Pedro Sánchez y sus socios han elegido convertir el PSOE en el vehículo de una ingeniería institucional que incorpora la corrupción en su seno y desprecia la separación de poderes, la igualdad de los españoles y la propia soberanía nacional.
Lo que estamos viendo no es socialismo democrático, sino un oportunismo sin escrúpulos que utiliza las instituciones para desmontarlas.
La prueba más evidente es su alianza orgánica con fuerzas explícitamente contrarias a la Constitución. ERC y Junts, partidos que han intentado liquidar la unidad nacional y cuya razón de ser es romper el marco del 78, sostienen al Gobierno.
Aún más grave es el abrazo a Bildu, heredero político de ETA, una formación que nunca ha condenado el terror ni ha pedido perdón a las víctimas.
Un partido que se dice de Estado no puede depender parlamentariamente de quienes consideran la Constitución española un marco de opresión. Esta dependencia no es pragmática: es una rendición moral y política que normaliza a los enemigos del sistema constitucional como socios legítimos de gobierno.
A esta deriva se suma la corrupción estructural que sigue salpicando al PSOE. No hablamos de casos aislados, sino de una cultura de impunidad que va desde los ERE de Andalucía hasta las últimas tramas de contratos y favores durante la pandemia, pasando por el uso descarado de dinero público para comprar voluntades.
Mientras Sánchez, rebosando hipocresía, predica moralidad desde la Moncloa, su partido acumula condenas, indultos preventivos y una amnistía que no solo beneficia a los golpistas catalanes, sino que blinda a los suyos.
La corrupción ya no es un problema del PSOE: es su método de supervivencia.
Lo más alarmante es la guerra declarada contra los jueces independientes y los agentes de la ley que aún cumplen con su deber.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial, los ataques constantes al Tribunal Supremo, la ley de amnistía diseñada para humillar a la judicatura y la demonización sistemática de la Guardia Civil y la Policía Nacional forman parte de un mismo plan: someter al poder judicial y a las fuerzas de seguridad al diktat del Ejecutivo.
Quien ataca al juez que investiga corrupción o al policía que defiende el orden constitucional no es un reformista, sino un enemigo del Estado de Derecho.
España no puede permitirse un partido mayoritario que actúa como un cuerpo extraño dentro del sistema. El PSOE ya no defiende la Constitución: la utiliza cuando le conviene y la pisotea cuando le estorba.
Lo que está en juego es la supervivencia misma de la democracia liberal española frente a un proyecto que la considera un obstáculo.
Francisco Rubiales
Lo que estamos viendo no es socialismo democrático, sino un oportunismo sin escrúpulos que utiliza las instituciones para desmontarlas.
La prueba más evidente es su alianza orgánica con fuerzas explícitamente contrarias a la Constitución. ERC y Junts, partidos que han intentado liquidar la unidad nacional y cuya razón de ser es romper el marco del 78, sostienen al Gobierno.
Aún más grave es el abrazo a Bildu, heredero político de ETA, una formación que nunca ha condenado el terror ni ha pedido perdón a las víctimas.
Un partido que se dice de Estado no puede depender parlamentariamente de quienes consideran la Constitución española un marco de opresión. Esta dependencia no es pragmática: es una rendición moral y política que normaliza a los enemigos del sistema constitucional como socios legítimos de gobierno.
A esta deriva se suma la corrupción estructural que sigue salpicando al PSOE. No hablamos de casos aislados, sino de una cultura de impunidad que va desde los ERE de Andalucía hasta las últimas tramas de contratos y favores durante la pandemia, pasando por el uso descarado de dinero público para comprar voluntades.
Mientras Sánchez, rebosando hipocresía, predica moralidad desde la Moncloa, su partido acumula condenas, indultos preventivos y una amnistía que no solo beneficia a los golpistas catalanes, sino que blinda a los suyos.
La corrupción ya no es un problema del PSOE: es su método de supervivencia.
Lo más alarmante es la guerra declarada contra los jueces independientes y los agentes de la ley que aún cumplen con su deber.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial, los ataques constantes al Tribunal Supremo, la ley de amnistía diseñada para humillar a la judicatura y la demonización sistemática de la Guardia Civil y la Policía Nacional forman parte de un mismo plan: someter al poder judicial y a las fuerzas de seguridad al diktat del Ejecutivo.
Quien ataca al juez que investiga corrupción o al policía que defiende el orden constitucional no es un reformista, sino un enemigo del Estado de Derecho.
España no puede permitirse un partido mayoritario que actúa como un cuerpo extraño dentro del sistema. El PSOE ya no defiende la Constitución: la utiliza cuando le conviene y la pisotea cuando le estorba.
Lo que está en juego es la supervivencia misma de la democracia liberal española frente a un proyecto que la considera un obstáculo.
Francisco Rubiales
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