Manifestación en Granada por el derecho a heredar sin ser expoliado por la Junta
En Andalucía, donde la Junta se niega a bonificarlo a pesar de la presión ciudadana y la evidencia de que ese impuesto causa enormes daños en una economía atrasada y con escaso empuje, si usted muere en el año 2018 sus hijos no pagarán por el primer millón de euros heredado, pero si los herederos no son sus hijos, pagarán más que en ninguna otra comunidad autónoma. La "concesión" del primer millón exento ha sido aprobada por la Junta a regañadientes y sólo por un año, empujada por la presión popular y por la exigencia de Ciudadanos, su partido socio. Así que a usted le conviene fallecer en 2018, si quiere transmitir a sus hijos una herencia íntegra y no expoliada.
El de sociedades es un impuesto cargado de injusticia y voracidad recaudatoria que retrocede en todo el mundo, rechazado por los ciudadanos y por numerosos economistas, expertos en derecho y teóricos de la democracia. En Europa, sólo España lo mantiene vigente, lo que constituye otro signo de la baja calidad de la democracia española, agrietada por la corrupción, el abuso de poder y por la vigencia de injusticias y desequilibrios como los que el Impuesto de Sucesiones representa.
Los socialistas y los de Podemos lo justifican diciendo que los ricos deben pagar, pero ocultan demasiadas cosas, entre ellas que los ricos del presente son ellos mismos, políticos bien pagados, con pensiones vitalicias y atiborrados de privilegios, que los que son ricos de verdad nunca pagan ese impuesto porque saben eludirlo y que quienes lo pagan son las clases medias, trabajadores, pequeños empresarios y autónomos.
Ciudadanos se vanagloria de que ellos han eliminado ese impuesto en Andalucía, pero es mentira porque, aunque el primer millón heredado está ya exento, esa rebaja solo tiene validez para el año 2018 y no afecta a las donaciones ni a los parientes que no sean los hijos. Tampoco dicen que si usted hereda por valor de un millón de euros está exento, pero si hereda tan solo un euro más, usted tendría que pagar casi 300.000 euros.
El PP presiona para que los gobiernos socialistas lo bonifiquen al máximo, como ya han hecho Madrid, Canarias y Murcia, pero oculta que en algunas autonomías que ellos gobiernan ese impuesto sigue vigente y que el único que puede acabar con el impuesto maldito, el más injusto e impopular de España, es Rajoy por tratarse de un tributo de índole estatal, cedido a las Comunidades Autónomas.
Todos los partidos esconden la verdad e inundan la sociedad con mentiras y engaños. No dicen nada del dolor y las injusticias que ese impuesto provoca, ni de los enormes daños que produce en la economía, incluyendo cierre de empresas familiares, fuga de empresas, rechazo de técnicos y empresarios a establecerse en Andalucía y la ocultación de que no sería necesario recaudarlo si ellos, los políticos, dejaran e despilfarrar y redujeran el enorme tamaño e un Estado que es insostenible y que tiene más políticos a sueldo que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos.
Los muy hipócritas ocultan también que ese impuesto retrocede y se extingue en casi todo el mundo por injusto e indecente. En Europa, sólo queda España aplicándolo con saña, ya que Francia, que también lo hacía, lo ha suprimido en este año 2018.
Desde el punto de vista técnico es un impuesto injusto y anticonstitucional porque se paga, en doble imposición, por lo que ya ha tributado y porque rompe con el derecho constitucional a ser iguales,ya que se paga más o menos dependiendo de la autonomía donde uno resida y muera. Si usted muere en Andalucía, Asturias, Aragón y otras tierras de España tendrá que pagar, pero si muere en Madrid, Murcia o Canarias, estará prácticamente exento, lo que revela diferencias contrarias al mandato constitucional que garantiza a los españoles la igualdad ante las leyes.
El pueblo se ha cansado de los abusos y arbitrariedad de los políticos y ha decidido rebelarse contra injusticias tan sucias e indecentes como el Impuesto de Sucesiones. La plataforma andaluza "Stop Impuesto Sucesiones", presidida por Juan Carlos Valverde, que ya ha logrado movilizar a miles de ciudadanos en todas las provincias andaluzas, prepara una fuerte campaña en los medios y en las calles para obligar al gobierno de Susana a que bonifique al máximo y renuncie a ese impuesto cruel y ajeno a la Constitución, que, además, está causando daños notables en la economía regional, cerrando empresas e impidiendo que lleguen inversiones, nuevas empresas y técnicos de alto nivel profesional, temerosos de morir en Andalucía y que su familia quede expoliada por la voracidad recaudatoria de la Junta socialista.
Francisco Rubiales
El de sociedades es un impuesto cargado de injusticia y voracidad recaudatoria que retrocede en todo el mundo, rechazado por los ciudadanos y por numerosos economistas, expertos en derecho y teóricos de la democracia. En Europa, sólo España lo mantiene vigente, lo que constituye otro signo de la baja calidad de la democracia española, agrietada por la corrupción, el abuso de poder y por la vigencia de injusticias y desequilibrios como los que el Impuesto de Sucesiones representa.
Los socialistas y los de Podemos lo justifican diciendo que los ricos deben pagar, pero ocultan demasiadas cosas, entre ellas que los ricos del presente son ellos mismos, políticos bien pagados, con pensiones vitalicias y atiborrados de privilegios, que los que son ricos de verdad nunca pagan ese impuesto porque saben eludirlo y que quienes lo pagan son las clases medias, trabajadores, pequeños empresarios y autónomos.
Ciudadanos se vanagloria de que ellos han eliminado ese impuesto en Andalucía, pero es mentira porque, aunque el primer millón heredado está ya exento, esa rebaja solo tiene validez para el año 2018 y no afecta a las donaciones ni a los parientes que no sean los hijos. Tampoco dicen que si usted hereda por valor de un millón de euros está exento, pero si hereda tan solo un euro más, usted tendría que pagar casi 300.000 euros.
El PP presiona para que los gobiernos socialistas lo bonifiquen al máximo, como ya han hecho Madrid, Canarias y Murcia, pero oculta que en algunas autonomías que ellos gobiernan ese impuesto sigue vigente y que el único que puede acabar con el impuesto maldito, el más injusto e impopular de España, es Rajoy por tratarse de un tributo de índole estatal, cedido a las Comunidades Autónomas.
Todos los partidos esconden la verdad e inundan la sociedad con mentiras y engaños. No dicen nada del dolor y las injusticias que ese impuesto provoca, ni de los enormes daños que produce en la economía, incluyendo cierre de empresas familiares, fuga de empresas, rechazo de técnicos y empresarios a establecerse en Andalucía y la ocultación de que no sería necesario recaudarlo si ellos, los políticos, dejaran e despilfarrar y redujeran el enorme tamaño e un Estado que es insostenible y que tiene más políticos a sueldo que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos.
Los muy hipócritas ocultan también que ese impuesto retrocede y se extingue en casi todo el mundo por injusto e indecente. En Europa, sólo queda España aplicándolo con saña, ya que Francia, que también lo hacía, lo ha suprimido en este año 2018.
Desde el punto de vista técnico es un impuesto injusto y anticonstitucional porque se paga, en doble imposición, por lo que ya ha tributado y porque rompe con el derecho constitucional a ser iguales,ya que se paga más o menos dependiendo de la autonomía donde uno resida y muera. Si usted muere en Andalucía, Asturias, Aragón y otras tierras de España tendrá que pagar, pero si muere en Madrid, Murcia o Canarias, estará prácticamente exento, lo que revela diferencias contrarias al mandato constitucional que garantiza a los españoles la igualdad ante las leyes.
El pueblo se ha cansado de los abusos y arbitrariedad de los políticos y ha decidido rebelarse contra injusticias tan sucias e indecentes como el Impuesto de Sucesiones. La plataforma andaluza "Stop Impuesto Sucesiones", presidida por Juan Carlos Valverde, que ya ha logrado movilizar a miles de ciudadanos en todas las provincias andaluzas, prepara una fuerte campaña en los medios y en las calles para obligar al gobierno de Susana a que bonifique al máximo y renuncie a ese impuesto cruel y ajeno a la Constitución, que, además, está causando daños notables en la economía regional, cerrando empresas e impidiendo que lleguen inversiones, nuevas empresas y técnicos de alto nivel profesional, temerosos de morir en Andalucía y que su familia quede expoliada por la voracidad recaudatoria de la Junta socialista.
Francisco Rubiales
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