La explicación oficial es que la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares en España, aprobada por el Gobierno a través de un Real Decreto en enero de 2026, representa una medida destinada a integrar social y laboralmente a personas que ya residen en el país.
El Gobierno justifica esta iniciativa como una respuesta urgente y ordenada, alineada con la legislación española y europea, para otorgar derechos y fomentar la integración, similar a procesos anteriores en la democracia española y en otros países de la UE, pero millones de españoles creen que es una medida electoralista, que se aprueba al margen del Parlamento para ganar las próximas elecciones, lo que la convierte en dictatorial y corrupta.
El Partido Popular (PP) y Vox, han calificado la regularización como una "pantalla de humo" o un intento de captar votos para futuras elecciones, argumentando que fomenta la inmigración ilegal y sobrecarga los recursos públicos.
Es evidente que la inmigración, sobre todo la de procedencia hispanoamericana, ha enriquecido históricamente la diversidad española, como se evidencia en contribuciones a sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados. Pero también es evidente que cierta inmigración hostil ha destruido la convivencia y disparado la segregación y la delincuencia.
Estudios del Banco de España y el Consejo Económico y Social indican que España necesitará incorporar 2,4 millones de trabajadores en la próxima década para mantener su nivel de bienestar, subrayando el rol positivo de los inmigrantes en el sostenimiento del sistema de pensiones y la economía.
Pero hay otra inmigración, como la de musulmanes procedentes del Magreb, que distorsiona y perjudica al país porque no pocos de sus miembros son delincuentes y otros llegan con arrogancia y deseo de conquista, creando barrios-guetos donde imponen su ley y acosan a los residentes españoles.
El asunto es complejo porque requiere unas pautas para la integración que no existen y un control de los nacionalizados que el gobierno de Sánchez es incapaz de realizar.
Nadie duda de que entre los más de 500 mil naturalizados, no pocos de ellos serán indeseables con voluntad de delinquir, no integrarse y vivir de las ayudas y subvenciones, con tendencia a votar a las izquierdas porque saben que esos partidos son los que los protegen a financian.
Si España tuviera un gobierno limpio y democrático, en lugar de una banda de corruptos, podría aprovechar su experiencia e historia de emigración propia, para avanzar hacia una convivencia que fortalezca su tejido social y cultural, reconociendo que la diversidad no desnaturaliza, sino que evoluciona una nación.
Pero no es fácil esperar que el sanchismo, cuajado de dramas internos de corrupción y abuso de poder, se dedique a integrar y a españolizar a las mareas de recién llegados, casi todos violadores de fronteras y muchos de ellos hostiles recalcitrantes.
Francisco Rubiales
El Gobierno justifica esta iniciativa como una respuesta urgente y ordenada, alineada con la legislación española y europea, para otorgar derechos y fomentar la integración, similar a procesos anteriores en la democracia española y en otros países de la UE, pero millones de españoles creen que es una medida electoralista, que se aprueba al margen del Parlamento para ganar las próximas elecciones, lo que la convierte en dictatorial y corrupta.
El Partido Popular (PP) y Vox, han calificado la regularización como una "pantalla de humo" o un intento de captar votos para futuras elecciones, argumentando que fomenta la inmigración ilegal y sobrecarga los recursos públicos.
Es evidente que la inmigración, sobre todo la de procedencia hispanoamericana, ha enriquecido históricamente la diversidad española, como se evidencia en contribuciones a sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados. Pero también es evidente que cierta inmigración hostil ha destruido la convivencia y disparado la segregación y la delincuencia.
Estudios del Banco de España y el Consejo Económico y Social indican que España necesitará incorporar 2,4 millones de trabajadores en la próxima década para mantener su nivel de bienestar, subrayando el rol positivo de los inmigrantes en el sostenimiento del sistema de pensiones y la economía.
Pero hay otra inmigración, como la de musulmanes procedentes del Magreb, que distorsiona y perjudica al país porque no pocos de sus miembros son delincuentes y otros llegan con arrogancia y deseo de conquista, creando barrios-guetos donde imponen su ley y acosan a los residentes españoles.
El asunto es complejo porque requiere unas pautas para la integración que no existen y un control de los nacionalizados que el gobierno de Sánchez es incapaz de realizar.
Nadie duda de que entre los más de 500 mil naturalizados, no pocos de ellos serán indeseables con voluntad de delinquir, no integrarse y vivir de las ayudas y subvenciones, con tendencia a votar a las izquierdas porque saben que esos partidos son los que los protegen a financian.
Si España tuviera un gobierno limpio y democrático, en lugar de una banda de corruptos, podría aprovechar su experiencia e historia de emigración propia, para avanzar hacia una convivencia que fortalezca su tejido social y cultural, reconociendo que la diversidad no desnaturaliza, sino que evoluciona una nación.
Pero no es fácil esperar que el sanchismo, cuajado de dramas internos de corrupción y abuso de poder, se dedique a integrar y a españolizar a las mareas de recién llegados, casi todos violadores de fronteras y muchos de ellos hostiles recalcitrantes.
Francisco Rubiales
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