En la España actual, dirigentes socialistas repiten con inquietante naturalidad que “no podemos permitir que gobierne la derecha”, una afirmación que constituye una profunda aberración contra los fundamentos de la democracia.
Porque en un sistema democrático el poder no se “permite” ni se “impide” según el criterio de un partido: emana del pueblo a través del voto libre. Decir lo contrario implica arrogarse un derecho de veto superior a la soberanía popular, tal como lo han hecho siempre los tiranos que justifican su dominio alegando que solo ellos saben lo que conviene al pueblo y que los adversarios representan un peligro existencial.
La Constitución de 1978 es clara: la soberanía reside en el pueblo español, no en ningún partido que se autoproclame guardián del sistema.
Esta mentalidad olvida el principio elemental de la alternancia pacífica. Cuando la izquierda pierde, como ocurrió en 2023, pese a que el PP ganó en votos y escaños, se forman gobiernos gracias a pactos aberrantes y hasta contra natura con independentistas y herederos de ETA, y se celebra como triunfo democrático.
Si la derecha gana, se activa el discurso de “no pasarán”, se resucitan consignas de guerra civil y se presenta cualquier victoria del centro-derecha como amenaza a la propia democracia.
Es la misma lógica que algunos socialistas aplicaron en los años treinta: las derechas no deben llegar al poder aunque lo obtengan en las urnas. Hoy se disfraza de antifascismo, pero revela la misma voluntad de poder por encima de las reglas del juego.
La hipocresía es evidente. El PSOE acusa a la derecha de no aceptar los resultados cuando pierde, mientras mantiene que “nunca entregará el poder” a ella y exige un cordón sanitario unilateral.
En cambio, los pactos del PP con VOX en comunidades autónomas se denuncian como el fin de la democracia, a pesar de que no han supuesto ruptura alguna del orden constitucional.
Esta asimetría moral erosiona la confianza en las instituciones y convierte la política en un enfrentamiento existencial donde solo un bloque se considera legítimo por definición.
Un demócrata de verdad acepta que, si la derecha obtiene mayoría suficiente en elecciones libres, debe gobernar, y la oposición fiscalizará desde su sitio preparando la siguiente cita electoral.
Cualquier otra postura —“no podemos permitir”, “frenar a la ultraderecha a cualquier precio”— pertenece al autoritarismo, que se cree con derecho perpetuo al poder.
El pueblo español es soberano y no necesita permiso de ningún partido para elegir a sus gobernantes.
Defender lo contrario es traicionar la democracia y hacer méritos para que la Justicia ilegalice a esos enemigos de la libertad y del Estado de Derecho.
Francisco Rubiales
Porque en un sistema democrático el poder no se “permite” ni se “impide” según el criterio de un partido: emana del pueblo a través del voto libre. Decir lo contrario implica arrogarse un derecho de veto superior a la soberanía popular, tal como lo han hecho siempre los tiranos que justifican su dominio alegando que solo ellos saben lo que conviene al pueblo y que los adversarios representan un peligro existencial.
La Constitución de 1978 es clara: la soberanía reside en el pueblo español, no en ningún partido que se autoproclame guardián del sistema.
Esta mentalidad olvida el principio elemental de la alternancia pacífica. Cuando la izquierda pierde, como ocurrió en 2023, pese a que el PP ganó en votos y escaños, se forman gobiernos gracias a pactos aberrantes y hasta contra natura con independentistas y herederos de ETA, y se celebra como triunfo democrático.
Si la derecha gana, se activa el discurso de “no pasarán”, se resucitan consignas de guerra civil y se presenta cualquier victoria del centro-derecha como amenaza a la propia democracia.
Es la misma lógica que algunos socialistas aplicaron en los años treinta: las derechas no deben llegar al poder aunque lo obtengan en las urnas. Hoy se disfraza de antifascismo, pero revela la misma voluntad de poder por encima de las reglas del juego.
La hipocresía es evidente. El PSOE acusa a la derecha de no aceptar los resultados cuando pierde, mientras mantiene que “nunca entregará el poder” a ella y exige un cordón sanitario unilateral.
En cambio, los pactos del PP con VOX en comunidades autónomas se denuncian como el fin de la democracia, a pesar de que no han supuesto ruptura alguna del orden constitucional.
Esta asimetría moral erosiona la confianza en las instituciones y convierte la política en un enfrentamiento existencial donde solo un bloque se considera legítimo por definición.
Un demócrata de verdad acepta que, si la derecha obtiene mayoría suficiente en elecciones libres, debe gobernar, y la oposición fiscalizará desde su sitio preparando la siguiente cita electoral.
Cualquier otra postura —“no podemos permitir”, “frenar a la ultraderecha a cualquier precio”— pertenece al autoritarismo, que se cree con derecho perpetuo al poder.
El pueblo español es soberano y no necesita permiso de ningún partido para elegir a sus gobernantes.
Defender lo contrario es traicionar la democracia y hacer méritos para que la Justicia ilegalice a esos enemigos de la libertad y del Estado de Derecho.
Francisco Rubiales
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