España tiene más aforados que el resto de los países de Europa juntos. Es un claro signo de democracia devaluada, de protección a los políticos, que con el aforamiento ganan impunidad y blindaje, impidiéndose parcialmente que se cumple el mandato democrático de que los políticos sean vigilados y sometidos a la ley para evitar que se deslicen hacia la tiranía.
La multitud de aforados refleja el olor a podrido de la política española.
En España, el aforamiento es una figura legal que otorga a ciertas personas el derecho de ser juzgadas por tribunales superiores en caso de ser imputadas por un delito. Según datos de 2017, hay aproximadamente 250.000 aforados en el país. De estos, más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías autonómicas, cinco pertenecen a la Familia Real y el resto, alrededor de 17.600, son políticos, jueces, fiscales y otros altos cargos de instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
No hay datos actualizados porque los políticos son conscientes de que el aforamiento masivo español es una lacra vergonzosa del sistema y procuran ocultarlo, pero los expertos calculan que el número ha aumentado y que hoy son más.
Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras que en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.
Para que un diputado español implicado en cualquier delito sea juzgado, la Justicia debe obtener el permiso de la Cámara, lo que representa un notable nivel de vergonzosa impunidad.
Varias veces se ha intentado, por iniciativa de pequeños partidos, suprimir la asquerosa marea de aforamientos en España, pero los grandes partidos, que son también las mayores asociaciones delictivas del país, lo han impedido siempre con sus votos.
En España, después de la banda terrorista ETA, ya inactiva, las dos asociaciones más delictivas son el PSOE y el PP, tanto por el número de delitos cometidos por sus miembros como por el de imputados y encarcelados.
En España, tienen derecho a ser aforados el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.
También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.
La impresentable masa de políticos españoles aforados es un signo evidente de la bajeza del sistema español y de la obscena impunidad de la clase política española.
Varias instituciones y foros internacionales han hecho llegar a España su preocupación y repudio por los aforamientos masivos de políticos, un rasgo claramente ajeno a la democracia y a la limpieza política.
Francisco Rubiales
La multitud de aforados refleja el olor a podrido de la política española.
En España, el aforamiento es una figura legal que otorga a ciertas personas el derecho de ser juzgadas por tribunales superiores en caso de ser imputadas por un delito. Según datos de 2017, hay aproximadamente 250.000 aforados en el país. De estos, más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías autonómicas, cinco pertenecen a la Familia Real y el resto, alrededor de 17.600, son políticos, jueces, fiscales y otros altos cargos de instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
No hay datos actualizados porque los políticos son conscientes de que el aforamiento masivo español es una lacra vergonzosa del sistema y procuran ocultarlo, pero los expertos calculan que el número ha aumentado y que hoy son más.
Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras que en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.
Para que un diputado español implicado en cualquier delito sea juzgado, la Justicia debe obtener el permiso de la Cámara, lo que representa un notable nivel de vergonzosa impunidad.
Varias veces se ha intentado, por iniciativa de pequeños partidos, suprimir la asquerosa marea de aforamientos en España, pero los grandes partidos, que son también las mayores asociaciones delictivas del país, lo han impedido siempre con sus votos.
En España, después de la banda terrorista ETA, ya inactiva, las dos asociaciones más delictivas son el PSOE y el PP, tanto por el número de delitos cometidos por sus miembros como por el de imputados y encarcelados.
En España, tienen derecho a ser aforados el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.
También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.
La impresentable masa de políticos españoles aforados es un signo evidente de la bajeza del sistema español y de la obscena impunidad de la clase política española.
Varias instituciones y foros internacionales han hecho llegar a España su preocupación y repudio por los aforamientos masivos de políticos, un rasgo claramente ajeno a la democracia y a la limpieza política.
Francisco Rubiales
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