El grueso del pueblo y las leyes internacionales exigen que se castigue a los okupas que roban viviendas, pero el sanchismo los protege, imponiendo su despotismo.
Creímos que los tiempos del despotismo habían concluido para España, un país que lo padecía con demasiada intensidad en su Historia, y que, tras la muerte del dictador Franco, la democracia, la libertad y la justicia dominaban la escena, pero los mandatos de Zapatero, Rajoy y, sobre todo, Pedro Sánchez, nos ha hecho ver la verdad: el despotismo ha retornado a España y existe con todos sus rasgos y facetas del pasado, con impunidad de los poderosos, falta de controles al gobierno, poder desmedido de los nuevos amos políticos, caciquismo, ladrones corruptos en las administraciones públicas y en la alta economía y una inmensa legión de oprimidos, engañados y explotados por las clases poderosas, cuyos dirigentes, bien defendidos por policías, militares y periodistas domesticados, disfrutan de los mismos privilegios y fueros que gozaban en tiempos del absolutismo monárquico los nobles, la milicia y el clero.
¿Qué clase de sistema o que país con dignidad tolera que el Ejecutivo arruine a la nación y manipule a su antojo los demás poderes del Estado? Jefferson, Montesquieu y otros miles de pensadores justos, libres y certeros dirían al unísono que nos domina "el despotismo", el sistema donde el Ejecutivo carece de control alguno porque tiene en sus manos al Legislativo y al Judicial.
Sin una Constitución democrática, la corrupción continuará, esté quien esté en el gobierno de España, pues el poder tiende a abusar por naturaleza y sólo se detiene donde encuentra límites legales y punitivos.
El gobierno de Pedro Sánchez exhibe su despotismo opresor decenas de veces cada día: cuando premia a los partidos delincuentes que le sostienen en el gobierno, cuando impone impuestos abusivos y confiscatorios, cuando protege a los corruptos, cuando siembra división y odio, cuando otorga subvenciones y contratos arbitrarios, cuando protege a delincuentes y okupas, cuando se endeuda locamente, cuando despilfarra, cuando abre las puertas a inmigrantes ilegales en masa, en contra de la voluntad del pueblo y con otros muchos actos y gestos, muchos de ellos cercanos al delito.
En España, mientras no cambiemos este sistema antidemocrático, corrupto y desequilibrado, caminaremos hacia el abismo. El poder de los gobernantes, es ilimitado y casi plenamente impune.
En política no puede haber perdón para los que arruinan o traicionan a la patria. Perdonar a los malhechores equivale a aprobar su conducta y sus crímenes, lo que convierte al sistema y a los mismos ciudadanos en cómplices del crimen. Cabría pensar en el perdón cuando el delincuente, arrepentido, pide clemencia, pero eso no ocurre en la España actual, donde los políticos que roban, abusan y destruyen la patria con sus errores y arbitrariedades, plenos de arrogancia, ni piden perdón, ni dimiten.
La culpa es directamente proporcional al poder. Aquellos que más poder han tenido son los más culpables. En la España actual, los grandes culpables de la situación son el presidente del gobierno, el rey, los presidentes del Congreso y del Senado, los ministros y los grandes magistrados.
La sociedad no puede indultar a los déspotas ni a los traidores, especialmente a los que han tenido en sus manos todos los poderes del Estado para hacer el bien y sólo han hecho mal. El pueblo español necesita, por razones de salud pública y dignidad moral, castigar a los que han hecho de España lo que hoy es, una nación descuartizada, empobrecida, desprovista de armadura ética, con sus valores desquiciados, sin esperanza, sin prestigio internacional y plagada de desempleados, nuevos pobres y gente triste.
Los principales culpables de la tragedia de España merecen castigos como la degradación pública y hasta el destierro y la prisión, mientras que aquellos a los que se les puedan probar delitos y abusos deben ingresar inmediatamente en la cárcel. La sociedad española necesita castigar a sus predadores porque sin ese castigo no hay regeneración posible y porque dejar no castigar a los canallas significa comulgar con sus maldades.
Es probable que el peor drama de España no sea la corrupción, a pesar de su inmensa gravedad, ni el abuso de poder, que ha alcanzado niveles de nausea, sino que no hay justicia para los grandes y poderosos, a los que siempre ha compensado delinquir, sobre todo si los delitos se cometen con guantes blancos.
La desgraciada etapa de Sánchez, que algún día terminará, dejará tras de sí un espeluznante reguero de destrucción y sufrimiento, pero también abrirá los ojos a los españoles para que se den cuenta que tienen que cambiar el sistema para impedir que canallas y sinvergüenzas accedan al poder supremo, que nunca han tenido una democracia real y que hemos estado dominados y engañados por una pandilla de miserables.
Tras la experiencia terrible del gobierno socialista, sólo nos queda obligar al poder político a que se arrodille y pida perdón, después de lo cual deberá abrirse un periodo constituyente, en el que se redacte una constitución auténticamente democrática, mientras, simultáneamente, se juzgan a los canallas y se limitan drásticamente los poderes de los partidos políticos, las verdaderas bestias del sistema y una de las fuentes corrosivas más potentes existentes en la sociedad.
Francisco Rubiales
¿Qué clase de sistema o que país con dignidad tolera que el Ejecutivo arruine a la nación y manipule a su antojo los demás poderes del Estado? Jefferson, Montesquieu y otros miles de pensadores justos, libres y certeros dirían al unísono que nos domina "el despotismo", el sistema donde el Ejecutivo carece de control alguno porque tiene en sus manos al Legislativo y al Judicial.
Sin una Constitución democrática, la corrupción continuará, esté quien esté en el gobierno de España, pues el poder tiende a abusar por naturaleza y sólo se detiene donde encuentra límites legales y punitivos.
El gobierno de Pedro Sánchez exhibe su despotismo opresor decenas de veces cada día: cuando premia a los partidos delincuentes que le sostienen en el gobierno, cuando impone impuestos abusivos y confiscatorios, cuando protege a los corruptos, cuando siembra división y odio, cuando otorga subvenciones y contratos arbitrarios, cuando protege a delincuentes y okupas, cuando se endeuda locamente, cuando despilfarra, cuando abre las puertas a inmigrantes ilegales en masa, en contra de la voluntad del pueblo y con otros muchos actos y gestos, muchos de ellos cercanos al delito.
En España, mientras no cambiemos este sistema antidemocrático, corrupto y desequilibrado, caminaremos hacia el abismo. El poder de los gobernantes, es ilimitado y casi plenamente impune.
En política no puede haber perdón para los que arruinan o traicionan a la patria. Perdonar a los malhechores equivale a aprobar su conducta y sus crímenes, lo que convierte al sistema y a los mismos ciudadanos en cómplices del crimen. Cabría pensar en el perdón cuando el delincuente, arrepentido, pide clemencia, pero eso no ocurre en la España actual, donde los políticos que roban, abusan y destruyen la patria con sus errores y arbitrariedades, plenos de arrogancia, ni piden perdón, ni dimiten.
La culpa es directamente proporcional al poder. Aquellos que más poder han tenido son los más culpables. En la España actual, los grandes culpables de la situación son el presidente del gobierno, el rey, los presidentes del Congreso y del Senado, los ministros y los grandes magistrados.
La sociedad no puede indultar a los déspotas ni a los traidores, especialmente a los que han tenido en sus manos todos los poderes del Estado para hacer el bien y sólo han hecho mal. El pueblo español necesita, por razones de salud pública y dignidad moral, castigar a los que han hecho de España lo que hoy es, una nación descuartizada, empobrecida, desprovista de armadura ética, con sus valores desquiciados, sin esperanza, sin prestigio internacional y plagada de desempleados, nuevos pobres y gente triste.
Los principales culpables de la tragedia de España merecen castigos como la degradación pública y hasta el destierro y la prisión, mientras que aquellos a los que se les puedan probar delitos y abusos deben ingresar inmediatamente en la cárcel. La sociedad española necesita castigar a sus predadores porque sin ese castigo no hay regeneración posible y porque dejar no castigar a los canallas significa comulgar con sus maldades.
Es probable que el peor drama de España no sea la corrupción, a pesar de su inmensa gravedad, ni el abuso de poder, que ha alcanzado niveles de nausea, sino que no hay justicia para los grandes y poderosos, a los que siempre ha compensado delinquir, sobre todo si los delitos se cometen con guantes blancos.
La desgraciada etapa de Sánchez, que algún día terminará, dejará tras de sí un espeluznante reguero de destrucción y sufrimiento, pero también abrirá los ojos a los españoles para que se den cuenta que tienen que cambiar el sistema para impedir que canallas y sinvergüenzas accedan al poder supremo, que nunca han tenido una democracia real y que hemos estado dominados y engañados por una pandilla de miserables.
Tras la experiencia terrible del gobierno socialista, sólo nos queda obligar al poder político a que se arrodille y pida perdón, después de lo cual deberá abrirse un periodo constituyente, en el que se redacte una constitución auténticamente democrática, mientras, simultáneamente, se juzgan a los canallas y se limitan drásticamente los poderes de los partidos políticos, las verdaderas bestias del sistema y una de las fuentes corrosivas más potentes existentes en la sociedad.
Francisco Rubiales
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