Hasta que los españoles se den cuenta de que no deben seguir eligiendo a sinvergüenzas ineptos y corruptos para gobernarlos, España seguirá hundiéndose en el fango de la Historia y retrocediendo como nación.
Hasta que no sustituyamos a los chorizos y delincuentes ineptos, de derecha y de izquierda, que suelen gobernar la nación por verdaderos servidores dotados de valores y principios, el país no tendrá futuro.
Hace poco más de tres siglos, España era la primera potencia mundial y en sus tierras nunca se ponía el sol, pero desde entonces no cesa la decadencia, un proceso terrible cargado de miseria, corrupción, abuso de poder y torpeza, debido a la bajeza de la clase política española, lider mundial en vicios y fracasos.
La decadencia de España no es un accidente de la historia ni el resultado inevitable de fuerzas ciegas. Es, en gran medida, el fruto de una clase política que ha gobernado con mezquindad, cortedad de miras y un desprecio reiterado por el interés general.
Desde la pérdida del Imperio —no por la grandeza de los rivales, sino por la incapacidad de ministros, validos y cortes para reformar instituciones, financiar flotas y mantener una administración competente— hasta el desastre de 1898, el patrón se repite: dirigentes más ocupados en facciones, privilegios y vanidades que en sostener el poderío de la nación.
Esa misma torpeza y bajeza moral provocó la Guerra Civil. Polarización alimentada desde arriba, intransigencia, uso partidista de las instituciones y ausencia de un pacto mínimo de convivencia convirtieron diferencias ideológicas en odio existencial.
El pueblo pagó con sangre lo que la clase dirigente no supo o no quiso resolver con inteligencia y decencia.
Aquel odio está hoy institucionalizado. Décadas después, la política española sigue cultivando el rencor como herramienta de movilización: se divide a los ciudadanos en bandos irreconciliables, se reescribe la historia al servicio del relato del momento y se sacrifica la convivencia en el altar del cálculo electoral.
La corrupción generalizada no es un fenómeno aislado ni patrimonio de un solo color. Es el síntoma de una clase que considera el Estado un botín. Contratos amañados, amiguismo, puertas giratorias, financiación irregular y una impunidad que provoca vómitos han erosionado la confianza y desviado recursos que debían ir a infraestructuras, educación, salud y vivienda.
Cuando el poder se ejerce como coto privado, el resultado es previsible: instituciones debilitadas y un país que avanza a trompicones, mientras sus dirigentes se enriquecen o se perpetúan.
La escasez de viviendas y el avance de la pobreza no son misterios económicos. Son consecuencias directas de decisiones políticas mediocres o interesadas. Décadas de regulación contradictoria, urbanismo clientelar, falta de suelo disponible por vetos ideológicos o municipales, y una política fiscal y laboral que desincentiva la oferta y el empleo estable han convertido el acceso a un techo en un privilegio.
Mientras tanto, la precariedad se extiende, los jóvenes retrasan su emancipación y las rentas más bajas ven cómo el coste de la vida supera cualquier incremento salarial. No es el mercado el principal culpable; es una clase política que prefiere anuncios grandilocuentes, subsidios temporales y enfrentamientos mediáticos a reformas estructurales que molesten a sus clientelas.
España no está condenada por su carácter ni por su geografía. Está lastrada por quienes la dirigen. Los políticos han arruinado el país en el pasado y siguen haciéndolo hoy al anteponer el beneficio propio al bien común.
Mientras la ciudadanía no exija responsabilidad real, méritos y grandeza, la bajeza y la torpeza continuarán impidiendo que España sea grande.
Francisco Rubiales
Hasta que no sustituyamos a los chorizos y delincuentes ineptos, de derecha y de izquierda, que suelen gobernar la nación por verdaderos servidores dotados de valores y principios, el país no tendrá futuro.
Hace poco más de tres siglos, España era la primera potencia mundial y en sus tierras nunca se ponía el sol, pero desde entonces no cesa la decadencia, un proceso terrible cargado de miseria, corrupción, abuso de poder y torpeza, debido a la bajeza de la clase política española, lider mundial en vicios y fracasos.
La decadencia de España no es un accidente de la historia ni el resultado inevitable de fuerzas ciegas. Es, en gran medida, el fruto de una clase política que ha gobernado con mezquindad, cortedad de miras y un desprecio reiterado por el interés general.
Desde la pérdida del Imperio —no por la grandeza de los rivales, sino por la incapacidad de ministros, validos y cortes para reformar instituciones, financiar flotas y mantener una administración competente— hasta el desastre de 1898, el patrón se repite: dirigentes más ocupados en facciones, privilegios y vanidades que en sostener el poderío de la nación.
Esa misma torpeza y bajeza moral provocó la Guerra Civil. Polarización alimentada desde arriba, intransigencia, uso partidista de las instituciones y ausencia de un pacto mínimo de convivencia convirtieron diferencias ideológicas en odio existencial.
El pueblo pagó con sangre lo que la clase dirigente no supo o no quiso resolver con inteligencia y decencia.
Aquel odio está hoy institucionalizado. Décadas después, la política española sigue cultivando el rencor como herramienta de movilización: se divide a los ciudadanos en bandos irreconciliables, se reescribe la historia al servicio del relato del momento y se sacrifica la convivencia en el altar del cálculo electoral.
La corrupción generalizada no es un fenómeno aislado ni patrimonio de un solo color. Es el síntoma de una clase que considera el Estado un botín. Contratos amañados, amiguismo, puertas giratorias, financiación irregular y una impunidad que provoca vómitos han erosionado la confianza y desviado recursos que debían ir a infraestructuras, educación, salud y vivienda.
Cuando el poder se ejerce como coto privado, el resultado es previsible: instituciones debilitadas y un país que avanza a trompicones, mientras sus dirigentes se enriquecen o se perpetúan.
La escasez de viviendas y el avance de la pobreza no son misterios económicos. Son consecuencias directas de decisiones políticas mediocres o interesadas. Décadas de regulación contradictoria, urbanismo clientelar, falta de suelo disponible por vetos ideológicos o municipales, y una política fiscal y laboral que desincentiva la oferta y el empleo estable han convertido el acceso a un techo en un privilegio.
Mientras tanto, la precariedad se extiende, los jóvenes retrasan su emancipación y las rentas más bajas ven cómo el coste de la vida supera cualquier incremento salarial. No es el mercado el principal culpable; es una clase política que prefiere anuncios grandilocuentes, subsidios temporales y enfrentamientos mediáticos a reformas estructurales que molesten a sus clientelas.
España no está condenada por su carácter ni por su geografía. Está lastrada por quienes la dirigen. Los políticos han arruinado el país en el pasado y siguen haciéndolo hoy al anteponer el beneficio propio al bien común.
Mientras la ciudadanía no exija responsabilidad real, méritos y grandeza, la bajeza y la torpeza continuarán impidiendo que España sea grande.
Francisco Rubiales
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