El vehemente y hasta furioso rechazo del gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero a la idea de celebrar un referendum sobre el Estatuto de Cataluña se debe únicamente al miedo del gobierno a que esa consulta popular ponga de manifiesto que está gobernando en contra de la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, lo que constituye uno de los peores atentados contra la auténtica democracia.
El gobierno quiere aprobar el controvertido y rechazado Estatuto de Cataluña en el ámbito parlamentario, donde, gracias a las componendas y alianzas entre partidos, posee una mayoría garantizada, pero quiere hurtar al pueblo su derecho a opinar, consciente de que esa oponión es abrumadoramente contraria.
Los sondeos reflejan que si se celebrara un referendum, el Estatuto sería rechazado por una aplastante mayoría y el gobierno español se colmaría de ridículo porque quedaría demostrado que está gobernando en contra del criterio del pueblo soberano al que dice representar. También resultaría evidente que en España los políticos están alienados, aislados y separados de los ciudadanos, lo que otorgaría la razón a los muchos pensadores y ciudadanos que creen que España, más que un país democrático, es una "oligocracia" controlada por las élites de los partidos políticos.
Algo parecido ocurrió en Holanda cuando el Parlamento apoyaba mayoritariamente la nueva Constitución europea que, una vez sometida a referendum, fue rechazada por los ciudadanos. Ante ese resultado, que evidenciaba el divorcio entre gobierno y ciudadanos, lo que invalida la democracia, fue tal el bochorno de los políticos holandeses que el sistema se conmocionó y la nueva Constitución europea, por ser obra de políticos, realizada al margen de los ciudadanos, quedó herida de muerte.
Ese miedo a la evidencia y al pueblo soberano (demofobia) del actual gobierno de España es el que impulsa a dirigentes socialistas como la vicepresidente de la Vega, Rubalcaba, Pepiño Blanco y López Garrido, entre otros, a rechazar la consulta popular con furia, a pesar de que esa recurso a la apinión de la ciudadanía es la más democrática, juiciosa y recomendable opción cuando resulta evidente que el país está dividido frente a una política básica y trascendental, defendida por el gobierno.
Los mismos socialistas que hoy niegan el referendum y lo califican de inconstitucional, recomendaban ese recurso cuando José María Aznar cometía el mismo pecado de arrogancia y de divorcio de la opinión pública que ahora comete el gobierno Zapatero, cuando implicó a España en la guerra de Irak, en contra de la inmensa mayoría de la sociedad española.
Cientos de miles de españoles castigaron a Aznar y a su partido, apartándolos del poder en las últimas elecciones generales, por aquella manifestación evidente de arrogancia antidemocrática, los mismos votantes que ahora se sienten frustrados e indignados ante un gobierno socialista que está haciendo exactamente lo mismo, obsesionado por sacar adelante un Estatuto que sólo motiva a los políticos y a sus oscuros y ocultos intereses, que no son los de ese pueblo que, en democracia, es el único que tiene derecho a mandar siempre.
El gobierno quiere aprobar el controvertido y rechazado Estatuto de Cataluña en el ámbito parlamentario, donde, gracias a las componendas y alianzas entre partidos, posee una mayoría garantizada, pero quiere hurtar al pueblo su derecho a opinar, consciente de que esa oponión es abrumadoramente contraria.
Los sondeos reflejan que si se celebrara un referendum, el Estatuto sería rechazado por una aplastante mayoría y el gobierno español se colmaría de ridículo porque quedaría demostrado que está gobernando en contra del criterio del pueblo soberano al que dice representar. También resultaría evidente que en España los políticos están alienados, aislados y separados de los ciudadanos, lo que otorgaría la razón a los muchos pensadores y ciudadanos que creen que España, más que un país democrático, es una "oligocracia" controlada por las élites de los partidos políticos.
Algo parecido ocurrió en Holanda cuando el Parlamento apoyaba mayoritariamente la nueva Constitución europea que, una vez sometida a referendum, fue rechazada por los ciudadanos. Ante ese resultado, que evidenciaba el divorcio entre gobierno y ciudadanos, lo que invalida la democracia, fue tal el bochorno de los políticos holandeses que el sistema se conmocionó y la nueva Constitución europea, por ser obra de políticos, realizada al margen de los ciudadanos, quedó herida de muerte.
Ese miedo a la evidencia y al pueblo soberano (demofobia) del actual gobierno de España es el que impulsa a dirigentes socialistas como la vicepresidente de la Vega, Rubalcaba, Pepiño Blanco y López Garrido, entre otros, a rechazar la consulta popular con furia, a pesar de que esa recurso a la apinión de la ciudadanía es la más democrática, juiciosa y recomendable opción cuando resulta evidente que el país está dividido frente a una política básica y trascendental, defendida por el gobierno.
Los mismos socialistas que hoy niegan el referendum y lo califican de inconstitucional, recomendaban ese recurso cuando José María Aznar cometía el mismo pecado de arrogancia y de divorcio de la opinión pública que ahora comete el gobierno Zapatero, cuando implicó a España en la guerra de Irak, en contra de la inmensa mayoría de la sociedad española.
Cientos de miles de españoles castigaron a Aznar y a su partido, apartándolos del poder en las últimas elecciones generales, por aquella manifestación evidente de arrogancia antidemocrática, los mismos votantes que ahora se sienten frustrados e indignados ante un gobierno socialista que está haciendo exactamente lo mismo, obsesionado por sacar adelante un Estatuto que sólo motiva a los políticos y a sus oscuros y ocultos intereses, que no son los de ese pueblo que, en democracia, es el único que tiene derecho a mandar siempre.
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