuelos compartidos por Gómez y Álvarez desde 2018, así como correos electrónicos y registros de viajes a países específicos como República Dominicana o Guinea Ecuatorial.
Estas acciones han provocado tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo y discusiones sobre si la justicia en España aplica de manera igualitaria, especialmente cuando involucra figuras cercanas al poder. Millones de españoles piensan con razón que un ciudadano común enfrentaría repercusiones más drásticas por desobedecer una orden judicial.
El pasado y el presente de Begoña enrarecen el ambiente político y contribuyen a incrementar el desprecio y rechazo a los políticos, en especial al presidente del gobierno, que acumula privilegios y arrogancia que no concuerdan con el proceder democrático y la ética exigible a los gobernantes.
El asunto del pasaporte agrega suciedad a la figura de la esposa del presidente, sobre la que ya caían sospechas de utilización personal de los privilegios de la Moncloa, viajes sospechosos a otros países y un pasado escasamente limpio en las saunas de su padre.
Hasta se han producido concentraciones en los alrededores de juzgados, convocadas por plataformas como Hazte Oír, donde los manifestantes denuncian un supuesto trato de favor y exigen la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Francisco Rubiales
Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Ella se niega a entregar su pasaporte, solicitado por el juez para verificar posibles viajes al extranjero relacionados con el caso.
Fuentes judiciales indican que esta petición no se enmarcaba como una medida cautelar restrictiva, sino como un elemento probatorio para esclarecer hechos.
Esta situación ha generado acusaciones de trato preferencial. La negativa de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, a entregar los pasaportes se basa en jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cuales los investigados no están obligados a proporcionar documentación que pueda incriminarlos, ya que esto vulneraría el derecho a no autoinculparse y el principio de que la carga de la prueba recae en la acusación.
El problema es que el matrimonio Sánchez, escaso de ética, ignora dos principios fundamentales en democracia: 1.- Que la mujer del César no sólo debe ser buena sino también parecerlo; 2.- Que al no presentar el pasaporte porque su contenido puede perjudicarle, se está inculpando.
Ante la falta de colaboración, el juez Peinado ha reaccionado solicitando datos directamente a entidades externas. Por ejemplo, ha dado un plazo de diez días al Ministerio del Interior para recabar información de compañías aéreas sobre vuelos compartidos por Gómez y Álvarez desde 2018, así como correos electrónicos y registros de viajes a países específicos como República Dominicana o Guinea Ecuatorial.
Estas acciones han provocado tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo y discusiones sobre si la justicia en España aplica de manera igualitaria, especialmente cuando involucra figuras cercanas al poder. Millones de españoles piensan con razón que un ciudadano común enfrentaría repercusiones más drásticas por desobedecer una orden judicial.
El pasado y el presente de Begoña enrarecen el ambiente político y contribuyen a incrementar el desprecio y rechazo a los políticos, en especial al presidente del gobierno, que acumula privilegios y arrogancia que no concuerdan con el proceder democrático y la ética exigible a los gobernantes.
El asunto del pasaporte agrega suciedad a la figura de la esposa del presidente, sobre la que ya caían sospechas de utilización personal de los privilegios de la Moncloa, viajes sospechosos a otros países y un pasado escasamente limpio en las saunas de su padre.
Hasta se han producido concentraciones en los alrededores de juzgados, convocadas por plataformas como Hazte Oír, donde los manifestantes denuncian un supuesto trato de favor y exigen la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Francisco Rubiales
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