Pedro Sánchez, en si mismo, es un drama para España, causante de dolor, desgracia y angustia. Él no gobierna España; la administra a golpe de relato, de huida y de desprecio por las alertas que llegan a Moncloa con tiempo de sobra para haber evitado la carnicería.
En ocho años de sanchismo, las seis tragedias consecutivas —el COVID, la Dana, el Apagón, Adamuz, Ceuta y ahora el drama de la vivienda— no son fatalidades imprevisibles, sino el resultado de una indolencia sistemática que antepone la supervivencia política a la vida de los españoles.
Cuando la OMS y el Centro Europeo recomendaban no celebrar eventos masivos por el peligro de contagio del COVID, el ministro Illa contestó que no había razón para medidas adicionales.
El resultado: más de 80.000 muertos.
Cuando las confederaciones hidrográficas y los servicios meteorológicos gritaban que la DANA iba a anegar Valencia, el Gobierno central se parapetó detrás de la autonomía para no asumir el mando ni la responsabilidad. 237 cadáveres después de echar la culpa al de al lado.
El apagón del 28 de abril de 2025 no cayó del cielo. Doce días antes las eléctricas habían alertado a Red Eléctrica de picos de tensión insostenibles en un sistema desequilibrado por el cierre nuclear y el exceso de renovables sin respaldo suficiente. El 22 de abril ya hubo sobretensiones. La mañana del colapso, con apenas once grupos térmicos acoplados, el sistema operaba al límite. Sánchez tardó horas en comparecer, apuntó primero al sabotaje y después a las empresas privadas, nunca a su propia política energética ideológica. Ocho muertos, 1.600 millones de pérdidas y un país a oscuras por culpa del mal gobierno.
El mismo desprecio se repitió en Adamuz. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios escribió a ADIF en el verano de 2025 denunciando el deterioro grave de la red de alta velocidad, con mención expresa a la línea 010. Nadie escuchó. El 18 de enero de 2026 se rompió el carril, dos trenes colisionaron y 46 personas murieron.
Otra alerta ignorada, otra investigación que se eterniza y otro ministro que mira hacia otro lado.
La última lección de cobardía e ineptitud se escribió en Ceuta a finales de julio de 2026. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, llevaba días llamando a cinco ministerios y a Presidencia advirtiendo del goteo anómalo que se convertía en avalancha. El CNI notificó el 29 de julio que grupos organizados con 180.000 seguidores coordinaban un asalto masivo aprovechando la Fiesta del Trono. La respuesta de Moncloa, según el propio Vivas, fue pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo “muy pesado”. Sánchez tardó tres días en coger el teléfono. Cuando la frontera ya se había roto, cuando decenas de miles habían entrado y 145 personas se ahogaron, según las ONGs, mientras el Gobierno aún discutía si las alertas eran “rutinarias”. No es imprevisión: es desprecio calculado por la integridad territorial y por las vidas que se pierden mientras el presidente prioriza su relato y su pacto con Rabat.
Y ahora estalla el problema de la vivienda, gestado por el mismo gobierno durante años, todo responsabilidad personal de Pedro Sánchez.
Esto no es un cúmulo de errores. Es el método sanchista: ignorar los signos, los síntomas y las advertencias técnicas, científicas y de inteligencia porque contradicen el relato; diluir responsabilidades entre autonomías, empresas y “bulos”; y aparecer después como gestor de la emergencia que él mismo permitió que estallara.
Las muertes, los ahogados, los descarrilados y los que se quedaron sin luz y sin hogar no son daños colaterales. Son la factura de un socialismo que ha convertido la indolencia en doctrina y la cobardía en estrategia de supervivencia.
España no puede seguir pagando con angustia, tristeza, miedo y cadáveres la ineptitud de quien prefiere no enterarse para no tener que responder.
Francisco Rubiales
En ocho años de sanchismo, las seis tragedias consecutivas —el COVID, la Dana, el Apagón, Adamuz, Ceuta y ahora el drama de la vivienda— no son fatalidades imprevisibles, sino el resultado de una indolencia sistemática que antepone la supervivencia política a la vida de los españoles.
Cuando la OMS y el Centro Europeo recomendaban no celebrar eventos masivos por el peligro de contagio del COVID, el ministro Illa contestó que no había razón para medidas adicionales.
El resultado: más de 80.000 muertos.
Cuando las confederaciones hidrográficas y los servicios meteorológicos gritaban que la DANA iba a anegar Valencia, el Gobierno central se parapetó detrás de la autonomía para no asumir el mando ni la responsabilidad. 237 cadáveres después de echar la culpa al de al lado.
El apagón del 28 de abril de 2025 no cayó del cielo. Doce días antes las eléctricas habían alertado a Red Eléctrica de picos de tensión insostenibles en un sistema desequilibrado por el cierre nuclear y el exceso de renovables sin respaldo suficiente. El 22 de abril ya hubo sobretensiones. La mañana del colapso, con apenas once grupos térmicos acoplados, el sistema operaba al límite. Sánchez tardó horas en comparecer, apuntó primero al sabotaje y después a las empresas privadas, nunca a su propia política energética ideológica. Ocho muertos, 1.600 millones de pérdidas y un país a oscuras por culpa del mal gobierno.
El mismo desprecio se repitió en Adamuz. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios escribió a ADIF en el verano de 2025 denunciando el deterioro grave de la red de alta velocidad, con mención expresa a la línea 010. Nadie escuchó. El 18 de enero de 2026 se rompió el carril, dos trenes colisionaron y 46 personas murieron.
Otra alerta ignorada, otra investigación que se eterniza y otro ministro que mira hacia otro lado.
La última lección de cobardía e ineptitud se escribió en Ceuta a finales de julio de 2026. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, llevaba días llamando a cinco ministerios y a Presidencia advirtiendo del goteo anómalo que se convertía en avalancha. El CNI notificó el 29 de julio que grupos organizados con 180.000 seguidores coordinaban un asalto masivo aprovechando la Fiesta del Trono. La respuesta de Moncloa, según el propio Vivas, fue pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo “muy pesado”. Sánchez tardó tres días en coger el teléfono. Cuando la frontera ya se había roto, cuando decenas de miles habían entrado y 145 personas se ahogaron, según las ONGs, mientras el Gobierno aún discutía si las alertas eran “rutinarias”. No es imprevisión: es desprecio calculado por la integridad territorial y por las vidas que se pierden mientras el presidente prioriza su relato y su pacto con Rabat.
Y ahora estalla el problema de la vivienda, gestado por el mismo gobierno durante años, todo responsabilidad personal de Pedro Sánchez.
Esto no es un cúmulo de errores. Es el método sanchista: ignorar los signos, los síntomas y las advertencias técnicas, científicas y de inteligencia porque contradicen el relato; diluir responsabilidades entre autonomías, empresas y “bulos”; y aparecer después como gestor de la emergencia que él mismo permitió que estallara.
Las muertes, los ahogados, los descarrilados y los que se quedaron sin luz y sin hogar no son daños colaterales. Son la factura de un socialismo que ha convertido la indolencia en doctrina y la cobardía en estrategia de supervivencia.
España no puede seguir pagando con angustia, tristeza, miedo y cadáveres la ineptitud de quien prefiere no enterarse para no tener que responder.
Francisco Rubiales
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