Pedro Sánchez llegó a La Moncloa por vías democráticas —moción de censura en 2018 y pactos posteriores— y eso no le absuelve de responder por el deterioro que ha causado a España durante su mandato.
Un enemigo político no tiene por qué ser un invasor. Puede ser quien, desde el poder, erosiona la igualdad ante la ley, la independencia de las instituciones, la sanidad pública y otros servicios básicos, la calidad de la escuela, la confianza en la palabra pública y la sensación de que el Estado no es un botín. El reproche no es que “no sea democrático”, sino que haya usado la democracia para permanecer a cualquier precio.
En 2018 prometió regeneración. Ocho años después, el círculo íntimo del PSOE está salpicado de condenas e investigaciones.
El Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 a José Luis Ábalos —exministro y ex número tres del partido— a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; Koldo García recibió casi dos décadas. A eso se suman las causas de Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez —inhabilitado nueve años por prevaricación—, la trama de Leire Díez y las pesquisas sobre Zapatero y Plus Ultra.
Transparencia Internacional sitúa a España en su peor nota en tres décadas. Quien nombra, protege y no asume dimisiones cuando caen sus hombres de confianza no puede presentarse solo como víctima de una cacería.
El Informe PISA 2025 deja al alumnado español en mínimos históricos desde el año 2000: 457 en Matemáticas, 451 en Lectura y 477 en Ciencias, lejos del pico de 2015. En lectura se pierden 23 puntos en tres años: casi un curso.
Al mismo tiempo, la presión fiscal subió 2,3 puntos de PIB entre 2018 y 2024 mientras la media europea bajaba, y el esfuerzo fiscal —lo que duele el impuesto respecto a la renta— queda por encima de la media de la UE.
El Gobierno presume de recaudación récord, empleo y SMI; el ciudadano pregunta por qué el salario neto se erosiona, la vivienda se escapa y la escuela empeora.
Llamar “extorsión” a los impuestos es retórica; llamar “éxito” a extraer más y entregar peor educación y peor seguridad jurídica también lo es.
La legislatura ha chocado con jueces, ha convertido la amnistía en moneda de investidura, ha abusado del decreto-ley y ha visto caer al fiscal general del Estado por revelación de secretos.
El relato oficial devalúa la palabra del presidente —de “no gobernaré con Bildu” a hacerlo posible; de “no habrá amnistía” a la amnistía— y convierte al discrepante en amenaza.
La criminalidad convencional se estanca o baja ligeramente, pero suben en algunos ejercicios los homicidios, los delitos sexuales y, sobre todo, la percepción de inseguridad en las grandes ciudades.
Un Gobierno no solo gestiona estadísticas: gestiona la confianza de quien duda de volver de noche.
Lo ocurrido en Ceuta, donde la estupidez del gobierno ha quedado al descubierto, permite decir que Sánchez es “el peor presidente”, algo que quizás no sea una sentencia científica, pero sí es una sensación profunda del pueblo.
España ha tenido otros escándalos y otras crisis. Lo que distingue este periodo es la acumulación: corrupción en el núcleo del partido, familia investigada o condenada, PISA en mínimos, impuestos al alza, choque con la Justicia y polarización como método.
Se puede crecer en el PIB y empobrecerse en instituciones. La democracia le dio el cargo; también permite decir, sin eufemismos, que el cargo no le da derecho a dejar el país más dividido, más lleno de odio, peor educado y con menos fe en sus reglas de las que encontró.
Francisco Rubiales
Un enemigo político no tiene por qué ser un invasor. Puede ser quien, desde el poder, erosiona la igualdad ante la ley, la independencia de las instituciones, la sanidad pública y otros servicios básicos, la calidad de la escuela, la confianza en la palabra pública y la sensación de que el Estado no es un botín. El reproche no es que “no sea democrático”, sino que haya usado la democracia para permanecer a cualquier precio.
En 2018 prometió regeneración. Ocho años después, el círculo íntimo del PSOE está salpicado de condenas e investigaciones.
El Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 a José Luis Ábalos —exministro y ex número tres del partido— a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; Koldo García recibió casi dos décadas. A eso se suman las causas de Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez —inhabilitado nueve años por prevaricación—, la trama de Leire Díez y las pesquisas sobre Zapatero y Plus Ultra.
Transparencia Internacional sitúa a España en su peor nota en tres décadas. Quien nombra, protege y no asume dimisiones cuando caen sus hombres de confianza no puede presentarse solo como víctima de una cacería.
El Informe PISA 2025 deja al alumnado español en mínimos históricos desde el año 2000: 457 en Matemáticas, 451 en Lectura y 477 en Ciencias, lejos del pico de 2015. En lectura se pierden 23 puntos en tres años: casi un curso.
Al mismo tiempo, la presión fiscal subió 2,3 puntos de PIB entre 2018 y 2024 mientras la media europea bajaba, y el esfuerzo fiscal —lo que duele el impuesto respecto a la renta— queda por encima de la media de la UE.
El Gobierno presume de recaudación récord, empleo y SMI; el ciudadano pregunta por qué el salario neto se erosiona, la vivienda se escapa y la escuela empeora.
Llamar “extorsión” a los impuestos es retórica; llamar “éxito” a extraer más y entregar peor educación y peor seguridad jurídica también lo es.
La legislatura ha chocado con jueces, ha convertido la amnistía en moneda de investidura, ha abusado del decreto-ley y ha visto caer al fiscal general del Estado por revelación de secretos.
El relato oficial devalúa la palabra del presidente —de “no gobernaré con Bildu” a hacerlo posible; de “no habrá amnistía” a la amnistía— y convierte al discrepante en amenaza.
La criminalidad convencional se estanca o baja ligeramente, pero suben en algunos ejercicios los homicidios, los delitos sexuales y, sobre todo, la percepción de inseguridad en las grandes ciudades.
Un Gobierno no solo gestiona estadísticas: gestiona la confianza de quien duda de volver de noche.
Lo ocurrido en Ceuta, donde la estupidez del gobierno ha quedado al descubierto, permite decir que Sánchez es “el peor presidente”, algo que quizás no sea una sentencia científica, pero sí es una sensación profunda del pueblo.
España ha tenido otros escándalos y otras crisis. Lo que distingue este periodo es la acumulación: corrupción en el núcleo del partido, familia investigada o condenada, PISA en mínimos, impuestos al alza, choque con la Justicia y polarización como método.
Se puede crecer en el PIB y empobrecerse en instituciones. La democracia le dio el cargo; también permite decir, sin eufemismos, que el cargo no le da derecho a dejar el país más dividido, más lleno de odio, peor educado y con menos fe en sus reglas de las que encontró.
Francisco Rubiales
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