Toda la cúpula del Partido Popular está bajo sospecha de haber recibido sobresueldos en negro, según se desprende de los documentos publicados hoy por el diario El País, una situación dramática en democracia que exige que el gobierno dimita en pleno y que se convoquen elecciones anticipadas. Sin embargo, todo indica que la corrupta y desprestigiada clase política española se mantendrá en el poder, sin ni siquiera disipar las sospechas ni pedir perdón, exhibiendo nuevamente esa actitud indecente y carente de ética democrática que convierte a España en el vertedero de Europa.
Las acusaciones de "El País" son lo bastante fuertes como para provocar una reacción urgente del gobierno que disipe las sospechas o, si no puede disiparlas, proceder a una dimisión inmediata.Pero los españoles están ya acostumbrados a que sus políticos ni dimitan ni pidan perdón, ni siquiera cuando han quedado demostrado crímenes como el saqueo de las cajas de ahorro o una espeluznante corrupción generalizada que afecta a la práctica totalidad de las grandes instituciones y a la clase dirigente de España.
Casi toda la prensa recoge hoy en sus ediciones electrónicas las duras acusaciones del diario El País y lanzan sobre el gobierno una presión que en cualquier país democrático de Occidente sería irresistible, pero que en España podría no afectar a una clase política que se atrinchera en su desfachatez y falta de ética democrática.
Entre los presuntos receptores de los sobresueldos se cita nada menos que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal.
Si las acusaciones de la prensa se confirman, se confirmará también que la situación real de España es todavía mas grave de lo que los medios reflejan porque lo que los ciudadanos demandan realmente no es que el gobierno dimita y sea sustituido por una oposición desprestigiada, de la que los ciudadanos tampoco se fían, sino que se abra un periodo constituyente para que se instaure en España, de una vez, una democracia verdadera de ciudadanos libres, con verdaderos representantes del pueblo, sin políticos impunes, sin corrupción entronizada en el poder y con las reglas, cautelas, controles y contrapesos que la verdadera democracia establece para impedir que los gobiernos y los partidos se conviertan en dictadores de facto y en opresores.
Las acusaciones de "El País" son lo bastante fuertes como para provocar una reacción urgente del gobierno que disipe las sospechas o, si no puede disiparlas, proceder a una dimisión inmediata.Pero los españoles están ya acostumbrados a que sus políticos ni dimitan ni pidan perdón, ni siquiera cuando han quedado demostrado crímenes como el saqueo de las cajas de ahorro o una espeluznante corrupción generalizada que afecta a la práctica totalidad de las grandes instituciones y a la clase dirigente de España.
Casi toda la prensa recoge hoy en sus ediciones electrónicas las duras acusaciones del diario El País y lanzan sobre el gobierno una presión que en cualquier país democrático de Occidente sería irresistible, pero que en España podría no afectar a una clase política que se atrinchera en su desfachatez y falta de ética democrática.
Entre los presuntos receptores de los sobresueldos se cita nada menos que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal.
Si las acusaciones de la prensa se confirman, se confirmará también que la situación real de España es todavía mas grave de lo que los medios reflejan porque lo que los ciudadanos demandan realmente no es que el gobierno dimita y sea sustituido por una oposición desprestigiada, de la que los ciudadanos tampoco se fían, sino que se abra un periodo constituyente para que se instaure en España, de una vez, una democracia verdadera de ciudadanos libres, con verdaderos representantes del pueblo, sin políticos impunes, sin corrupción entronizada en el poder y con las reglas, cautelas, controles y contrapesos que la verdadera democracia establece para impedir que los gobiernos y los partidos se conviertan en dictadores de facto y en opresores.
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