Miles de imágenes con Sánchez encarcelado circulan por las redes.
Tras los recientes acontecimiento en el Tribunal Supremo, quedan pocas dudas de que Pedro Sánchez no es un mero espectador de la gran trama de corrupción que envuelve al PSOE, sino su verdadero epicentro.
El empresario Aldama, considerado el nexo corruptor de la trama Koldo, ha situado directamente al presidente como el hombre que otorgaba el “poder transversal” necesario para que Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán operaran con impunidad.
Ahora resulta evidente que Koldo no era un simple asesor de Ábalos, sino un hombre de Sánchez, lo que le permitía dar instrucciones a ministerios y comunidades autónomas para adjudicar contratos millonarios a cambio de comisiones.
Sánchez aparece una y otra vez como el autorizador supremo. Fue él quien, según el testimonio de Aldama, agradeció personalmente sus “servicios”, quien autorizó la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y quien concedió a su entorno más cercano la impunidad necesaria para sus rapiñas sistemáticas.
Mientras el presidente se escudaba en la ignorancia o en la “invención”, los indicios acumulados —pagos en negro, chalés pagados, entregas de dinero en la sede de Ferraz y la estrecha relación con los cabecillas de la trama— dibujan un esquema donde nada importante ocurría sin su conocimiento o beneplácito.
La corrupción no era paralela al Gobierno: operaba desde dentro, con la cobertura del poder real.
La trama de las mascarillas, las adjudicaciones amañadas y los indicios de financiación irregular convergen en Moncloa. Un presidente que durante años ha presumido de moralidad superior se ve ahora acorralado por la corrupción orgánica de su propio partido, de su Gobierno y quizás de él mismo.
Si Pedro Sánchez fue el vértice que autorizaba, protegía y se beneficiaba políticamente de esta red de comisiones y favores, su lugar no está en la Presidencia del Gobierno, sino ante los jueces.
Francisco Rubiales
El empresario Aldama, considerado el nexo corruptor de la trama Koldo, ha situado directamente al presidente como el hombre que otorgaba el “poder transversal” necesario para que Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán operaran con impunidad.
Ahora resulta evidente que Koldo no era un simple asesor de Ábalos, sino un hombre de Sánchez, lo que le permitía dar instrucciones a ministerios y comunidades autónomas para adjudicar contratos millonarios a cambio de comisiones.
Sánchez aparece una y otra vez como el autorizador supremo. Fue él quien, según el testimonio de Aldama, agradeció personalmente sus “servicios”, quien autorizó la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y quien concedió a su entorno más cercano la impunidad necesaria para sus rapiñas sistemáticas.
Mientras el presidente se escudaba en la ignorancia o en la “invención”, los indicios acumulados —pagos en negro, chalés pagados, entregas de dinero en la sede de Ferraz y la estrecha relación con los cabecillas de la trama— dibujan un esquema donde nada importante ocurría sin su conocimiento o beneplácito.
La corrupción no era paralela al Gobierno: operaba desde dentro, con la cobertura del poder real.
La trama de las mascarillas, las adjudicaciones amañadas y los indicios de financiación irregular convergen en Moncloa. Un presidente que durante años ha presumido de moralidad superior se ve ahora acorralado por la corrupción orgánica de su propio partido, de su Gobierno y quizás de él mismo.
Si Pedro Sánchez fue el vértice que autorizaba, protegía y se beneficiaba políticamente de esta red de comisiones y favores, su lugar no está en la Presidencia del Gobierno, sino ante los jueces.
Francisco Rubiales
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