La mayoría de los españoles considera que hay "demasiados inmigrantes": simpatía por los latinos y sólo un 3,4% con los magrebíes
La decisión del Gobierno de regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular ha generado un fuerte rechazo en la sociedad española. Según diversas encuestas y sondeos de opinión publicados en los últimos meses, entre el 55 % y el 65%, según algunos estudios, se opone a esta medida extraordinaria, aprobada mediante real decreto y sin pasar por debate parlamentario.
Este rechazo trasciende la ideología porque hasta un porcentaje notable de votantes tradicionales del PSOE expresa su desacuerdo, percibiendo la iniciativa como un intento de alterar el equilibrio demográfico y social del país, sin un consenso amplio.
La idea dominante en la sociedad es que con la legalización masiva se premia la entrada irregular, lo que genera frustración entre quienes ven en esta política una falta de control efectivo sobre las fronteras y los recursos públicos.
Esta regularización masiva, que beneficiará principalmente a personas llegadas antes de finales de 2025 y con al menos cinco meses de estancia demostrable, provocará, sin duda alguna, un efecto llamada de gran magnitud.
Expertos en seguridad y mandos policiales han advertido que la medida será percibida en África como una puerta abierta para entrar en toda la Europa comunitaria e incentivará nuevas llegadas irregulares, animadas por las redes sociales y las expectativas de una futura legalización, lo que podría multiplicar la presión sobre servicios esenciales como la sanidad, la vivienda y la educación, ya muy tensionados.
VOX ha calificado la iniciativa como un "plan de sustitución demográfica" y ha anunciado recursos judiciales, argumentando que genera inseguridad en barrios y pueblos, sobrecarga y daña los servicios públicos y debilita el principio de legalidad migratoria.
Desde el punto de vista electoral, la nacionalización futura de estos nuevos residentes —que podría acelerarse para algunos colectivos— se percibe como un cambio en el mapa político español. Aunque la regularización inmediata no otorga derecho a voto en elecciones generales (solo en municipales para ciertos orígenes tras un tiempo), el proceso de adquisición de nacionalidad española abrirá la puerta a cientos de miles de nuevos electores en el medio plazo.
Esta circunstancia restará apoyo al PSOE, ya que una parte de su base tradicional rechaza la medida por considerarla electoralista y contraria a los intereses de los españoles nativos, mientras beneficia a VOX, principal defensor de una política migratoria restrictiva.
La medida impulsada por el Ejecutivo, fruto de un pacto con Podemos, es curiosamente rechazada también por parte de los inmigrantes que ya tienen papeles y son españoles de pleno derecho. A largo plazo, en lugar de consolidar votos para la izquierda fortalecerá el discurso de VOX, que defiende el control de fronteras y prioridad para los ciudadanos españoles.
Lo que el sanchismo y la izquierda en general presentan como un acto de integración y justicia social se convierte, para muchos, en un error estratégico que podría alterar el equilibrio de fuerzas políticas en futuras convocatorias electorales.
Francisco Rubiales
Este rechazo trasciende la ideología porque hasta un porcentaje notable de votantes tradicionales del PSOE expresa su desacuerdo, percibiendo la iniciativa como un intento de alterar el equilibrio demográfico y social del país, sin un consenso amplio.
La idea dominante en la sociedad es que con la legalización masiva se premia la entrada irregular, lo que genera frustración entre quienes ven en esta política una falta de control efectivo sobre las fronteras y los recursos públicos.
Esta regularización masiva, que beneficiará principalmente a personas llegadas antes de finales de 2025 y con al menos cinco meses de estancia demostrable, provocará, sin duda alguna, un efecto llamada de gran magnitud.
Expertos en seguridad y mandos policiales han advertido que la medida será percibida en África como una puerta abierta para entrar en toda la Europa comunitaria e incentivará nuevas llegadas irregulares, animadas por las redes sociales y las expectativas de una futura legalización, lo que podría multiplicar la presión sobre servicios esenciales como la sanidad, la vivienda y la educación, ya muy tensionados.
VOX ha calificado la iniciativa como un "plan de sustitución demográfica" y ha anunciado recursos judiciales, argumentando que genera inseguridad en barrios y pueblos, sobrecarga y daña los servicios públicos y debilita el principio de legalidad migratoria.
Desde el punto de vista electoral, la nacionalización futura de estos nuevos residentes —que podría acelerarse para algunos colectivos— se percibe como un cambio en el mapa político español. Aunque la regularización inmediata no otorga derecho a voto en elecciones generales (solo en municipales para ciertos orígenes tras un tiempo), el proceso de adquisición de nacionalidad española abrirá la puerta a cientos de miles de nuevos electores en el medio plazo.
Esta circunstancia restará apoyo al PSOE, ya que una parte de su base tradicional rechaza la medida por considerarla electoralista y contraria a los intereses de los españoles nativos, mientras beneficia a VOX, principal defensor de una política migratoria restrictiva.
La medida impulsada por el Ejecutivo, fruto de un pacto con Podemos, es curiosamente rechazada también por parte de los inmigrantes que ya tienen papeles y son españoles de pleno derecho. A largo plazo, en lugar de consolidar votos para la izquierda fortalecerá el discurso de VOX, que defiende el control de fronteras y prioridad para los ciudadanos españoles.
Lo que el sanchismo y la izquierda en general presentan como un acto de integración y justicia social se convierte, para muchos, en un error estratégico que podría alterar el equilibrio de fuerzas políticas en futuras convocatorias electorales.
Francisco Rubiales
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