Invasión destructora de España patrocinada por el socialismo
Esta medida abre la puerta a medio millón de irregulares —y según filtraciones policiales, posiblemente hasta un millón— que solo deben acreditar cinco meses de estancia y firmar una declaración jurada de que no tiene antecedentes penales.
Algunas organizaciones denuncian que por 150 euros se puede conseguir un empadronamiento falso que permite acceder a la regularización.
Mientras las clases medias y trabajadoras pagan impuestos, esperan años por una vivienda protegida y ven colapsados la sanidad, la educación y la seguridad en barrios enteros, el Gobierno premia a quien llega saltándose las normas.
La regularización no es “justicia”, como la llama Sánchez, sino un acto de traición al pacto social que convierte el esfuerzo y la legalidad en una desventaja competitiva.
El resultado es previsible: más presión sobre servicios públicos ya tensionados, descenso de salarios en sectores bajos, aumento de la inseguridad y erosión de la cohesión nacional.
Lo más grave es la impunidad absoluta con la que actúan los socialistas en el poder, transformados por sus obras en enemigos de España.
A pesar de las advertencias policiales, de las críticas de barones autonómicos y de la evidencia diaria de colapso, nadie echa a Sánchez. Ni el PP, atrapado en su tibieza y miedo a ser tachado de extremista, ni la justicia, ni una oposición fragmentada.
España se derrumba por culpa del sanchismo, el presidente viaja, firma pactos y vende la medida como “necesidad económica”, mientras el contribuyente español financia el desastre.
España se ha convertido en el paraíso de los sinvergüenzas: el que respeta la ley, paga; el que la burla, cobra.
“Los españoles primero” tiene que imponerse para salvar la patria. No es un eslogan radical, es la única política decente posible: prioridad nacional en vivienda, empleo, prestaciones y seguridad. Fronteras controladas, expulsiones reales y fin del clientelismo migratorio. Castigo de cárcel para los corruptos y asesinos de la nación.
Francisco Rubiales
Algunas organizaciones denuncian que por 150 euros se puede conseguir un empadronamiento falso que permite acceder a la regularización.
Mientras las clases medias y trabajadoras pagan impuestos, esperan años por una vivienda protegida y ven colapsados la sanidad, la educación y la seguridad en barrios enteros, el Gobierno premia a quien llega saltándose las normas.
La regularización no es “justicia”, como la llama Sánchez, sino un acto de traición al pacto social que convierte el esfuerzo y la legalidad en una desventaja competitiva.
El resultado es previsible: más presión sobre servicios públicos ya tensionados, descenso de salarios en sectores bajos, aumento de la inseguridad y erosión de la cohesión nacional.
Lo más grave es la impunidad absoluta con la que actúan los socialistas en el poder, transformados por sus obras en enemigos de España.
A pesar de las advertencias policiales, de las críticas de barones autonómicos y de la evidencia diaria de colapso, nadie echa a Sánchez. Ni el PP, atrapado en su tibieza y miedo a ser tachado de extremista, ni la justicia, ni una oposición fragmentada.
España se derrumba por culpa del sanchismo, el presidente viaja, firma pactos y vende la medida como “necesidad económica”, mientras el contribuyente español financia el desastre.
España se ha convertido en el paraíso de los sinvergüenzas: el que respeta la ley, paga; el que la burla, cobra.
“Los españoles primero” tiene que imponerse para salvar la patria. No es un eslogan radical, es la única política decente posible: prioridad nacional en vivienda, empleo, prestaciones y seguridad. Fronteras controladas, expulsiones reales y fin del clientelismo migratorio. Castigo de cárcel para los corruptos y asesinos de la nación.
Francisco Rubiales
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