Uno de los numerosos mensajes que hablan del fracaso de la Constitución Española de 1978, madrina de mediocres, curruptos y canallas en el poder
La Constitución de 1978 parece el libreto de una ópera bufa: promete democracia y entrega un país a la partitocracia; habla de soberanía popular y deja al pueblo como figurante; anuncia límites al poder y permite que un político corrupto, ambicioso, dañino y con vocación de tirano perpetuo se afiance en La Moncloa sin que nadie pueda echarle de verdad.
El chiste de mal gusto no es que exista un Sánchez. El chiste es que el texto fundamental lo haga posible.
Un sistema que convierte la moción de censura en un rompecabezas casi imposible, que tolera presupuestos prorrogados año tras año y que entrega listas, instituciones y relato a las cúpulas de partido no es un freno al abuso: es su manual de instrucciones.
Así se explica que el deterioro —corrupción, alianzas sucias, servicios básicos en retroceso, frontera humillada y descrédito exterior— conviva con la impunidad constitucional del que manda.
Una constitución democrática digna de ese nombre no se limita a organizar elecciones periódicas. Impone controles que duelen al poderoso.
En Estados Unidos, la Enmienda 22 corta de raíz la eternización: dos mandatos y a casa. En Francia, el presidente tampoco puede encadenar el poder sin límite temporal. En Suiza e Irlanda, el pueblo no es un decorado: el referéndum y la iniciativa ciudadana obligan a decidir lo que la casta preferiría enterrar. En California y en varios estados, el recall permite destituir a un cargo antes de que consuma su daño. En Alemania, la democracia militante no contempla con candidez que un partido pudra el Estado: si atenta contra el orden constitucional, puede ser ilegalizado.
España, en cambio, consagra al presidente sin tope de mandatos, permite que el Congreso ignore lo que al país le quema y contempla, atónita, cómo una formación con la cúpula podrida sigue cobrando, negociando y gobernando como si el Código Penal fuera un apéndice voluntario.
Faltan normas elementales que en otras democracias se dan por obvias. Si los presupuestos se prorrogan y el Gobierno no es capaz de aprobar unos nuevos, debe dimitir y convocar elecciones: no puede vivir eternamente del BOE del año pasado. Medio millón de firmas —o el umbral que se fije con limpieza— ha de obligar al Congreso a debatir y votar lo que el pueblo pone encima de la mesa, no a archivarlo en una comisión.
Un partido cuya cúpula resulta condenada por corrupción sistemática y abuso de poder no merece personería jurídica ni subvención: merece disolución, como se disuelve una empresa criminal.
El presidente del Gobierno no puede ser reelegido sin límite. Hacen falta, además, el referéndum preceptivo para cesiones de soberanía o cambios de Estado; la inelegibilidad inmediata del condenado por corrupción; la incompatibilidad real con puertas giratorias; la elección directa de una parte de la Cámara para romper las listas bloqueadas; y un Tribunal Constitucional que no sea el premio final del que gana la legislatura.
Mientras esas cerraduras no existan, llamar democracia a este arreglo es un sarcasmo. El pueblo vota, sí, pero no manda. Los partidos mandan. Y dentro de los partidos manda quien captura la secretaría general, el BOE y el miedo de los barones. Por eso un hombre puede acumular poder, relato y privilegio aunque el país se hunda en la mediocridad y la afrenta.
La Constitución de 1978 no es sagrada por el hecho de ser vieja; es insuficiente por el hecho de no defender al ciudadano frente al amo.
Reformarla no es un capricho reaccionario. Es la única manera de que España deje de ser el escenario de una bufonada trágica: un pueblo soberano en el preámbulo y desarmado en los artículos, obligado a soportar a corruptos y delincuentes en la cima del poder.
¡Vergonzoso y nauseabundo!
Francisco Rubiales
El chiste de mal gusto no es que exista un Sánchez. El chiste es que el texto fundamental lo haga posible.
Un sistema que convierte la moción de censura en un rompecabezas casi imposible, que tolera presupuestos prorrogados año tras año y que entrega listas, instituciones y relato a las cúpulas de partido no es un freno al abuso: es su manual de instrucciones.
Así se explica que el deterioro —corrupción, alianzas sucias, servicios básicos en retroceso, frontera humillada y descrédito exterior— conviva con la impunidad constitucional del que manda.
Una constitución democrática digna de ese nombre no se limita a organizar elecciones periódicas. Impone controles que duelen al poderoso.
En Estados Unidos, la Enmienda 22 corta de raíz la eternización: dos mandatos y a casa. En Francia, el presidente tampoco puede encadenar el poder sin límite temporal. En Suiza e Irlanda, el pueblo no es un decorado: el referéndum y la iniciativa ciudadana obligan a decidir lo que la casta preferiría enterrar. En California y en varios estados, el recall permite destituir a un cargo antes de que consuma su daño. En Alemania, la democracia militante no contempla con candidez que un partido pudra el Estado: si atenta contra el orden constitucional, puede ser ilegalizado.
España, en cambio, consagra al presidente sin tope de mandatos, permite que el Congreso ignore lo que al país le quema y contempla, atónita, cómo una formación con la cúpula podrida sigue cobrando, negociando y gobernando como si el Código Penal fuera un apéndice voluntario.
Faltan normas elementales que en otras democracias se dan por obvias. Si los presupuestos se prorrogan y el Gobierno no es capaz de aprobar unos nuevos, debe dimitir y convocar elecciones: no puede vivir eternamente del BOE del año pasado. Medio millón de firmas —o el umbral que se fije con limpieza— ha de obligar al Congreso a debatir y votar lo que el pueblo pone encima de la mesa, no a archivarlo en una comisión.
Un partido cuya cúpula resulta condenada por corrupción sistemática y abuso de poder no merece personería jurídica ni subvención: merece disolución, como se disuelve una empresa criminal.
El presidente del Gobierno no puede ser reelegido sin límite. Hacen falta, además, el referéndum preceptivo para cesiones de soberanía o cambios de Estado; la inelegibilidad inmediata del condenado por corrupción; la incompatibilidad real con puertas giratorias; la elección directa de una parte de la Cámara para romper las listas bloqueadas; y un Tribunal Constitucional que no sea el premio final del que gana la legislatura.
Mientras esas cerraduras no existan, llamar democracia a este arreglo es un sarcasmo. El pueblo vota, sí, pero no manda. Los partidos mandan. Y dentro de los partidos manda quien captura la secretaría general, el BOE y el miedo de los barones. Por eso un hombre puede acumular poder, relato y privilegio aunque el país se hunda en la mediocridad y la afrenta.
La Constitución de 1978 no es sagrada por el hecho de ser vieja; es insuficiente por el hecho de no defender al ciudadano frente al amo.
Reformarla no es un capricho reaccionario. Es la única manera de que España deje de ser el escenario de una bufonada trágica: un pueblo soberano en el preámbulo y desarmado en los artículos, obligado a soportar a corruptos y delincuentes en la cima del poder.
¡Vergonzoso y nauseabundo!
Francisco Rubiales
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