La política española se ha convertido en un territorio de privilegios e impunidad que tiene secuestrada y sin voz a la sociedad, sometida y obligada por los políticos a ser victima de los desmanes de esta tiranía y pagana de sus desfalcos, despilfarros y saqueos.
Los españoles trabajamos más de 200 días al año para el Estado, para que una parte importante se la lleven sinvergüenzas, vividores, trepas, enchufados y el resto de la fauna de parásitos que conforman un régimen de corrupción.
Regenerar España inyectaría vitalidad, fortaleza y riqueza a la nación y felicidad y justicia a su maltratada ciudadanía.
Solo con una regeneración radical, que incluya listas abiertas, transparencia absoluta en patrimonios y rendición de cuentas real, podremos romper el ciclo del saqueo y devolver la soberanía al pueblo, restaurando una democracia auténtica y no capturada por élites parasitarias.
La regeneración deberá incluir, necesariamente, la desaparición de los aforamientos, el fin de las pagas vitalicias para políticos y el establecimiento de controles y exigencias a los dirigentes, antes de que accedan a puestos de responsabilidad, bajo supervisión de comisiones de independencia garantizada.
Los políticos, además de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y los profesionales de importancia para la libertad y la democracia, como son los jueces y los informadores, entre otros, deben someterse sólo a la ley y a la soberanía popular, nunca a partidos y bandas saqueadoras, infectadas por ideologías, intereses malignos y corrupción extrema, como en el presente.
Todos los que tengan elevadas responsabilidades en los procesos de toma de decisiones y representación deben ser examinados y sometidos a controles que incluyen al análisis de sus patrimonios y pruebas médicas que descubran enfermedades mentales y adicción a drogas y alcohol, entre otros impedimentos para ser dirigentes del pueblo.
Esta corrupción sistémica se manifiesta en escándalos que han salpicado a ambos grandes partidos a lo largo de décadas, con tramas como Gürtel y Púnica en el PP, o los ERE y el caso Koldo en el PSOE, que han defraudado miles de millones de euros públicos mientras la ciudadanía soporta una presión fiscal creciente.
En 2025, los españoles dedicaron en promedio más de 228 días de trabajo anual solo al pago de impuestos y cotizaciones, según informes independientes, lo que representa más de la mitad de sus ingresos destinados al Estado, financiando un sistema que prioriza el clientelismo y el despilfarro sobre el bienestar general.
Esta carga asfixiante no solo ahoga la iniciativa privada y el crecimiento económico, sino que perpetúa la desigualdad, al tiempo que los responsables políticos evaden responsabilidades con privilegios heredados del pasado.
La eliminación inmediata de los aforamientos políticos resulta indispensable, ya que esta figura anacrónica —que afecta a decenas de miles de cargos en España, frente a unos pocos o ninguno en países como Alemania, Reino Unido o Italia— genera impunidad percibida y retrasa la justicia, violando el principio de igualdad ante la ley.
Organismos internacionales como el Consejo de Europa han reprendido repetidamente a España por no reformar este sistema, que permite a los poderosos ser juzgados en tribunales superiores influenciados políticamente, en lugar de por jueces ordinarios.
¿Quién impide que esta regeneración se lleve a cabo? Los partidos políticos y sus élites privilegiadas, acostumbradas al poder sin controles y al saqueo.
Ellos son nuestros enemigos. No cabe duda.
Francisco Rubiales
Los españoles trabajamos más de 200 días al año para el Estado, para que una parte importante se la lleven sinvergüenzas, vividores, trepas, enchufados y el resto de la fauna de parásitos que conforman un régimen de corrupción.
Regenerar España inyectaría vitalidad, fortaleza y riqueza a la nación y felicidad y justicia a su maltratada ciudadanía.
Solo con una regeneración radical, que incluya listas abiertas, transparencia absoluta en patrimonios y rendición de cuentas real, podremos romper el ciclo del saqueo y devolver la soberanía al pueblo, restaurando una democracia auténtica y no capturada por élites parasitarias.
La regeneración deberá incluir, necesariamente, la desaparición de los aforamientos, el fin de las pagas vitalicias para políticos y el establecimiento de controles y exigencias a los dirigentes, antes de que accedan a puestos de responsabilidad, bajo supervisión de comisiones de independencia garantizada.
Los políticos, además de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y los profesionales de importancia para la libertad y la democracia, como son los jueces y los informadores, entre otros, deben someterse sólo a la ley y a la soberanía popular, nunca a partidos y bandas saqueadoras, infectadas por ideologías, intereses malignos y corrupción extrema, como en el presente.
Todos los que tengan elevadas responsabilidades en los procesos de toma de decisiones y representación deben ser examinados y sometidos a controles que incluyen al análisis de sus patrimonios y pruebas médicas que descubran enfermedades mentales y adicción a drogas y alcohol, entre otros impedimentos para ser dirigentes del pueblo.
Esta corrupción sistémica se manifiesta en escándalos que han salpicado a ambos grandes partidos a lo largo de décadas, con tramas como Gürtel y Púnica en el PP, o los ERE y el caso Koldo en el PSOE, que han defraudado miles de millones de euros públicos mientras la ciudadanía soporta una presión fiscal creciente.
En 2025, los españoles dedicaron en promedio más de 228 días de trabajo anual solo al pago de impuestos y cotizaciones, según informes independientes, lo que representa más de la mitad de sus ingresos destinados al Estado, financiando un sistema que prioriza el clientelismo y el despilfarro sobre el bienestar general.
Esta carga asfixiante no solo ahoga la iniciativa privada y el crecimiento económico, sino que perpetúa la desigualdad, al tiempo que los responsables políticos evaden responsabilidades con privilegios heredados del pasado.
La eliminación inmediata de los aforamientos políticos resulta indispensable, ya que esta figura anacrónica —que afecta a decenas de miles de cargos en España, frente a unos pocos o ninguno en países como Alemania, Reino Unido o Italia— genera impunidad percibida y retrasa la justicia, violando el principio de igualdad ante la ley.
Organismos internacionales como el Consejo de Europa han reprendido repetidamente a España por no reformar este sistema, que permite a los poderosos ser juzgados en tribunales superiores influenciados políticamente, en lugar de por jueces ordinarios.
¿Quién impide que esta regeneración se lleve a cabo? Los partidos políticos y sus élites privilegiadas, acostumbradas al poder sin controles y al saqueo.
Ellos son nuestros enemigos. No cabe duda.
Francisco Rubiales
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