Hay millones de españoles que se preguntan dónde están el dinero y la dignidad de España.
La recaudación fiscal bate récords históricos. En 2025 Hacienda ingresó 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que el año anterior. El IRPF se dispara, el IVA sigue engordando y el Impuesto de Sociedades aporta cifras que no se veían desde antes de la crisis.
Y, sin embargo, España arde y retrocede.
En julio de 2026 los montes de Madrid y Ávila se convierten en un infierno. En agosto arden todavía mas hectáreas. Decenas de miles de evacuados, emergencias nacionales declaradas y aviones Canadair llegados de Grecia e Italia porque los medios propios no dan abasto. Quince aviones militares A400M que debían reforzar la flota antiincendios siguen en tierra: el Gobierno no ha instalado los kits de extinción. Mientras los montes se consumen, el Estado pide ayuda a Europa.
La red ferroviaria es un cúmulo de averías, retrasos y limitaciones de velocidad que se cuentan por miles. El Ministerio de Transportes solo ha ejecutado el 4,5 % del principal programa de infraestructuras ferroviarias. Rodalies sigue colapsado. Adif acumula más de mil restricciones temporales. Teruel lleva año y medio aislada por vía férrea. El accidente de Adamuz y las crisis permanentes demuestran que el mantenimiento se ha convertido en una asignatura pendiente mientras el dinero de los fondos europeos se concentra en el sector público y tarda años en llegar a donde se necesita.
Las carreteras presentan un déficit de conservación de más de 13.000 millones. La mitad del asfalto está en mal estado. La sanidad pública registra listas de espera récord: más de 850.000 personas aguardan una intervención quirúrgica. La percepción ciudadana se desploma. La educación no mejora. El Estado gasta cada vez más y el ciudadano lo nota cada vez menos.
Entonces, ¿dónde está el dinero?
Parte se ha dedicado a gasto corriente: Bruselas confirma que España ha usado al menos 10.200 millones de fondos Next Generation para pagar pensiones y otros gastos ordinarios, en lugar de inversión productiva. Otra parte se diluye en transferencias políticas y subvenciones que favorecen a determinados territorios y clientelas.
Cataluña captura más de 10.000 millones de fondos europeos y recibe subvenciones estatales que superan a las de Madrid, Andalucía y Valencia juntas. Hay cesiones y acuerdos que consolidan miles de millones en competencias y promesas a cambio de apoyo parlamentario. El gasto público total se ha disparado un 60 % desde 2018.
La maquinaria administrativa crece. Las pensiones y la protección social absorben volúmenes enormes. Pero la inversión real en lo que sostiene al país —prevención de incendios, mantenimiento de vías y carreteras, refuerzo sanitario— queda en segundo plano.
El Gobierno presume de récords de recaudación y de “Estado del bienestar reforzado”. La realidad que ve el ciudadano es otra: montes que arden sin medios suficientes, trenes que no llegan, carreteras que se hunden, hospitales saturados y un dinero que se regala a países extranjeros y que parece evaporarse entre transferencias, subvenciones, gasto corriente y prioridades políticas.
No es que no haya recursos. Es que nadie sabe en que se gastan. Y cada día resulta más evidente que esos recursos no se destinan, en la medida necesaria, a lo que mantiene unido y funcionando al país.
Se destinan, de manera mafiosa y antidemocrática, a sostener un proyecto de poder que necesita aliados, lealtades y discursos, aunque el precio lo paguen los montes, las vías, las carreteras y los ciudadanos que esperan en una lista.
La pregunta ya no es si hay dinero. La pregunta es por qué, con tanto dinero, el resultado es esta miseria y deterioro.
¿Se estará robando?
Francisco Rubiales
Y, sin embargo, España arde y retrocede.
En julio de 2026 los montes de Madrid y Ávila se convierten en un infierno. En agosto arden todavía mas hectáreas. Decenas de miles de evacuados, emergencias nacionales declaradas y aviones Canadair llegados de Grecia e Italia porque los medios propios no dan abasto. Quince aviones militares A400M que debían reforzar la flota antiincendios siguen en tierra: el Gobierno no ha instalado los kits de extinción. Mientras los montes se consumen, el Estado pide ayuda a Europa.
La red ferroviaria es un cúmulo de averías, retrasos y limitaciones de velocidad que se cuentan por miles. El Ministerio de Transportes solo ha ejecutado el 4,5 % del principal programa de infraestructuras ferroviarias. Rodalies sigue colapsado. Adif acumula más de mil restricciones temporales. Teruel lleva año y medio aislada por vía férrea. El accidente de Adamuz y las crisis permanentes demuestran que el mantenimiento se ha convertido en una asignatura pendiente mientras el dinero de los fondos europeos se concentra en el sector público y tarda años en llegar a donde se necesita.
Las carreteras presentan un déficit de conservación de más de 13.000 millones. La mitad del asfalto está en mal estado. La sanidad pública registra listas de espera récord: más de 850.000 personas aguardan una intervención quirúrgica. La percepción ciudadana se desploma. La educación no mejora. El Estado gasta cada vez más y el ciudadano lo nota cada vez menos.
Entonces, ¿dónde está el dinero?
Parte se ha dedicado a gasto corriente: Bruselas confirma que España ha usado al menos 10.200 millones de fondos Next Generation para pagar pensiones y otros gastos ordinarios, en lugar de inversión productiva. Otra parte se diluye en transferencias políticas y subvenciones que favorecen a determinados territorios y clientelas.
Cataluña captura más de 10.000 millones de fondos europeos y recibe subvenciones estatales que superan a las de Madrid, Andalucía y Valencia juntas. Hay cesiones y acuerdos que consolidan miles de millones en competencias y promesas a cambio de apoyo parlamentario. El gasto público total se ha disparado un 60 % desde 2018.
La maquinaria administrativa crece. Las pensiones y la protección social absorben volúmenes enormes. Pero la inversión real en lo que sostiene al país —prevención de incendios, mantenimiento de vías y carreteras, refuerzo sanitario— queda en segundo plano.
El Gobierno presume de récords de recaudación y de “Estado del bienestar reforzado”. La realidad que ve el ciudadano es otra: montes que arden sin medios suficientes, trenes que no llegan, carreteras que se hunden, hospitales saturados y un dinero que se regala a países extranjeros y que parece evaporarse entre transferencias, subvenciones, gasto corriente y prioridades políticas.
No es que no haya recursos. Es que nadie sabe en que se gastan. Y cada día resulta más evidente que esos recursos no se destinan, en la medida necesaria, a lo que mantiene unido y funcionando al país.
Se destinan, de manera mafiosa y antidemocrática, a sostener un proyecto de poder que necesita aliados, lealtades y discursos, aunque el precio lo paguen los montes, las vías, las carreteras y los ciudadanos que esperan en una lista.
La pregunta ya no es si hay dinero. La pregunta es por qué, con tanto dinero, el resultado es esta miseria y deterioro.
¿Se estará robando?
Francisco Rubiales
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