El lamento de las víctimas del Impuesto de Sucesiones, que han desfilado por los medios de comunicación en los últimos meses exponiendo las tragedias e injusticias que padecen por culpa del Impuesto de Sucesiones, a los que la Administración ha arrebatado sus herencias y arruinado, parece haber terminado por causar efecto y conseguir que la ministra Montero sea apartada de la escena y que pase de ser una de las estrellas ascendentes del "sanchismo" a una política hoy escondida por impopular.
Distintos medios de comunicación y las redes sociales, de manera profusa, han aireado los pecados y carencias de la ministra, que afectan a su curriculum y a su gestión en la Junta de Andalucía, algunas de ellas tan graves como la de haberse negado a reclamar la devolución del dinero malversado por sus compañeros socialistas del escándalo de los EREs, privando así al erario de recuperar cientos de millones de euros.
La Montero, insensible al dolor de las victimas arruinadas y destrozadas por el impuesto de sucesiones, estuvo en los oscuros gobiernos de Chavez y Griñan, tenia mucho poder en la etapa del robo de los EREs, gestionó sin demasiado acierto la Sanidad Andaluza, destrozó el empleo en Andalucía y nos frió a los andaluces y a las empresas con los impuestos más altos de España. A pesar de ese "bagaje" negativo, Pedro Sánchez la nombró ministra de Hacienda y la colocó como potencial sucesora futura de la casi defenestrada Susana Díaz.
En Andalucía, decenas de miles de ciudadanos se echaron a las calles, en todas las capitales, para protestar contra el impuesto de Sucesiones y, sobre todo, contra la crueldad inhumana y tramposa con la que el gobierno socialista lo aplicaba, con tasaciones de bienes desproporcionadas, embargos, intereses brutales aplicados y subastas de bienes heredados bajo sospecha de amaño. María Jesús Montero se convirtió, junto con Susana Díaz, en la diana de esas protestas, que obtuvieron un enorme eco en los medios de comunicación y que situó a gran parte de la opinión pública andaluza contra ese brutal y anticonstitucional tributo.
Nada más conquistar el poder, el nuevo gobierno andaluz, integrado por el PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de VOX, bonificó ese impuesto y casi lo eliminó, obteniendo así un enorme reconocimiento popular, lo que exasperó a la Ministra Montero y a buena parte del socialismo que había administrado Andalucía en los años precedentes.
Algunos expertos juristas y asesores tributarios consideran que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que arrebata las herencias, viola varios artículos de la Constitución española y debe ser eliminado, no sólo por su impopularidad, sino por su dudosa legalidad. Uno de esos artículos es el 31.1 de la Constitución, que dice que los impuestos "en ningún caso tendrán carácter confiscatorio" y el de Sucesiones lo tiene claramente. Otro mandato constitucional violado por ese impuesto es el que establece que los españoles somos iguales ante la ley, todo lo contrario de lo que hace el sistema tributario español, que establece tarifas y cuotas distintas en cada autonomía, hasta el punto de que morirse en Madrid era cien veces más barato que morirse y heredar en Sevilla. Finalmente, se viola también el mandato constitucional de que ningún español puede ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa de grave interés social, cuando los gestores del impuesto embargaban y subastaban viviendas que eran las únicas del denunciado, que quedaba en la calle, sólo para cobrar un impuesto de dudosa legalidad.
Ante el profundo rechazo cívico a ese impuesto en Andalucía y otros lugares de España, los expertos que rodean a Sánchez, algunos con valores profesionales indiscutibles, han detectado por fin que la ministra Montero resta en lugar de sumar y que es un personaje político de esos que el pueblo rechaza por instinto y que no tiene sitio en la primera fila porque hace perder apoyos y votos a su Partido.
Francisco Rubiales
Distintos medios de comunicación y las redes sociales, de manera profusa, han aireado los pecados y carencias de la ministra, que afectan a su curriculum y a su gestión en la Junta de Andalucía, algunas de ellas tan graves como la de haberse negado a reclamar la devolución del dinero malversado por sus compañeros socialistas del escándalo de los EREs, privando así al erario de recuperar cientos de millones de euros.
La Montero, insensible al dolor de las victimas arruinadas y destrozadas por el impuesto de sucesiones, estuvo en los oscuros gobiernos de Chavez y Griñan, tenia mucho poder en la etapa del robo de los EREs, gestionó sin demasiado acierto la Sanidad Andaluza, destrozó el empleo en Andalucía y nos frió a los andaluces y a las empresas con los impuestos más altos de España. A pesar de ese "bagaje" negativo, Pedro Sánchez la nombró ministra de Hacienda y la colocó como potencial sucesora futura de la casi defenestrada Susana Díaz.
En Andalucía, decenas de miles de ciudadanos se echaron a las calles, en todas las capitales, para protestar contra el impuesto de Sucesiones y, sobre todo, contra la crueldad inhumana y tramposa con la que el gobierno socialista lo aplicaba, con tasaciones de bienes desproporcionadas, embargos, intereses brutales aplicados y subastas de bienes heredados bajo sospecha de amaño. María Jesús Montero se convirtió, junto con Susana Díaz, en la diana de esas protestas, que obtuvieron un enorme eco en los medios de comunicación y que situó a gran parte de la opinión pública andaluza contra ese brutal y anticonstitucional tributo.
Nada más conquistar el poder, el nuevo gobierno andaluz, integrado por el PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de VOX, bonificó ese impuesto y casi lo eliminó, obteniendo así un enorme reconocimiento popular, lo que exasperó a la Ministra Montero y a buena parte del socialismo que había administrado Andalucía en los años precedentes.
Algunos expertos juristas y asesores tributarios consideran que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que arrebata las herencias, viola varios artículos de la Constitución española y debe ser eliminado, no sólo por su impopularidad, sino por su dudosa legalidad. Uno de esos artículos es el 31.1 de la Constitución, que dice que los impuestos "en ningún caso tendrán carácter confiscatorio" y el de Sucesiones lo tiene claramente. Otro mandato constitucional violado por ese impuesto es el que establece que los españoles somos iguales ante la ley, todo lo contrario de lo que hace el sistema tributario español, que establece tarifas y cuotas distintas en cada autonomía, hasta el punto de que morirse en Madrid era cien veces más barato que morirse y heredar en Sevilla. Finalmente, se viola también el mandato constitucional de que ningún español puede ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa de grave interés social, cuando los gestores del impuesto embargaban y subastaban viviendas que eran las únicas del denunciado, que quedaba en la calle, sólo para cobrar un impuesto de dudosa legalidad.
Ante el profundo rechazo cívico a ese impuesto en Andalucía y otros lugares de España, los expertos que rodean a Sánchez, algunos con valores profesionales indiscutibles, han detectado por fin que la ministra Montero resta en lugar de sumar y que es un personaje político de esos que el pueblo rechaza por instinto y que no tiene sitio en la primera fila porque hace perder apoyos y votos a su Partido.
Francisco Rubiales
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