Nueva operación contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol ha salido a la luz; ya dijimos en su momento, que Marbellas había muchas. La investigación, que comenzó en el 2006, como una derivada de la operación Malaya, parece que ha topado con una trama de envergadura similar a la del Ayuntamiento de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos de los delitos de financiación ilegal de la corporación de Estepona, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Entre los diversos investigados figuran un alto dirigente del PSOE, dos destacados empresarios y también la coordinadora de urbanismo, hija del presidente del Senado,
La Junta de Andalucía, poniéndose en lo limpio, viene ahora, ante el destape del caso Astapa, diciendo que lo denunció ochenta y seis veces por asuntos de urbanismo. Si se supone que es el Gobierno de la Región, su misión no es la de denunciar, estará ahí para gobernar, para intervenir y ordenar. La gente no lo entiende; se pregunta por el silencio del PSOE, que consintió tamaña putrefacción sin actuar ni cortar por lo sano; y, sólo el día, que la policía detiene al alcalde alergólogo, decide expulsarlo del partido. No entiende, que la Junta, ante el cúmulo de polémicas urbanísticas que han colmado esta descomposición en Estepona, no haya acudido con el bisturí de la Ley y de la sanción. Son ya nueve alcaldes de diferentes partidos los que han sido detenidos en los últimos dos años.
El procedimiento delictivo es el ya conocido y repetido, el cobro de comisiones por la recalificación de terrenos y por la concesión de licencias de construcción, la fétida y abundante turbiedad conectada con la argamasa de los ladrillos y la política. Esta localidad, sacudida por el revuelo inmobiliario, increpaba, en la manifestación de ayer, al alcalde que, al tomar el mando en el 2001, destilando honradez, como acostumbran estos políticos, prometió «erradicar de una vez por todas el urbanismo del trapicheo y de las influencias», para ser «el referente en la costa del sol», y terminaba exigiendo que cayera «todo el peso de la ley a quienes meten la mano en la caja». Tal discurso se ha plasmado en la carencia total de ética y la confusión perenne de los intereses públicos y los privados.
El tráfico urbanístico, lacra que corroe muchas arterias de este país, no cesa; atrapa en las garras de su ambición a políticos, a diversos enchufados y a varios empresarios que pasaron de peón albañil a multimillonario. La corrupción se difunde en la balsa de la vejada y arruinada democracia, se alimenta del poder omnímodo de la partitocracia, que bogando a su aire sin ningún control efectivo en sus decisiones políticas y económicas, hace y deshace, el amparo de esta ausencia real de la separación de los tres poderes del Estado.
C. V. Mudarra
La Junta de Andalucía, poniéndose en lo limpio, viene ahora, ante el destape del caso Astapa, diciendo que lo denunció ochenta y seis veces por asuntos de urbanismo. Si se supone que es el Gobierno de la Región, su misión no es la de denunciar, estará ahí para gobernar, para intervenir y ordenar. La gente no lo entiende; se pregunta por el silencio del PSOE, que consintió tamaña putrefacción sin actuar ni cortar por lo sano; y, sólo el día, que la policía detiene al alcalde alergólogo, decide expulsarlo del partido. No entiende, que la Junta, ante el cúmulo de polémicas urbanísticas que han colmado esta descomposición en Estepona, no haya acudido con el bisturí de la Ley y de la sanción. Son ya nueve alcaldes de diferentes partidos los que han sido detenidos en los últimos dos años.
El procedimiento delictivo es el ya conocido y repetido, el cobro de comisiones por la recalificación de terrenos y por la concesión de licencias de construcción, la fétida y abundante turbiedad conectada con la argamasa de los ladrillos y la política. Esta localidad, sacudida por el revuelo inmobiliario, increpaba, en la manifestación de ayer, al alcalde que, al tomar el mando en el 2001, destilando honradez, como acostumbran estos políticos, prometió «erradicar de una vez por todas el urbanismo del trapicheo y de las influencias», para ser «el referente en la costa del sol», y terminaba exigiendo que cayera «todo el peso de la ley a quienes meten la mano en la caja». Tal discurso se ha plasmado en la carencia total de ética y la confusión perenne de los intereses públicos y los privados.
El tráfico urbanístico, lacra que corroe muchas arterias de este país, no cesa; atrapa en las garras de su ambición a políticos, a diversos enchufados y a varios empresarios que pasaron de peón albañil a multimillonario. La corrupción se difunde en la balsa de la vejada y arruinada democracia, se alimenta del poder omnímodo de la partitocracia, que bogando a su aire sin ningún control efectivo en sus decisiones políticas y económicas, hace y deshace, el amparo de esta ausencia real de la separación de los tres poderes del Estado.
C. V. Mudarra
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