Tal para cual. Olor a podrido.
En los últimos meses, la Justicia española ha cerrado un círculo implacable alrededor de Pedro Sánchez. Lo que comenzó como sospechas aisladas se ha convertido en un asedio completo: investigaciones por corrupción, abuso de poder, familiares imputados y un entorno de colaboradores que apestan a escándalos.
Sánchez, rodeado por este lodazal, ve cómo cada día se acerca más al colapso político y, potencialmente, al banquillo de los acusados.
Paralelamente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) certifica su fracaso estrepitoso, infligiendo daños irreparables a España, enfrentando un rechazo popular masivo y exhalando un hedor a podrido que hace insoportable el socialismo español actual.
La Justicia no da tregua. El caso que más cerca golpea al corazón del poder es el caso Koldo, donde se investiga una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Aquí, no solo figuran ex colaboradores cercanos como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, sino que las ramificaciones llegan hasta Begoña Gómez, esposa de Sánchez, imputada por tráfico de influencias y malversación en relación con contratos públicos y recomendaciones dudosas.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado estas pesquisas, desestimando recursos del Gobierno que intentaban blindar a los suyos. Pero no acaba ahí. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha sido señalado en escuchas telefónicas relacionadas con el caso Mediador, una red de extorsión que involucra a altos cargos socialistas.
La imagen del Fiscal General de Pedro Sánchez (no de España) sentado en el banquillo es demoledora para el régimen corrupto que gobierna España.
El propio Sánchez enfrenta una investigación en el Congreso por posible malversación en el uso de fondos públicos para viajes y eventos partidistas.
El cerco es total: fiscales independientes, jueces instructores y hasta la Guardia Civil acumulan pruebas que pintan un panorama de abuso sistemático de poder. Sánchez, que llegó al Palacio de la Moncloa prometiendo regeneración democrática, ahora es el epicentro de un régimen donde la ley parece doblarse al servicio del sanchismo. Cada revelación —desde los audios comprometedores hasta los contratos inflados— acerca al presidente a un punto de no retorno.
El colapso socialista no es una hipótesis sino una cuenta atrás. Fuentes judiciales filtradas a medios como El Mundo y ABC hablan de "pruebas irrefutables" que podrían derivar en una moción de censura o, peor, en una imputación formal si el PSOE pierde el control parlamentario.
Sánchez no puede alegar ignorancia. Sus aliados más fieles son tóxicos. Su partido está podrido hasta el tuétano y hasta en su dormitorio y familia tiene ácaros y virus sospechosos de delito. Begoña Gómez, lejos de ser una figura decorativa, acumula acusaciones por usar su influencia para beneficiar a empresas en rescates públicos. David Sánchez, hermano del presidente, está imputado en Badajoz por presunta prevaricación y malversación en su cargo en la Diputación de Badajoz.
No se trata de casos aislados, sino el patrón de un Gobierno donde la lealtad prima sobre la ética.
Colaboradores como Félix Bolaños o María Jesús Montero defienden lo indefendible en comparecencias públicas, pero las encuestas y las calles gritan lo contrario. El abuso de poder es evidente en leyes como la amnistía a independentistas catalanes, diseñada —según críticos y sentencias del Supremo— para perpetuarse en el cargo a costa de la igualdad ante la ley.
El PSOE de Sánchez no falla, destruye. Económicamente, España arrastra una deuda pública récord, con subidas de impuestos que asfixian a familias y empresas mientras se derrochan fondos en chiringuitos partidistas. La inflación post pandemia, agravada por políticas energéticas erráticas, ha empobrecido a la clase media. Socialmente, la ley del "solo sí es sí" liberó a cientos de delincuentes sexuales.
El rechazo popular es masivo y medible. Las encuestas muestran a Sánchez con una desaprobación superior al 60%. Manifestaciones en Ferraz y plazas de toda España claman "¡Sánchez dimisión!", con banderas españolas ondeando contra un Gobierno percibido como traidor a la unidad nacional por sus pactos con Bildu y ERC. El olor a podrido es insoportable.
El socialismo español, antaño referente de progreso, se ha corrompido en un sanchismo autoritario: censura a medios críticos vía ley mordaza 2.0, control de RTVE y un relato oficial que criminaliza a la oposición. La España de Sánchez parece un preso torturado por el paro juvenil, emigración de talento, invasión llena de indeseables y delincuentes, cerco a la Justicia independiente y una democracia erosionada por el gobierno y el PSOE.
Pedro Sánchez, acorralado, arrastra a España al abismo, mientras la mayoría del pueblo rechaza este socialismo podrido. España merece líderes íntegros, no un presidente juzgado por sus propios excesos.
Tic-tac, tic-tac: la Justicia, implacable, avanza.
Francisco Rubiales
Sánchez, rodeado por este lodazal, ve cómo cada día se acerca más al colapso político y, potencialmente, al banquillo de los acusados.
Paralelamente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) certifica su fracaso estrepitoso, infligiendo daños irreparables a España, enfrentando un rechazo popular masivo y exhalando un hedor a podrido que hace insoportable el socialismo español actual.
La Justicia no da tregua. El caso que más cerca golpea al corazón del poder es el caso Koldo, donde se investiga una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Aquí, no solo figuran ex colaboradores cercanos como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, sino que las ramificaciones llegan hasta Begoña Gómez, esposa de Sánchez, imputada por tráfico de influencias y malversación en relación con contratos públicos y recomendaciones dudosas.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado estas pesquisas, desestimando recursos del Gobierno que intentaban blindar a los suyos. Pero no acaba ahí. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha sido señalado en escuchas telefónicas relacionadas con el caso Mediador, una red de extorsión que involucra a altos cargos socialistas.
La imagen del Fiscal General de Pedro Sánchez (no de España) sentado en el banquillo es demoledora para el régimen corrupto que gobierna España.
El propio Sánchez enfrenta una investigación en el Congreso por posible malversación en el uso de fondos públicos para viajes y eventos partidistas.
El cerco es total: fiscales independientes, jueces instructores y hasta la Guardia Civil acumulan pruebas que pintan un panorama de abuso sistemático de poder. Sánchez, que llegó al Palacio de la Moncloa prometiendo regeneración democrática, ahora es el epicentro de un régimen donde la ley parece doblarse al servicio del sanchismo. Cada revelación —desde los audios comprometedores hasta los contratos inflados— acerca al presidente a un punto de no retorno.
El colapso socialista no es una hipótesis sino una cuenta atrás. Fuentes judiciales filtradas a medios como El Mundo y ABC hablan de "pruebas irrefutables" que podrían derivar en una moción de censura o, peor, en una imputación formal si el PSOE pierde el control parlamentario.
Sánchez no puede alegar ignorancia. Sus aliados más fieles son tóxicos. Su partido está podrido hasta el tuétano y hasta en su dormitorio y familia tiene ácaros y virus sospechosos de delito. Begoña Gómez, lejos de ser una figura decorativa, acumula acusaciones por usar su influencia para beneficiar a empresas en rescates públicos. David Sánchez, hermano del presidente, está imputado en Badajoz por presunta prevaricación y malversación en su cargo en la Diputación de Badajoz.
No se trata de casos aislados, sino el patrón de un Gobierno donde la lealtad prima sobre la ética.
Colaboradores como Félix Bolaños o María Jesús Montero defienden lo indefendible en comparecencias públicas, pero las encuestas y las calles gritan lo contrario. El abuso de poder es evidente en leyes como la amnistía a independentistas catalanes, diseñada —según críticos y sentencias del Supremo— para perpetuarse en el cargo a costa de la igualdad ante la ley.
El PSOE de Sánchez no falla, destruye. Económicamente, España arrastra una deuda pública récord, con subidas de impuestos que asfixian a familias y empresas mientras se derrochan fondos en chiringuitos partidistas. La inflación post pandemia, agravada por políticas energéticas erráticas, ha empobrecido a la clase media. Socialmente, la ley del "solo sí es sí" liberó a cientos de delincuentes sexuales.
El rechazo popular es masivo y medible. Las encuestas muestran a Sánchez con una desaprobación superior al 60%. Manifestaciones en Ferraz y plazas de toda España claman "¡Sánchez dimisión!", con banderas españolas ondeando contra un Gobierno percibido como traidor a la unidad nacional por sus pactos con Bildu y ERC. El olor a podrido es insoportable.
El socialismo español, antaño referente de progreso, se ha corrompido en un sanchismo autoritario: censura a medios críticos vía ley mordaza 2.0, control de RTVE y un relato oficial que criminaliza a la oposición. La España de Sánchez parece un preso torturado por el paro juvenil, emigración de talento, invasión llena de indeseables y delincuentes, cerco a la Justicia independiente y una democracia erosionada por el gobierno y el PSOE.
Pedro Sánchez, acorralado, arrastra a España al abismo, mientras la mayoría del pueblo rechaza este socialismo podrido. España merece líderes íntegros, no un presidente juzgado por sus propios excesos.
Tic-tac, tic-tac: la Justicia, implacable, avanza.
Francisco Rubiales
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