68 muertes causadas por la ineptitud de los inútiles y corruptos que gobiernan España.
La única esperanza que despunta por el horizonte es que si Sánchez y sus secuaces no asumen responsabilidades ni dimiten, nosotros podemos echarlos del poder en las elecciones del 29 de noviembre.
Ese día hay que castigarlos porque gobernar no consiste en inaugurar obras, hacerse fotografías y pronunciar discursos triunfalistas. Consiste, sobre todo, en conservar lo construido, prevenir tragedias y garantizar que los servicios públicos funcionen con seguridad.
Cuando esas obligaciones fallan, la ciudadanía tiene derecho a enfurecerse y a exigir cuentas. Y España está hoy enfurecida por tantas muertes causadas por ineptos y corruptos con un poder que no merecen.
Los problemas de España son muchos y graves. La situación económica obliga a mirar al futuro con enorme preocupación. La deuda pública limita el margen de actuación de los próximos gobiernos, mientras la presión fiscal reduce la capacidad de ahorro de familias y empresas. En sectores estratégicos como las energías renovables y los centros de datos, la estabilidad normativa resulta decisiva para atraer inversiones y crear empleo. Las reglas confusas, los cambios regulatorios imprevisibles y la incertidumbre sobre las condiciones futuras paralizan proyectos, desvían capital hacia otros países y destruye oportunidades.
España no puede aspirar a competir en la economía del siglo XXI si quienes invierten no saben a qué legislación tendrán que atenerse mañana. La confianza se construye con seguridad jurídica, planificación y seriedad institucional, no con improvisaciones que trasladan sus costes a empresas y ciudadanos.
El balance que tendrá que afrontar cualquier futuro Gobierno será, por tanto, mucho más complejo que una simple alternancia de partidos. Habrá que sanear las cuentas públicas, recuperar la credibilidad de la Alta Velocidad, modernizar las infraestructuras, reforzar los sistemas de seguridad, estabilizar el marco regulatorio y devolver a España una capacidad de planificación que no dependa de las urgencias electorales ni de los caprichos de un imbécil fatuo, lleno de arrogancia.
Y todo deberá hacerse sin cargar indefinidamente sobre los contribuyentes el precio de los errores acumulados. Cada euro malgastado, cada inversión aplazada y cada decisión adoptada sin evaluar sus consecuencias reduce las posibilidades de prosperidad de nuestros hijos y nietos.
Un país puede soportar una crisis, pero difícilmente puede progresar si sus instituciones pierden la confianza de la sociedad y sus gobernantes dejan de explicar con claridad qué hacen, por qué lo hacen y quién responde cuando fracasan.
Ante semejante panorama, los ciudadanos tienen una herramienta fundamental: las elecciones del 29 de noviembre. Ese día, con las urnas abiertas, los ciudadanos pueden exigir responsabilidades por los errores demostrados y decidir libremente qué proyecto político merece su confianza.
La democracia no consiste en entregar un cheque en blanco a quienes gobiernan, sino en someterlos a una vigilancia permanente y sustituirlos cuando no funcionan, cuando destruyan en lugar de construir.
Amar a España significa defender sus infraestructuras, sus instituciones, su prosperidad y el derecho de las próximas generaciones a recibir un país mejor, no hipotecado por decisiones irresponsables.
Ningún gobernante está por encima de la rendición de cuentas. Y ningún partido ni político tiene derecho a maltratar a una nación.
¡¡¡Que nuestros muertos descansen en paz y que los responsables de esas muertes lo paguen!!!
Francisco Rubiales
Ese día hay que castigarlos porque gobernar no consiste en inaugurar obras, hacerse fotografías y pronunciar discursos triunfalistas. Consiste, sobre todo, en conservar lo construido, prevenir tragedias y garantizar que los servicios públicos funcionen con seguridad.
Cuando esas obligaciones fallan, la ciudadanía tiene derecho a enfurecerse y a exigir cuentas. Y España está hoy enfurecida por tantas muertes causadas por ineptos y corruptos con un poder que no merecen.
Los problemas de España son muchos y graves. La situación económica obliga a mirar al futuro con enorme preocupación. La deuda pública limita el margen de actuación de los próximos gobiernos, mientras la presión fiscal reduce la capacidad de ahorro de familias y empresas. En sectores estratégicos como las energías renovables y los centros de datos, la estabilidad normativa resulta decisiva para atraer inversiones y crear empleo. Las reglas confusas, los cambios regulatorios imprevisibles y la incertidumbre sobre las condiciones futuras paralizan proyectos, desvían capital hacia otros países y destruye oportunidades.
España no puede aspirar a competir en la economía del siglo XXI si quienes invierten no saben a qué legislación tendrán que atenerse mañana. La confianza se construye con seguridad jurídica, planificación y seriedad institucional, no con improvisaciones que trasladan sus costes a empresas y ciudadanos.
El balance que tendrá que afrontar cualquier futuro Gobierno será, por tanto, mucho más complejo que una simple alternancia de partidos. Habrá que sanear las cuentas públicas, recuperar la credibilidad de la Alta Velocidad, modernizar las infraestructuras, reforzar los sistemas de seguridad, estabilizar el marco regulatorio y devolver a España una capacidad de planificación que no dependa de las urgencias electorales ni de los caprichos de un imbécil fatuo, lleno de arrogancia.
Y todo deberá hacerse sin cargar indefinidamente sobre los contribuyentes el precio de los errores acumulados. Cada euro malgastado, cada inversión aplazada y cada decisión adoptada sin evaluar sus consecuencias reduce las posibilidades de prosperidad de nuestros hijos y nietos.
Un país puede soportar una crisis, pero difícilmente puede progresar si sus instituciones pierden la confianza de la sociedad y sus gobernantes dejan de explicar con claridad qué hacen, por qué lo hacen y quién responde cuando fracasan.
Ante semejante panorama, los ciudadanos tienen una herramienta fundamental: las elecciones del 29 de noviembre. Ese día, con las urnas abiertas, los ciudadanos pueden exigir responsabilidades por los errores demostrados y decidir libremente qué proyecto político merece su confianza.
La democracia no consiste en entregar un cheque en blanco a quienes gobiernan, sino en someterlos a una vigilancia permanente y sustituirlos cuando no funcionan, cuando destruyan en lugar de construir.
Amar a España significa defender sus infraestructuras, sus instituciones, su prosperidad y el derecho de las próximas generaciones a recibir un país mejor, no hipotecado por decisiones irresponsables.
Ningún gobernante está por encima de la rendición de cuentas. Y ningún partido ni político tiene derecho a maltratar a una nación.
¡¡¡Que nuestros muertos descansen en paz y que los responsables de esas muertes lo paguen!!!
Francisco Rubiales
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