En las condiciones de la economía globalizada actual, la grave crisis que estamos viviendo muestra la inviabilidad del modelo neoliberal basado en el crecimiento indefinido (sin respeto a los límites de la Naturaleza), la desregulación de los mercados y el mantenimiento de vergonzosos paraísos fiscales.
El deterioro ambiental y la pobreza en el mundo son desafíos que alcanzan al conjunto de la humanidad. Ésta se enfrenta al reto de lograr la sostenibilidad en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático se encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando alarmantemente en las zonas más pobres, como consecuencia de la especulación.
Las gentes de todo el mundo sufren las consecuencias de estos problemas que, en su mayor parte, no han generado. La calidad de vida de los más pobres se ha deteriorado a causa del hambre y la pobreza, pero también la calidad de vida de los más ricos está comprometida por el cambio climático, la crisis económica y los problemas sociales que afectan a la seguridad en todas sus vertientes.
Se pierde el contacto con lo esencial cuando se confunde ser y tener, vivir y consumir, cuando se convierte la existencia en una estrategia para crecer cuantitativamente.
La que se nos quiere presentar como una mera crisis financiera es tan sólo una parte visible de una verdadera crisis sistémica que requiere de soluciones valientes, imaginativas e integradoras. No se puede abordar simplemente insuflando recursos económicos en algunas áreas del sistema, o impulsando la producción en sectores clásicos de la economía, sino con un cambio de paradigma que ponga la atención en la sostenibilidad humana y ambiental. Y los primeros pasos consisten en abordar el problema del cambio climático y poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer real su derecho a llevar una existencia digna.
Sobre el problema del cambio climático hemos sido alertados largamente desde los sectores científicos. La influencia de la acción humana sobre el clima está demostrada, como también las posibilidades de que el sistema sufra cambios abruptos si no se abordan rápidamente las medidas oportunas. No es legítimo posponer esta grave cuestión ambiental, que requiere de un consenso internacional no menos importante y urgente que el que ha suscitado el tema financiero, pues en la mitigación del cambio climático, en la corrección de sus causas, nos va el futuro sostenible de la humanidad sobre el planeta. Reclamamos, por tanto, que la acción de nuestro Gobierno en este tema sea decidida y firme, en consonancia con su gravedad, dedicando recursos de todo tipo al desarrollo de energías renovables y a la búsqueda de medidas correctoras en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras…, en el marco de una acción internacional coordinada y eficiente.
En otro orden de cosas, y en el plano económico, parece pertinente detenerse a contemplar la influencia de la crisis en la población de nuestro país. El empleo está siendo castigado especialmente por la situación. El cierre de empresas y las deslocalizaciones productivas dejan en desamparo a miles y miles de familias que ven como peligra su subsistencia. Hoy es evidente que un trabajo remunerado ya no está al alcance de todos los hombres y mujeres que lo desean. Las condiciones actuales hacen no sólo difícil, sino imposible el pleno cumplimiento de este derecho humano.
En el mundo real en que vivimos, la oportunidad de participar en la tarea común —el derecho al trabajo— no está garantizada para todas las personas. Una vez que el trabajo ha sido transmutado en mercancía sujeta a las leyes del mercado, el individuo pierde su más preciosa capacidad: la de obtener el sustento mediante su iniciativa y trabajo propios. La oportunidad de trabajar ya no depende tanto de la voluntad del individuo como de los complejos e injustos mecanismos del mercado en relación con ese artificio social que es el empleo.
En estas condiciones, resulta ilusorio y totalmente injusto pensar que en nuestras sociedades todo el mundo puede salir adelante disponiendo de un empleo digno. Más bien, lo que constatamos es la existencia de millones de excluidos, de un amplio contingente de personas de todas las edades que realizan “trabajos basura” o no tienen ni siquiera acceso a ellos. En España, las estimaciones sitúan a 8 millones de personas en estas condiciones, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y la presente crisis hace pensar que el número aumentará gravemente.
Si, en otro momento histórico, la conquista de nuestras sociedades fue conseguir la democracia política (derecho al voto), entendemos que, en las condiciones actuales, ésta debería extenderse a una democracia económica (derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano) que, en consonancia con la Carta de los Derechos Humanos Emergentes (artículo 1) garantice a todas las personas de nuestro país unas percepciones económicas mínimas que les permitan vivir dignamente.
Este ingreso es lo que genéricamente se conoce como Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Se trata de una medida que ya está siendo aplicada, en forma total o parcial, en países como Canadá, Alaska, Brasil… En nuestro país hay estudios e iniciativas que van en esa dirección. En cuanto a los fondos necesarios para sufragar la RBC, esta cuestión ha sido estudiada a fondo por expertos que han demostrado que podrían obtenerse con ciertos reajustes fiscales.
Es importante comprender que la RBC no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque no es un gasto social, sino una medida económica con inmediatos beneficios sociales, desde la constatación de que el bienestar generalizado produce sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gastos en policía, salud, etc. Esta medida, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos.
En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la RBC nos parece una medida claramente necesaria, que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias españolas. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva. En un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional –que sería el umbral de referencia-, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente las consecuencias de los desmanes del mercado. Ello sin perder de vista su carácter universal, hacia el que habría que tender en el futuro.
A este respecto debe considerarse rápidamente la inmediata aplicación de fórmulas de financiación alternativas, como la que se refiere a tasas sobre transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo a las Naciones Unidas y contenida en la Declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la “Iniciativa contra el hambre y la pobreza”, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los Presidentes Michelle Bachelet, Lula, Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores francés, B. Kouchner.
Los abajo firmantes, miembros y colaboradores de la Fundación Cultura de Paz, instamos al Gobierno y a nuestros representantes parlamentarios a que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente y de la gente merecen ser atendidos con medidas directas que afecten de inmediato a su calidad de vida y también a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de exclusión.
Firmado:
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, y otras seis personas.
Pulse aquí si desea conectar con la página oficial del manifiesto y adherirse al mismo.
El deterioro ambiental y la pobreza en el mundo son desafíos que alcanzan al conjunto de la humanidad. Ésta se enfrenta al reto de lograr la sostenibilidad en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático se encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando alarmantemente en las zonas más pobres, como consecuencia de la especulación.
Las gentes de todo el mundo sufren las consecuencias de estos problemas que, en su mayor parte, no han generado. La calidad de vida de los más pobres se ha deteriorado a causa del hambre y la pobreza, pero también la calidad de vida de los más ricos está comprometida por el cambio climático, la crisis económica y los problemas sociales que afectan a la seguridad en todas sus vertientes.
Se pierde el contacto con lo esencial cuando se confunde ser y tener, vivir y consumir, cuando se convierte la existencia en una estrategia para crecer cuantitativamente.
La que se nos quiere presentar como una mera crisis financiera es tan sólo una parte visible de una verdadera crisis sistémica que requiere de soluciones valientes, imaginativas e integradoras. No se puede abordar simplemente insuflando recursos económicos en algunas áreas del sistema, o impulsando la producción en sectores clásicos de la economía, sino con un cambio de paradigma que ponga la atención en la sostenibilidad humana y ambiental. Y los primeros pasos consisten en abordar el problema del cambio climático y poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer real su derecho a llevar una existencia digna.
Sobre el problema del cambio climático hemos sido alertados largamente desde los sectores científicos. La influencia de la acción humana sobre el clima está demostrada, como también las posibilidades de que el sistema sufra cambios abruptos si no se abordan rápidamente las medidas oportunas. No es legítimo posponer esta grave cuestión ambiental, que requiere de un consenso internacional no menos importante y urgente que el que ha suscitado el tema financiero, pues en la mitigación del cambio climático, en la corrección de sus causas, nos va el futuro sostenible de la humanidad sobre el planeta. Reclamamos, por tanto, que la acción de nuestro Gobierno en este tema sea decidida y firme, en consonancia con su gravedad, dedicando recursos de todo tipo al desarrollo de energías renovables y a la búsqueda de medidas correctoras en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras…, en el marco de una acción internacional coordinada y eficiente.
En otro orden de cosas, y en el plano económico, parece pertinente detenerse a contemplar la influencia de la crisis en la población de nuestro país. El empleo está siendo castigado especialmente por la situación. El cierre de empresas y las deslocalizaciones productivas dejan en desamparo a miles y miles de familias que ven como peligra su subsistencia. Hoy es evidente que un trabajo remunerado ya no está al alcance de todos los hombres y mujeres que lo desean. Las condiciones actuales hacen no sólo difícil, sino imposible el pleno cumplimiento de este derecho humano.
En el mundo real en que vivimos, la oportunidad de participar en la tarea común —el derecho al trabajo— no está garantizada para todas las personas. Una vez que el trabajo ha sido transmutado en mercancía sujeta a las leyes del mercado, el individuo pierde su más preciosa capacidad: la de obtener el sustento mediante su iniciativa y trabajo propios. La oportunidad de trabajar ya no depende tanto de la voluntad del individuo como de los complejos e injustos mecanismos del mercado en relación con ese artificio social que es el empleo.
En estas condiciones, resulta ilusorio y totalmente injusto pensar que en nuestras sociedades todo el mundo puede salir adelante disponiendo de un empleo digno. Más bien, lo que constatamos es la existencia de millones de excluidos, de un amplio contingente de personas de todas las edades que realizan “trabajos basura” o no tienen ni siquiera acceso a ellos. En España, las estimaciones sitúan a 8 millones de personas en estas condiciones, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y la presente crisis hace pensar que el número aumentará gravemente.
Si, en otro momento histórico, la conquista de nuestras sociedades fue conseguir la democracia política (derecho al voto), entendemos que, en las condiciones actuales, ésta debería extenderse a una democracia económica (derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano) que, en consonancia con la Carta de los Derechos Humanos Emergentes (artículo 1) garantice a todas las personas de nuestro país unas percepciones económicas mínimas que les permitan vivir dignamente.
Este ingreso es lo que genéricamente se conoce como Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Se trata de una medida que ya está siendo aplicada, en forma total o parcial, en países como Canadá, Alaska, Brasil… En nuestro país hay estudios e iniciativas que van en esa dirección. En cuanto a los fondos necesarios para sufragar la RBC, esta cuestión ha sido estudiada a fondo por expertos que han demostrado que podrían obtenerse con ciertos reajustes fiscales.
Es importante comprender que la RBC no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque no es un gasto social, sino una medida económica con inmediatos beneficios sociales, desde la constatación de que el bienestar generalizado produce sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gastos en policía, salud, etc. Esta medida, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos.
En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la RBC nos parece una medida claramente necesaria, que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias españolas. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva. En un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional –que sería el umbral de referencia-, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente las consecuencias de los desmanes del mercado. Ello sin perder de vista su carácter universal, hacia el que habría que tender en el futuro.
A este respecto debe considerarse rápidamente la inmediata aplicación de fórmulas de financiación alternativas, como la que se refiere a tasas sobre transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo a las Naciones Unidas y contenida en la Declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la “Iniciativa contra el hambre y la pobreza”, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los Presidentes Michelle Bachelet, Lula, Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores francés, B. Kouchner.
Los abajo firmantes, miembros y colaboradores de la Fundación Cultura de Paz, instamos al Gobierno y a nuestros representantes parlamentarios a que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente y de la gente merecen ser atendidos con medidas directas que afecten de inmediato a su calidad de vida y también a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de exclusión.
Firmado:
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, y otras seis personas.
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