Pura deslealtad en la Generalitat
La proyectada subida general de impuestos del gobierno de Sánchez acentúa la impresión ciudadana de que se les expolia para ayudar a desleales y enemigos de España. El golpe que la actual política propina a la decencia y a la lealtad es enorme y desolador. Eso que llaman “redistribución de la riqueza", salvo algunas excepciones, consiste en quitarle el dinero al que sabe multiplicarlo para dárselo al que solo sabe gastarlo, en premiar al vago y al inepto castigando a cambio al que crea empleo y riqueza. Lo que los políticos hacen en España, eso de quitar dinero a la ciudadanía para dárselo a sus amigos desleales y a veces delincuentes es el camino más corto para empobrecer la nación y para que la sociedad se asquee de la política.
Los políticos, que son los "profesionales del reparto" carecen de prestigio y fiabilidad ante el pueblo, que recela de sus tendencias a corromperse en la gestión de lo público. En ningún país de Europa hay tantos políticos en la cárcel, sentados en los banquillos de los acusados o esperando juicio como en España. Con una tropa de ese estilo, la tarea de "redistribuir la riqueza" pierde solvencia y corre el serio riesgo de transformarse en un vulgar y delictivo "reparto del botín".
Lo primero que salvan en el reparto son las comisiones y los fondos destinados a mantener su mundo, a financiar sus partidos y chiringuitos, donde tienen colocados a sus familiares, amigos y compañeros de partido. Después apartan los fondos para comprar voluntades y medios de comunicación y para mantener los costosos aparatos de expertos, asesores y escuderos que han montado para conservar o conquistar el poder, que el la prioridad número uno de la clase política, muy por delante del interés general y del bien común.
Han llegado a decir que el dinero público no es de nadie, cuando la verdad es que el dinero público no existe porque todo el dinero existente, incluso el que está en manos del Estado, es de los ciudadanos, que son los que lo ganan con su trabajo, creatividad y empeño. Ellos, los políticos y altos cargos, son los que lo disfrutan y administran, después de haberlo sustraído del bolsillo de los ciudadanos, por la fuerza.
La verdad es cruda, pero conviene conocerla y ser conscientes de que la redistribución de la riqueza sólo es una excusa para los depredadores, hasta el punto de que los ciudadanos pagan sus impuestos no por solidaridad ni para contribuir responsablemente al bien común, sino porque temen el castigo. Los tiempos aquellos en los que se decía que "Hacienda somos todos" pasaron a la Historia. Hoy, los ciudadanos temen que sus contribuciones al fisco terminen en el bolsillo de alguno de los muchos indeseables corruptos que están incrustados en el gobierno y en los partidos y piensa que el dinero recaudado difícilmente se emplea en el ben común.
Los políticos y sus partidos, cargados de fechorías y de escándalos de corrupción, son los únicos culpables de que el ciudadano haya perdido la fe y la confianza en lo público. La situación es tan grave que la democracia, un sistema basado en la confianza de los administrados en sus representantes y administradores, no puede existir cuando el pueblo cree que en su gobierno y en sus instituciones hay demasiados ladrones y sinvergüenzas que salen en los telediarios.
Francisco Rubiales
Los políticos, que son los "profesionales del reparto" carecen de prestigio y fiabilidad ante el pueblo, que recela de sus tendencias a corromperse en la gestión de lo público. En ningún país de Europa hay tantos políticos en la cárcel, sentados en los banquillos de los acusados o esperando juicio como en España. Con una tropa de ese estilo, la tarea de "redistribuir la riqueza" pierde solvencia y corre el serio riesgo de transformarse en un vulgar y delictivo "reparto del botín".
Lo primero que salvan en el reparto son las comisiones y los fondos destinados a mantener su mundo, a financiar sus partidos y chiringuitos, donde tienen colocados a sus familiares, amigos y compañeros de partido. Después apartan los fondos para comprar voluntades y medios de comunicación y para mantener los costosos aparatos de expertos, asesores y escuderos que han montado para conservar o conquistar el poder, que el la prioridad número uno de la clase política, muy por delante del interés general y del bien común.
Han llegado a decir que el dinero público no es de nadie, cuando la verdad es que el dinero público no existe porque todo el dinero existente, incluso el que está en manos del Estado, es de los ciudadanos, que son los que lo ganan con su trabajo, creatividad y empeño. Ellos, los políticos y altos cargos, son los que lo disfrutan y administran, después de haberlo sustraído del bolsillo de los ciudadanos, por la fuerza.
La verdad es cruda, pero conviene conocerla y ser conscientes de que la redistribución de la riqueza sólo es una excusa para los depredadores, hasta el punto de que los ciudadanos pagan sus impuestos no por solidaridad ni para contribuir responsablemente al bien común, sino porque temen el castigo. Los tiempos aquellos en los que se decía que "Hacienda somos todos" pasaron a la Historia. Hoy, los ciudadanos temen que sus contribuciones al fisco terminen en el bolsillo de alguno de los muchos indeseables corruptos que están incrustados en el gobierno y en los partidos y piensa que el dinero recaudado difícilmente se emplea en el ben común.
Los políticos y sus partidos, cargados de fechorías y de escándalos de corrupción, son los únicos culpables de que el ciudadano haya perdido la fe y la confianza en lo público. La situación es tan grave que la democracia, un sistema basado en la confianza de los administrados en sus representantes y administradores, no puede existir cuando el pueblo cree que en su gobierno y en sus instituciones hay demasiados ladrones y sinvergüenzas que salen en los telediarios.
Francisco Rubiales
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