El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dado un coscorrón a la clase política española al afirmar que las leyes vigentes en España están "pensadas para el robagallinas, no para el gran defraudador", y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.
Lesmes ha dado ese duro aldabonazo en presencia de los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de numerosos representantes del mundo de la justicia.
Las palabras de Lesmes concuerdan con lo que piensa la gran mayoría de los españoles, que no creen ya en la Justicia, ni esperan de ella que castigue a los grandes ladrones y defraudadores, muchos de los cuales están incrustados en el Estado y son protegidos por partidos políticos que muchas veces operan como auténticas asociaciones de malhechores.
Tras pronunciar su acusación, ha reclamado consenso político para las reformas que son necesarias para mejorarla y ha asegurado que "el ciudadano debe saber que se hará justicia".
Según el presidente del Poder Judicial, "los delitos propios de la corrupción son complejos de investigar" y la principal carencia es que nuestro sistema procesal "no es adecuado, porque es muy antiguo".
A su juicio, son necesarias reformas tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en la que regula la estructura de los tribunales en España, que necesitan ser mas ágiles.
La Justicia española está en una encrucijada vital de su Historia porque está bajo sospecha de colaborar con la clase política y hacer la vista gorda ante la corrupción galopante española. Los jueces, cuya cúpula es nombrada sin rubor y de manera directa por los partidos políticos, que ademas tienen otros mecanismos para acosar y arruinar la carrera de los jueces que se atreven a juzgar a los poderosos, corren el riesgo de ser tratados por la Historia como "esclavos" sometidos al poder político y de traicionar a la democracia y al pueblo permitiendo que los criminales y canallas con poder sean impunes.
Diversas corrientes, dentro del sistema judicial, están despertando y presionando a los órganos de gobierno del Poder Judicial y altos tribunales para que se atrevan a meter entre rejas a los miles de políticos y cargos públicos que han llenado España de vergüenza y podredumbre, en especial a los que han robado cantidades inmensas de dinero, las cuales, si fueran devueltas y recuperadas por la Hacienda Pública, solucionarían en buena medida las carencias y los problemas mas graves del país.
Los ciudadanos están indignados y su indignación se dirige, en primer lugar, contra los políticos, a los que siguen jueces y periodistas, dos profesiones que los ciudadanos juzgan, con razón, como los perros de defensa de la casta política, que a través del periodista esparce la confusión y la mentira y, a través de los jueces, consigue la impunidad para seguir abusando del poder, violando las reglas de la democracia y a veces saqueando.
Muchos expertos y analistas opinan que la confianza de los ciudadanos en los políticos y en el sistema está tan profundamente deteriorada que solo se recuperaría si el sistema político sufriera cambios drásticos, los partidos fueran refundados y entraran en prisión y devolvieran lo robado los miles de políticos, cargos públicos, profesionales y empresarios que se han enriquecido ilícitamente con el dinero público.
Lesmes ha dado ese duro aldabonazo en presencia de los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de numerosos representantes del mundo de la justicia.
Las palabras de Lesmes concuerdan con lo que piensa la gran mayoría de los españoles, que no creen ya en la Justicia, ni esperan de ella que castigue a los grandes ladrones y defraudadores, muchos de los cuales están incrustados en el Estado y son protegidos por partidos políticos que muchas veces operan como auténticas asociaciones de malhechores.
Tras pronunciar su acusación, ha reclamado consenso político para las reformas que son necesarias para mejorarla y ha asegurado que "el ciudadano debe saber que se hará justicia".
Según el presidente del Poder Judicial, "los delitos propios de la corrupción son complejos de investigar" y la principal carencia es que nuestro sistema procesal "no es adecuado, porque es muy antiguo".
A su juicio, son necesarias reformas tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en la que regula la estructura de los tribunales en España, que necesitan ser mas ágiles.
La Justicia española está en una encrucijada vital de su Historia porque está bajo sospecha de colaborar con la clase política y hacer la vista gorda ante la corrupción galopante española. Los jueces, cuya cúpula es nombrada sin rubor y de manera directa por los partidos políticos, que ademas tienen otros mecanismos para acosar y arruinar la carrera de los jueces que se atreven a juzgar a los poderosos, corren el riesgo de ser tratados por la Historia como "esclavos" sometidos al poder político y de traicionar a la democracia y al pueblo permitiendo que los criminales y canallas con poder sean impunes.
Diversas corrientes, dentro del sistema judicial, están despertando y presionando a los órganos de gobierno del Poder Judicial y altos tribunales para que se atrevan a meter entre rejas a los miles de políticos y cargos públicos que han llenado España de vergüenza y podredumbre, en especial a los que han robado cantidades inmensas de dinero, las cuales, si fueran devueltas y recuperadas por la Hacienda Pública, solucionarían en buena medida las carencias y los problemas mas graves del país.
Los ciudadanos están indignados y su indignación se dirige, en primer lugar, contra los políticos, a los que siguen jueces y periodistas, dos profesiones que los ciudadanos juzgan, con razón, como los perros de defensa de la casta política, que a través del periodista esparce la confusión y la mentira y, a través de los jueces, consigue la impunidad para seguir abusando del poder, violando las reglas de la democracia y a veces saqueando.
Muchos expertos y analistas opinan que la confianza de los ciudadanos en los políticos y en el sistema está tan profundamente deteriorada que solo se recuperaría si el sistema político sufriera cambios drásticos, los partidos fueran refundados y entraran en prisión y devolvieran lo robado los miles de políticos, cargos públicos, profesionales y empresarios que se han enriquecido ilícitamente con el dinero público.
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