España enfrenta un problema persistente de delincuencia que genera creciente malestar social. Repuntan de manera dramática los homicidios dolosos, los robos, las violaciones y las lesiones.
España tiene uno de los peores registros del continente en robos con violencia y en multirreincidencia, con miles de delincuentes habituales en libertad.
La inmigración irregular y descontrolada agrava la percepción de inseguridad en numerosos barrios. Factores como la ocupación ilegal y la presión migratoria alimentan la sensación de que el sistema no garantiza la seguridad ciudadana.
En la política, la situación es aún más preocupante. Los escándalos de corrupción se han multiplicado en los últimos años, con tramas como el caso Koldo que han llevado a prisión a exministros como José Luis Ábalos (condenado a 24 años) y altos cargos del PSOE como Santos Cerdán.
Contratos amañados durante la pandemia, comisiones en obras públicas, rescates empresariales y pagos en efectivo en la sede del partido ilustran una red de influencias que salpica al corazón del poder.
Aunque la corrupción no es exclusiva de un partido —el PP tuvo sus propios casos—, la concentración actual en el sanchismo es brutal, erosiona gravemente la confianza institucional y transmite impunidad entre las élites.
Esta dualidad entre una sociedad mayoritariamente honrada y sectores donde la delincuencia parece tolerada explica el hartazgo ciudadano.
España sigue siendo un país relativamente seguro, según índices internacionales como el Global Peace Index, pero la combinación de ciberdelitos crecientes, violencia callejera y escándalos políticos genera una terrible sensación de inseguridad, caos y corrupción corrosiva.
La lentitud judicial y la polarización impiden reformas necesarias, como endurecer penas para reincidentes o mejorar la integración real de la inmigración.
Los que gobiernan están contrayendo una deuda casi impagable con sus ciudadanos y con la nación, aportándoles inseguridad, miedo y odio en lugar de asegurar la prosperidad y la felicidad, como es el deber de los políticos en democracia.
Francisco Rubiales
España tiene uno de los peores registros del continente en robos con violencia y en multirreincidencia, con miles de delincuentes habituales en libertad.
La inmigración irregular y descontrolada agrava la percepción de inseguridad en numerosos barrios. Factores como la ocupación ilegal y la presión migratoria alimentan la sensación de que el sistema no garantiza la seguridad ciudadana.
En la política, la situación es aún más preocupante. Los escándalos de corrupción se han multiplicado en los últimos años, con tramas como el caso Koldo que han llevado a prisión a exministros como José Luis Ábalos (condenado a 24 años) y altos cargos del PSOE como Santos Cerdán.
Contratos amañados durante la pandemia, comisiones en obras públicas, rescates empresariales y pagos en efectivo en la sede del partido ilustran una red de influencias que salpica al corazón del poder.
Aunque la corrupción no es exclusiva de un partido —el PP tuvo sus propios casos—, la concentración actual en el sanchismo es brutal, erosiona gravemente la confianza institucional y transmite impunidad entre las élites.
Esta dualidad entre una sociedad mayoritariamente honrada y sectores donde la delincuencia parece tolerada explica el hartazgo ciudadano.
España sigue siendo un país relativamente seguro, según índices internacionales como el Global Peace Index, pero la combinación de ciberdelitos crecientes, violencia callejera y escándalos políticos genera una terrible sensación de inseguridad, caos y corrupción corrosiva.
La lentitud judicial y la polarización impiden reformas necesarias, como endurecer penas para reincidentes o mejorar la integración real de la inmigración.
Los que gobiernan están contrayendo una deuda casi impagable con sus ciudadanos y con la nación, aportándoles inseguridad, miedo y odio en lugar de asegurar la prosperidad y la felicidad, como es el deber de los políticos en democracia.
Francisco Rubiales
Inicio
Enviar
Versión para Imprimir
Comentarios: