Mientras que el gobierno lanza a los cuatro vientos balances optimistas de su gestión y los medios de comunicación progubernamentales reflejan una sociedad española en progreso, que se desenvuelve en una "democracia avanzada", los españoles, según la última encuesta oficial del CIS, viven otra realidad muy diferente: creen ya que el primer problema del país es la inmigración descontrolada y la incapacidad del gobierno para controlarla, desplazando como prioridad al terrorismo, la inseguridad, la educación y la vivienda.
La mayoría de los españoles es pesimista al terminar 2005 y opina que hay ya demasiados inmmigrantes y que sólo debería permitirse la entrada a los que lleguen con contrato de trabajo, otorgando prioridad a los que procedan de culturas cristianas, compatibles con la autóctona.
Esos criterios son el resultado directo de una inmigración desbordada cuyos "hitos" inundan las páginas de la prensa diaria y los noticieros: asesinatos, tiroteos, ajustes de cuentas, asalto de las vallas fronterizas y detención de extranjeros armados hasta los dientes, dedicados sistemáticamente a robar y asesinar.
El último ejemplo es el del marroquí Rachid T., de 23 años, detenido por asesinar a puñaladas a un jóven español en las puertas de una famosa discoteca madrileña. El marroquí había sido detenido ya 15 veces y tenía un historial plagado de delitos como robo con violencia, asaltos y narcotráfico.
Nadie entiende en España cómo un delincuente de esa calaña estaba en la calle, pero la policía explica la clave de lo que ocurre a todo el que quiere oirlo: faltan policías, los delincuentes están cada día mejor armados y entrenados, los jueces son temerariamente permisivos y las cárceles están llenas.
En las cárceles hay ya más delincuentes comunes extranjeros que españoles y habría muchos más extranjeros si no se les dejara libres, quizás por falta de rigor y de espacio carcelario. También lo dicen los propios policias: casi la mitad de las plantillas policiales están dedicadas a tareas burocráticas y a cuidar políticos.
La inmigración desbordada y la debilidad del gobierno forman un cóctel letal que está desprestigiando el sistema democrático y la confianza ciudadana en el poder político.
En España es un hecho incuestionable que los delincuentes están armados y que los ciudadanos honrados carecen de armas. Eso no sería grave si el gobierno cumpliera su parte del contrato y defendiera al ciudadano, pero no es así y, de hecho, el ciudadano está indefenso frente a una delincuencia que nadie sabe cómo pero tiene en su poder todo tipo de armas.
Hace pocos días, en un barrio marginado de la ciudad de Sevilla, dos grupos de indigentes y marginados portugueses se enfrentaron a tiros. Los testigos expresaban su asombro ante la abundancia de armas y munición desplegada, "como en el Chicago de Al Capone", comentó un testigo en una radio local.
Otro dato terrorífico que también revela la propia policía y que demuestra que esa "igualdad ante la ley" que consagra la Constitución es papel mojado: en las carreteras españolas hay más de un millón de conductores fuera de la ley, sin el obligatorio permiso de conducir o sin el seguro obligatorio en regla. La policía los detiene, son multados, no suelen pagar la multa porque se declaran insolventes y vuelven a la carretara a empezar de nuevo. Mientras tanto, los conductores con seguro y con los documentos en regla sí pagan multas, son sancionados cuando incumplen la ley, dejan de conducir cuando le retiran el permiso de circulación y tienen que rescatar sus vehículos inmovilizados con buenas sumas de dinero.
Esa es la España real, la que de verdad preocupa al ciudadano, la de la inmigración desbordada, la de delincuencia sin control, la de la educación deficiente y la de la desigualdad ante la ley. Sin embargo, no es esa la España que reflejan los medios de comunicación, cuya complicidad con los políticos les lleva a convertir a la política en el tema estrella y no habla de otra cosa que de Estatuto, de Zapatero, de oposición, de trifulcas políticas y de debates parlamentarios que no interesan a nadie.
La mayoría de los españoles es pesimista al terminar 2005 y opina que hay ya demasiados inmmigrantes y que sólo debería permitirse la entrada a los que lleguen con contrato de trabajo, otorgando prioridad a los que procedan de culturas cristianas, compatibles con la autóctona.
Esos criterios son el resultado directo de una inmigración desbordada cuyos "hitos" inundan las páginas de la prensa diaria y los noticieros: asesinatos, tiroteos, ajustes de cuentas, asalto de las vallas fronterizas y detención de extranjeros armados hasta los dientes, dedicados sistemáticamente a robar y asesinar.
El último ejemplo es el del marroquí Rachid T., de 23 años, detenido por asesinar a puñaladas a un jóven español en las puertas de una famosa discoteca madrileña. El marroquí había sido detenido ya 15 veces y tenía un historial plagado de delitos como robo con violencia, asaltos y narcotráfico.
Nadie entiende en España cómo un delincuente de esa calaña estaba en la calle, pero la policía explica la clave de lo que ocurre a todo el que quiere oirlo: faltan policías, los delincuentes están cada día mejor armados y entrenados, los jueces son temerariamente permisivos y las cárceles están llenas.
En las cárceles hay ya más delincuentes comunes extranjeros que españoles y habría muchos más extranjeros si no se les dejara libres, quizás por falta de rigor y de espacio carcelario. También lo dicen los propios policias: casi la mitad de las plantillas policiales están dedicadas a tareas burocráticas y a cuidar políticos.
La inmigración desbordada y la debilidad del gobierno forman un cóctel letal que está desprestigiando el sistema democrático y la confianza ciudadana en el poder político.
En España es un hecho incuestionable que los delincuentes están armados y que los ciudadanos honrados carecen de armas. Eso no sería grave si el gobierno cumpliera su parte del contrato y defendiera al ciudadano, pero no es así y, de hecho, el ciudadano está indefenso frente a una delincuencia que nadie sabe cómo pero tiene en su poder todo tipo de armas.
Hace pocos días, en un barrio marginado de la ciudad de Sevilla, dos grupos de indigentes y marginados portugueses se enfrentaron a tiros. Los testigos expresaban su asombro ante la abundancia de armas y munición desplegada, "como en el Chicago de Al Capone", comentó un testigo en una radio local.
Otro dato terrorífico que también revela la propia policía y que demuestra que esa "igualdad ante la ley" que consagra la Constitución es papel mojado: en las carreteras españolas hay más de un millón de conductores fuera de la ley, sin el obligatorio permiso de conducir o sin el seguro obligatorio en regla. La policía los detiene, son multados, no suelen pagar la multa porque se declaran insolventes y vuelven a la carretara a empezar de nuevo. Mientras tanto, los conductores con seguro y con los documentos en regla sí pagan multas, son sancionados cuando incumplen la ley, dejan de conducir cuando le retiran el permiso de circulación y tienen que rescatar sus vehículos inmovilizados con buenas sumas de dinero.
Esa es la España real, la que de verdad preocupa al ciudadano, la de la inmigración desbordada, la de delincuencia sin control, la de la educación deficiente y la de la desigualdad ante la ley. Sin embargo, no es esa la España que reflejan los medios de comunicación, cuya complicidad con los políticos les lleva a convertir a la política en el tema estrella y no habla de otra cosa que de Estatuto, de Zapatero, de oposición, de trifulcas políticas y de debates parlamentarios que no interesan a nadie.
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