Golpe de autoridad y decencia democrática del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, al Gobierno de Rajoy: los escraches, si no hay violencia, “son ejemplo de libertad de manifestación”.
Esas palabras ponen en su sitio al PP y demuestran que sus lloros y amenazas, así como la utilización furiosa de la policía contra los manifestantes, ante las protestas ciudadanas, no eran otra cosa que reflejos totalitarios mal disimulados. El argumento principal de los políticos es que sus domicilios son espacios privados inviolables y que familias no tienen por qué sufrir la presión de los manifestantes, ya que sus esposas e hijos no son políticos y sienten miedo, pero ocultan que sus esposas e hijos si se benefician de sus sueldos y privilegios, mientras que hermanos, cuñados, primos y amigos muchas veces se también se benefician de sus cargos políticos y están colocados o disfrutando de sueldos, subvenciones y privilegios "concedidos" por el político.
Las palabras de Gonzalo Moliner se fundamentan en que al tratarse de personajes públicos que defienden una política concreta, están sujetos a ser cuestionados por los ciudadanos y a sufrir las protestas consiguientes, justas y necesarias en sistemas democráticos que nuestros gobernantes al parecer desconocen. El argumento jurídico en apoyo al derecho ciudadano esgrimido por Moliner desacredita al PP, que ha reaccionado con una furia inexplicable ante los escraches, que sólo puede proceder del miedo al pueblo, protagonista de unas manifestaciones que, si no son violentas, están comprendidas en los derechos fundamentales de la persona, derechos que los políticos disfrutan cuando les afectan a ellos, pero que quieren ignorar cuando protegen a los ciudadanos.
Esas palabras ponen en su sitio al PP y demuestran que sus lloros y amenazas, así como la utilización furiosa de la policía contra los manifestantes, ante las protestas ciudadanas, no eran otra cosa que reflejos totalitarios mal disimulados. El argumento principal de los políticos es que sus domicilios son espacios privados inviolables y que familias no tienen por qué sufrir la presión de los manifestantes, ya que sus esposas e hijos no son políticos y sienten miedo, pero ocultan que sus esposas e hijos si se benefician de sus sueldos y privilegios, mientras que hermanos, cuñados, primos y amigos muchas veces se también se benefician de sus cargos políticos y están colocados o disfrutando de sueldos, subvenciones y privilegios "concedidos" por el político.
Las palabras de Gonzalo Moliner se fundamentan en que al tratarse de personajes públicos que defienden una política concreta, están sujetos a ser cuestionados por los ciudadanos y a sufrir las protestas consiguientes, justas y necesarias en sistemas democráticos que nuestros gobernantes al parecer desconocen. El argumento jurídico en apoyo al derecho ciudadano esgrimido por Moliner desacredita al PP, que ha reaccionado con una furia inexplicable ante los escraches, que sólo puede proceder del miedo al pueblo, protagonista de unas manifestaciones que, si no son violentas, están comprendidas en los derechos fundamentales de la persona, derechos que los políticos disfrutan cuando les afectan a ellos, pero que quieren ignorar cuando protegen a los ciudadanos.
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