España bate récords de recaudación fiscal año tras año. En 2025 la Agencia Tributaria ingresó 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que en 2024, que ya había marcado un máximo histórico.
La máquina de cobrar funciona a pleno rendimiento: bases imponibles al alza, tipos que no bajan, nuevos impuestos y una presión fiscal que no da tregua al ciudadano ni a la empresa.
El Estado extrae como nunca, pero las infraestructuras y los servicios se degradan.
Un informe reciente cifraba en 407.000 millones de euros la inversión necesaria solo en carreteras y ferrocarriles para sacar al país del estado crítico. La red ferroviaria, esa “joya” de la alta velocidad que se enseña al mundo, acumula incidencias, retrasos y averías desde 2025. En enero de 2026 el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) dejó al menos 39 muertos y decenas de heridos.
La credibilidad del sistema se desplomó. Los viajeros tienen miedo de subirse a un tren.
El gasto en mantenimiento es insuficiente frente al volumen de tráfico y al deterioro acumulado.
Los bosques arden como estopa. 2025 fue el peor año de incendios forestales en décadas: cerca de 400.000 hectáreas calcinadas. Pero 2026 está siendo mucho peor, batiéndose records absolutos en hectáreas quemadas.
La culpa es del abandono rural sistemático, la despoblación, la falta de gestión forestal, la acumulación de biomasa y la reducción de la inversión preventiva.
Montes que nadie limpia, que nadie pasta, que nadie aprovecha. Combustible perfecto. Cada verano se repite la misma película de evacuar pueblos, llorar héroes y anunciar “lecciones aprendidas” que nunca se traducen en gestión real del territorio.
Listas de espera sanitarias eternas, educación que no mejora resultados, transporte que falla y una administración que crece en tamaño pero no en eficacia.
La pobreza y la exclusión no se evaporan por arte de magia recaudatoria: Casi uno de cada cuatro españoles sigue en riesgo de pobreza o exclusión. El avance “continuo hacia la pobreza” no es una exageración retórica: es la realidad de millones de hogares que pagan más impuestos y reciben peores servicios.
Gran parte se va a pensiones (cerca de 230.000 millones previstos en 2026), otra parte en pagar la deuda pública, que no para de crecer, una burocracia hipertrofiada y un sinfín de programas, subvenciones y estructuras políticas oscuras cuyo retorno social es discutible.
Se invierte más en propaganda y favores que compran votos y voluntades que en realidades necesarias.
Se cobra como nunca, pero se gestiona con ineficiencia, clientelismo y cortoplacismo.
El ciudadano paga el IRPF, el IVA, los especiales, el impuesto de sociedades, las cotizaciones y los nuevos tributos. A cambio recibe trenes que descarrilan o llegan tarde, montes que se convierten en antorchas, carreteras y vías que envejecen y servicios que no dan la talla.
Esto no es una fatalidad climática ni una maldición histórica. Es mal gobierno.
Los españoles no piden milagros. Piden que el dinero que les extraen se use para que el tren llegue, el bosque no arda y el servicio público funcione.
Hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá siendo cada vez más legítima y cada vez más enfadada:
¿Qué hacéis con el dinero?
Francisco Rubiales
La máquina de cobrar funciona a pleno rendimiento: bases imponibles al alza, tipos que no bajan, nuevos impuestos y una presión fiscal que no da tregua al ciudadano ni a la empresa.
El Estado extrae como nunca, pero las infraestructuras y los servicios se degradan.
Un informe reciente cifraba en 407.000 millones de euros la inversión necesaria solo en carreteras y ferrocarriles para sacar al país del estado crítico. La red ferroviaria, esa “joya” de la alta velocidad que se enseña al mundo, acumula incidencias, retrasos y averías desde 2025. En enero de 2026 el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) dejó al menos 39 muertos y decenas de heridos.
La credibilidad del sistema se desplomó. Los viajeros tienen miedo de subirse a un tren.
El gasto en mantenimiento es insuficiente frente al volumen de tráfico y al deterioro acumulado.
Los bosques arden como estopa. 2025 fue el peor año de incendios forestales en décadas: cerca de 400.000 hectáreas calcinadas. Pero 2026 está siendo mucho peor, batiéndose records absolutos en hectáreas quemadas.
La culpa es del abandono rural sistemático, la despoblación, la falta de gestión forestal, la acumulación de biomasa y la reducción de la inversión preventiva.
Montes que nadie limpia, que nadie pasta, que nadie aprovecha. Combustible perfecto. Cada verano se repite la misma película de evacuar pueblos, llorar héroes y anunciar “lecciones aprendidas” que nunca se traducen en gestión real del territorio.
Listas de espera sanitarias eternas, educación que no mejora resultados, transporte que falla y una administración que crece en tamaño pero no en eficacia.
La pobreza y la exclusión no se evaporan por arte de magia recaudatoria: Casi uno de cada cuatro españoles sigue en riesgo de pobreza o exclusión. El avance “continuo hacia la pobreza” no es una exageración retórica: es la realidad de millones de hogares que pagan más impuestos y reciben peores servicios.
Gran parte se va a pensiones (cerca de 230.000 millones previstos en 2026), otra parte en pagar la deuda pública, que no para de crecer, una burocracia hipertrofiada y un sinfín de programas, subvenciones y estructuras políticas oscuras cuyo retorno social es discutible.
Se invierte más en propaganda y favores que compran votos y voluntades que en realidades necesarias.
Se cobra como nunca, pero se gestiona con ineficiencia, clientelismo y cortoplacismo.
El ciudadano paga el IRPF, el IVA, los especiales, el impuesto de sociedades, las cotizaciones y los nuevos tributos. A cambio recibe trenes que descarrilan o llegan tarde, montes que se convierten en antorchas, carreteras y vías que envejecen y servicios que no dan la talla.
Esto no es una fatalidad climática ni una maldición histórica. Es mal gobierno.
Los españoles no piden milagros. Piden que el dinero que les extraen se use para que el tren llegue, el bosque no arda y el servicio público funcione.
Hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá siendo cada vez más legítima y cada vez más enfadada:
¿Qué hacéis con el dinero?
Francisco Rubiales
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