Como muchos nos temíamos, la decencia campa por su ausencia en la política presuntamente “roja”, de los últimos tiempos. Hoy un nuevo delito de desobediencia se ha producido en territorio español con la colaboración del gobierno, por omisión.
Una vez más los ciudadanos observamos con impotencia y amargura, como los terroristas se apropian de nuestros espacios físicos y legales. Vemos como las víctimas son/somos ignoradas o ninguneadas, mientras algunos obispos critican que se aplique la ley a sus asesinos. Mientras el gobierno moviliza un gran aparato de represión para el expolio de Salamanca a la par que se complace viendo como el terrorismo elude la justicia una vez más. Mientras se arrestan o cesan a los que representan la ley y exigen su aplicación y justicia. Mientras los que amenazan con guerra civil y extorsiones al Estado, que pactan con el terrorismo y que a su vez incumplen la ley y discriminan a parte de los ciudadanos bajo su gestión y supuesto amparo, son obsequiados con privilegios, anticonstitucionales, antidemocráticos, antisociales, con total desprecio a la Nación a la que se deben, con total desprecio al mayor partido de la oposición, con total desprecio a su propia condición de personas.
Me pregunto, repregunto y me vuelvo a preguntar como puede ser que un componente de banda terrorista, como Otegi, haya sido exculpado de una sentencia, de diez años de prisión, recurrida por el FISCAL DEL ESTADO. No por su abogado. No por un abogado de la banda terrorista eta, de la que forma parte. No por un abogado contratado por su familia, o amigos, o de oficio...Por el Fiscal General del Estado.
Por lo que se ve, la nueva misión del Fiscal general del Estado consiste en recurrir las sentencias condenatorias, sobre los que atentan contra el Estado y se manifiestan y organizan actos públicos contra el Estado y prohibidos por el Estado.
Tan sorprendente como las propias palabras del presidente, afirmando: "Yo soy presidente del Gobierno de España y las leyes del parlamento catalán escapan a mi ámbito de responsabilidad". Increíble. Ahora se explica porqué los que sufren las leyes catalanas de la discriminación, indefensión y falta de derechos y libertades quedan fuera del amparo del Estado, aunque esas leyes sean anticonstitucionales. Según el presidente del gobierno de España, esos españoles no son de España, que es donde únicamente, dice él que gobierna. Siendo así qué sentido tiene "mejorar" el estatuto, si el presidente del gobierno de España renuncia a la jurisdicción sobre esa parte de España, desde las competencias que le concede el Estado y la Constitución, para ello.
Habría que analizar si solo Cataluña es la agraciada con tales privilegios de renuncias gubernamentales, rompiendo el principio, democrático y constitucional, de igualdad entre todos los españoles ante la ley; o es extensible a todas las autonomías cuyas leyes son tan legítimas como las catalanas.
Entonces, desde esa perspectiva, habrá que considerar a todas las autonomías en la misma cuerda. Por esa regla de tres podemos concluir que el presidente, no considera a ningún habitante de las autonomías como español abandonándolos a su suerte, según gobierne una gente decente o unos fascistas, como perecen ser sus socios de “gobierno” nacional. Si las leyes autonómicas escapan a su responsabilidad y no reconoce la españolidad de sus ciudadanos ¿Puede explicar este señor sobre qué España cree que gobierna? ¿Puede explicar para qué cree que le hemos elegido y para qué le pagamos? No creerá que es para conchavarse con todo el que le ponga una pistola delante, o le amenace con ponérsela, haciendo piña para expoliar y repartir la Nación.
Por mucho que las apariencias así lo indiquen, debe haber algún error de apreciación... ¿O no...?
Debo estar sufriendo de graves trastornos mentales. Pues yo habría jurado que estas actuaciones, atípicas de cualquier gobierno, de sus fiscales y subvencionados, cuando menos deberían perseguirse como colaboración y apología del terrorismo, prevaricación, dejación de deberes, alta ineptitud y traición a los principios que conforman la Nación.
¿No nos queda nadie que haga cumplir la legalidad? ¿Cuando unos desaprensivos ocupan el Estado ya no hay solución? ¿Puede estar, el Estado, sin gibierno por tiempo indefinido, mientras la Nación se derrumba abandonada por los que la venden por dos reales?
¿No explica la Constitución causas, momento y responsables para cumplir con el deber de, en la estricta aplicación de la ley, evitar el golpe anti Estado que está sufriendo el Estado?
Urge que alguien redireccione la legalidad y estabilice la situación, para sosiego del conjunto ciudadano.
José Mª. Robles
Una vez más los ciudadanos observamos con impotencia y amargura, como los terroristas se apropian de nuestros espacios físicos y legales. Vemos como las víctimas son/somos ignoradas o ninguneadas, mientras algunos obispos critican que se aplique la ley a sus asesinos. Mientras el gobierno moviliza un gran aparato de represión para el expolio de Salamanca a la par que se complace viendo como el terrorismo elude la justicia una vez más. Mientras se arrestan o cesan a los que representan la ley y exigen su aplicación y justicia. Mientras los que amenazan con guerra civil y extorsiones al Estado, que pactan con el terrorismo y que a su vez incumplen la ley y discriminan a parte de los ciudadanos bajo su gestión y supuesto amparo, son obsequiados con privilegios, anticonstitucionales, antidemocráticos, antisociales, con total desprecio a la Nación a la que se deben, con total desprecio al mayor partido de la oposición, con total desprecio a su propia condición de personas.
Me pregunto, repregunto y me vuelvo a preguntar como puede ser que un componente de banda terrorista, como Otegi, haya sido exculpado de una sentencia, de diez años de prisión, recurrida por el FISCAL DEL ESTADO. No por su abogado. No por un abogado de la banda terrorista eta, de la que forma parte. No por un abogado contratado por su familia, o amigos, o de oficio...Por el Fiscal General del Estado.
Por lo que se ve, la nueva misión del Fiscal general del Estado consiste en recurrir las sentencias condenatorias, sobre los que atentan contra el Estado y se manifiestan y organizan actos públicos contra el Estado y prohibidos por el Estado.
Tan sorprendente como las propias palabras del presidente, afirmando: "Yo soy presidente del Gobierno de España y las leyes del parlamento catalán escapan a mi ámbito de responsabilidad". Increíble. Ahora se explica porqué los que sufren las leyes catalanas de la discriminación, indefensión y falta de derechos y libertades quedan fuera del amparo del Estado, aunque esas leyes sean anticonstitucionales. Según el presidente del gobierno de España, esos españoles no son de España, que es donde únicamente, dice él que gobierna. Siendo así qué sentido tiene "mejorar" el estatuto, si el presidente del gobierno de España renuncia a la jurisdicción sobre esa parte de España, desde las competencias que le concede el Estado y la Constitución, para ello.
Habría que analizar si solo Cataluña es la agraciada con tales privilegios de renuncias gubernamentales, rompiendo el principio, democrático y constitucional, de igualdad entre todos los españoles ante la ley; o es extensible a todas las autonomías cuyas leyes son tan legítimas como las catalanas.
Entonces, desde esa perspectiva, habrá que considerar a todas las autonomías en la misma cuerda. Por esa regla de tres podemos concluir que el presidente, no considera a ningún habitante de las autonomías como español abandonándolos a su suerte, según gobierne una gente decente o unos fascistas, como perecen ser sus socios de “gobierno” nacional. Si las leyes autonómicas escapan a su responsabilidad y no reconoce la españolidad de sus ciudadanos ¿Puede explicar este señor sobre qué España cree que gobierna? ¿Puede explicar para qué cree que le hemos elegido y para qué le pagamos? No creerá que es para conchavarse con todo el que le ponga una pistola delante, o le amenace con ponérsela, haciendo piña para expoliar y repartir la Nación.
Por mucho que las apariencias así lo indiquen, debe haber algún error de apreciación... ¿O no...?
Debo estar sufriendo de graves trastornos mentales. Pues yo habría jurado que estas actuaciones, atípicas de cualquier gobierno, de sus fiscales y subvencionados, cuando menos deberían perseguirse como colaboración y apología del terrorismo, prevaricación, dejación de deberes, alta ineptitud y traición a los principios que conforman la Nación.
¿No nos queda nadie que haga cumplir la legalidad? ¿Cuando unos desaprensivos ocupan el Estado ya no hay solución? ¿Puede estar, el Estado, sin gibierno por tiempo indefinido, mientras la Nación se derrumba abandonada por los que la venden por dos reales?
¿No explica la Constitución causas, momento y responsables para cumplir con el deber de, en la estricta aplicación de la ley, evitar el golpe anti Estado que está sufriendo el Estado?
Urge que alguien redireccione la legalidad y estabilice la situación, para sosiego del conjunto ciudadano.
José Mª. Robles
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