La sospecha de fraude electoral crece cada día y ya constituye uno de los dramas que invalidan la democracia en España, un sistema basado en la confianza de los administrados en sus administradores, algo que cada día existe menos en este país, lleno de sospechas y ya habituado a soportar gobiernos corruptos, mentirosos y mafiosos.
Demasiados ciudadanos sospechen ya que el escrutinio de votos puede ser alterado para beneficiar a un partido concreto. Esas sospechas son especialmente intensas en los sectores más informados y cultos, donde se conocen la corrupción y el abuso de poder que dominan la escena política.
Ningún país de Europa, salvo Rusia y España, necesitan con tanta urgencia e intensidad una profunda reforma de su sistema electoral y, sobre todo, de su escrutinio de votos. Ante las dudas y sospechas, es necesario revisar los controles y tomar medidas para que la brutal canallada del fraude nunca pueda realizarse.
Dudar de la limpieza en el escrutinio de votos es una de las peores tragedias que pueden afectar a una nación libre y que por si misma invalida la democracia..
Lo importante en una democracia no es tanto que exista o no exista el fraude electoral sino que el pueblo crea que existe, lo que equivale a una grave pérdida de confianza que en si misma invalida la democracia y la deslegitima porque la democracia, sin confianza de los que gobiernan y en el sistema, deja de existir y no es más que una tiranía disfrazada.
Aunque resulte duro, Internet está plagada de vídeos, memes, artículos y comentarios sobre el fraude electoral en la España del presente.
A muchos políticos les enerva e indigna que se hable de "pucherazo" porque dicen que eso socava la confianza en el sistema y en el liderazgo, pero es un argumento falso porque lo que realmente deteriora el sistema y la democracia es no afrontar ni debatir algo que preocupa a los ciudadanos y de lo que se habla ya en bares, restaurantes, puestos de trabajo y hogares.
Ellos no deberían ignorar que el argumento que sostiene las sospechas de "pucherazo" es que la clase política española, si es capaz de plagiar sus tesis doctorales, de obtener títulos académicos de favor, de pactar para gobernar con los partidos más antiespañoles e indeseables, de mentir, de incumplir sus promesas, de despilfarrar hasta la locura y de convivir y participar en la orgía de la corrupción, ¿Qué les va a impedir a los políticos realizar un fraude electoral para seguir gobernando? Por supuesto que no será la ética. En realidad, la clase política española carece de fuerza y autoridad moral para sostener que el fraude electoral está descartado en nuestro sistema político.
Hasta algunos partidos sospechan del fraude electoral. He escuchado a militantes y dirigentes reconocer sus dudas en privado. Muchos en VOX afirman que nos les salen las cuentas porque según sus cálculos le arrebataron casi un millón de votos. Algunos miembros del PP, Ciudadanos y Podemos también se consideran mermados.
El pucherazo no sería nada nuevo en España, donde hay sospechas fundadas y lamentables precedentes: hay que recordar el de 1931 (proclamación fraudulenta de la Segunda República) y de 1936 (Frente Popular), así como recordar la frase de Largo Caballero, en enero de 1936: “… si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Más próximo a nuestros días, el referéndum de aprobación del Proyecto de Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976 tuvo un recuento no controlado por la oposición, lento y en demasiadas ocasiones con datos contradictorios, hasta el punto que los resultados definitivos no fueron aprobados por la Junta Electoral Central hasta dos años después, el 21 de diciembre del 78. Algunos sostienen, también sin pruebas, que el referéndum sobre la OTAN fue manipulado y sus resultados alterados por el gobierno de Felipe González. En las elecciones del 28 de abril de 2019 se dispararon las sospechas sobre un pucherazo en toda regla y las sospechas se multiplicaron en la consulta del 23 de abril de 2023, elecciones convocadas por Pedro Sánchez en pleno verano para incrementar el voto por correo, sobre el que las sospechas de fraude son abrumadoras.
No hay pruebas, pero si indicios, muchos de ellos recogidos en la denuncia presentada por la Plataforma Elecciones Transparentes, digna de ser analizada, en la que se defiende con argumentos que el pucherazo existió.
Francisco Rubiales
Demasiados ciudadanos sospechen ya que el escrutinio de votos puede ser alterado para beneficiar a un partido concreto. Esas sospechas son especialmente intensas en los sectores más informados y cultos, donde se conocen la corrupción y el abuso de poder que dominan la escena política.
Ningún país de Europa, salvo Rusia y España, necesitan con tanta urgencia e intensidad una profunda reforma de su sistema electoral y, sobre todo, de su escrutinio de votos. Ante las dudas y sospechas, es necesario revisar los controles y tomar medidas para que la brutal canallada del fraude nunca pueda realizarse.
Dudar de la limpieza en el escrutinio de votos es una de las peores tragedias que pueden afectar a una nación libre y que por si misma invalida la democracia..
Lo importante en una democracia no es tanto que exista o no exista el fraude electoral sino que el pueblo crea que existe, lo que equivale a una grave pérdida de confianza que en si misma invalida la democracia y la deslegitima porque la democracia, sin confianza de los que gobiernan y en el sistema, deja de existir y no es más que una tiranía disfrazada.
Aunque resulte duro, Internet está plagada de vídeos, memes, artículos y comentarios sobre el fraude electoral en la España del presente.
A muchos políticos les enerva e indigna que se hable de "pucherazo" porque dicen que eso socava la confianza en el sistema y en el liderazgo, pero es un argumento falso porque lo que realmente deteriora el sistema y la democracia es no afrontar ni debatir algo que preocupa a los ciudadanos y de lo que se habla ya en bares, restaurantes, puestos de trabajo y hogares.
Ellos no deberían ignorar que el argumento que sostiene las sospechas de "pucherazo" es que la clase política española, si es capaz de plagiar sus tesis doctorales, de obtener títulos académicos de favor, de pactar para gobernar con los partidos más antiespañoles e indeseables, de mentir, de incumplir sus promesas, de despilfarrar hasta la locura y de convivir y participar en la orgía de la corrupción, ¿Qué les va a impedir a los políticos realizar un fraude electoral para seguir gobernando? Por supuesto que no será la ética. En realidad, la clase política española carece de fuerza y autoridad moral para sostener que el fraude electoral está descartado en nuestro sistema político.
Hasta algunos partidos sospechan del fraude electoral. He escuchado a militantes y dirigentes reconocer sus dudas en privado. Muchos en VOX afirman que nos les salen las cuentas porque según sus cálculos le arrebataron casi un millón de votos. Algunos miembros del PP, Ciudadanos y Podemos también se consideran mermados.
El pucherazo no sería nada nuevo en España, donde hay sospechas fundadas y lamentables precedentes: hay que recordar el de 1931 (proclamación fraudulenta de la Segunda República) y de 1936 (Frente Popular), así como recordar la frase de Largo Caballero, en enero de 1936: “… si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Más próximo a nuestros días, el referéndum de aprobación del Proyecto de Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976 tuvo un recuento no controlado por la oposición, lento y en demasiadas ocasiones con datos contradictorios, hasta el punto que los resultados definitivos no fueron aprobados por la Junta Electoral Central hasta dos años después, el 21 de diciembre del 78. Algunos sostienen, también sin pruebas, que el referéndum sobre la OTAN fue manipulado y sus resultados alterados por el gobierno de Felipe González. En las elecciones del 28 de abril de 2019 se dispararon las sospechas sobre un pucherazo en toda regla y las sospechas se multiplicaron en la consulta del 23 de abril de 2023, elecciones convocadas por Pedro Sánchez en pleno verano para incrementar el voto por correo, sobre el que las sospechas de fraude son abrumadoras.
No hay pruebas, pero si indicios, muchos de ellos recogidos en la denuncia presentada por la Plataforma Elecciones Transparentes, digna de ser analizada, en la que se defiende con argumentos que el pucherazo existió.
Francisco Rubiales
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