La experiencia ha convencido a los españoles de que los partidos políticos son nidos de delincuentes capaces de infectar y destruir las naciones.
En el PP, tras la dura experiencia de Bárcenas, algunos de sus miembros ya lo admitieron, pero en el PSOE, el comunismo y los partidos nacionalistas se esconden las maldades, que son muchas, detrás de un una hipócrita cortina de bajeza.
Es un hecho comprobado que las dos asociaciones delictivas mayores de España, detrás de ETA, son el PSOE y el PP, según se desprende del número de miembros juzgados y condenados.
La disolución de los actuales partidos y su sustitución por asociaciones decentes y éticas es una tarea vital y urgente para España, si se quiere evitar un estallido violento en las calles y plazas.
Hay miles de altos cargos y miembros de los granes partidos españoles que admiten que en sus filas militan peligrosos delincuentes.
Los ciudadanos ya sabían desde hace mucho tiempo que los grandes partidos políticos españoles son nidos de delincuentes que envenenan la convivencia, asesinan la democracia y ponen a España en serio peligro.
Existe en los partidos un tinglado corrupto y nauseabundo, que los políticos niegan pero que constituye el alma de los partidos, que convierte a España en un país inviable y camino de transformarse en un Estado Fallido, como algunas repúblicas africanas.
El sanchismo es la más evidente plasmación de esos males de los partidos políticos con un Pedro Sánchez rodeado de familiares y colaboradores cercanos imputados y encarcelados, mientras que la Justicia se acerca cada día más al mismo presidente.
España necesita una reforma urgente de su sistema político y, sobre todo, un rescate ético de los europeos, que se supone son una comunidad que garantiza los derechos y la justicia que España ha dilapidado.
España enfrenta una crisis ética que infecta sus instituciones estatales y partidos políticos, evidenciada por escándalos recurrentes de corrupción, nepotismo y abuso de poder. La falta de transparencia en la gestión pública ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema democrático. Casos como los de financiación irregular, contratos opacos o el uso indebido de recursos públicos han alimentado la percepción de que las élites políticas operan con impunidad.
Un rescate ético requeriría reformas profundas: desde fortalecer la independencia de los órganos de control, como el Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, hasta establecer códigos de conducta estrictos y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que garanticen que los responsables de irregularidades enfrenten consecuencias reales.Este rescate no solo implica cambios institucionales, sino también un giro cultural en la política española.
Los partidos políticos, a menudo atrapados en dinámicas de clientelismo y polarización, deben priorizar el bien común sobre los intereses partidistas. La ciudadanía, por su parte, demanda un compromiso genuino con valores como la integridad y la honestidad. Iniciativas como la participación ciudadana en la supervisión de la gestión pública o la educación en ética cívica podrían ser pasos clave. Sin un esfuerzo colectivo para limpiar el sistema, España seguirá atrapada en un ciclo de desconfianza que debilita su democracia y aleja a los ciudadanos de la vida pública.
Francisco Rubiales
En el PP, tras la dura experiencia de Bárcenas, algunos de sus miembros ya lo admitieron, pero en el PSOE, el comunismo y los partidos nacionalistas se esconden las maldades, que son muchas, detrás de un una hipócrita cortina de bajeza.
Es un hecho comprobado que las dos asociaciones delictivas mayores de España, detrás de ETA, son el PSOE y el PP, según se desprende del número de miembros juzgados y condenados.
La disolución de los actuales partidos y su sustitución por asociaciones decentes y éticas es una tarea vital y urgente para España, si se quiere evitar un estallido violento en las calles y plazas.
Hay miles de altos cargos y miembros de los granes partidos españoles que admiten que en sus filas militan peligrosos delincuentes.
Los ciudadanos ya sabían desde hace mucho tiempo que los grandes partidos políticos españoles son nidos de delincuentes que envenenan la convivencia, asesinan la democracia y ponen a España en serio peligro.
Existe en los partidos un tinglado corrupto y nauseabundo, que los políticos niegan pero que constituye el alma de los partidos, que convierte a España en un país inviable y camino de transformarse en un Estado Fallido, como algunas repúblicas africanas.
El sanchismo es la más evidente plasmación de esos males de los partidos políticos con un Pedro Sánchez rodeado de familiares y colaboradores cercanos imputados y encarcelados, mientras que la Justicia se acerca cada día más al mismo presidente.
España necesita una reforma urgente de su sistema político y, sobre todo, un rescate ético de los europeos, que se supone son una comunidad que garantiza los derechos y la justicia que España ha dilapidado.
España enfrenta una crisis ética que infecta sus instituciones estatales y partidos políticos, evidenciada por escándalos recurrentes de corrupción, nepotismo y abuso de poder. La falta de transparencia en la gestión pública ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema democrático. Casos como los de financiación irregular, contratos opacos o el uso indebido de recursos públicos han alimentado la percepción de que las élites políticas operan con impunidad.
Un rescate ético requeriría reformas profundas: desde fortalecer la independencia de los órganos de control, como el Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, hasta establecer códigos de conducta estrictos y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que garanticen que los responsables de irregularidades enfrenten consecuencias reales.Este rescate no solo implica cambios institucionales, sino también un giro cultural en la política española.
Los partidos políticos, a menudo atrapados en dinámicas de clientelismo y polarización, deben priorizar el bien común sobre los intereses partidistas. La ciudadanía, por su parte, demanda un compromiso genuino con valores como la integridad y la honestidad. Iniciativas como la participación ciudadana en la supervisión de la gestión pública o la educación en ética cívica podrían ser pasos clave. Sin un esfuerzo colectivo para limpiar el sistema, España seguirá atrapada en un ciclo de desconfianza que debilita su democracia y aleja a los ciudadanos de la vida pública.
Francisco Rubiales
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