El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su desprecio por la seguridad de los españoles al autorizar el atraque y desembarco de un crucero infectado en las Islas Canarias.
A pesar de las graves alertas sanitarias, el Ejecutivo central ha impuesto su decisión frente a la oposición razonada del Gobierno canario, que ve con claridad los riesgos inaceptables que esta medida supone.
Hay razones muy serias para no fiarse de la eficacia del gobierno de Sánchez en una crisis de tanta envergadura y peligro.
Mientras los turistas huyen de destinos asociados a brotes infecciosos, Sánchez prioriza una imagen de “hospitalidad” ficticia antes que proteger la principal industria del archipiélago. Esta imprudencia no es un error, sino la prueba de que el Gobierno que actúa con arrogancia y sin consultar a quienes realmente conocen el territorio y sus vulnerabilidades.
El Gobierno canario ha reaccionado con firmeza y ha pedido una reunión urgente con Sánchez para exigir explicaciones y rectificación. Su rebelión es legítima y necesaria. Canarias vive del turismo de calidad, y la imagen de un crucero infectado desembarcando a cientos de posibles contagiados puede provocar un daño económico devastador.
Hoteles, restaurantes, aerolíneas y miles de familias dependen de la percepción de seguridad sanitaria. Una vez que se asocie Canarias con riesgo sanitario por la negligencia de Moncloa, revertir el daño costará años y millones de euros.
El Ejecutivo regional hace bien en plantar cara a un Gobierno central que trata a las islas como un patio trasero donde descargar problemas.
Con un Gobierno tan mentiroso, corrupto e ineficiente como el de Sánchez, la presencia de infectados en suelo español constituye un peligro real y temible. La falta de transparencia, la manipulación sistemática de la información y la prioridad de la propaganda sobre la verdad y la salud pública convierten esta decisión en una bomba de relojería.
Los canarios y el sector turístico tienen todo el derecho a estar alarmados. Permitir el desembarco no es solidaridad: es irresponsabilidad criminal.
Sánchez está jugando con la salud de la población mundial y con el sustento de cientos de miles de familias por pura soberbia y cálculo político. Canarias no merece pagar las consecuencias de un Ejecutivo que ha convertido la incompetencia en método de gobierno.
Francisco Rubiales
A pesar de las graves alertas sanitarias, el Ejecutivo central ha impuesto su decisión frente a la oposición razonada del Gobierno canario, que ve con claridad los riesgos inaceptables que esta medida supone.
Hay razones muy serias para no fiarse de la eficacia del gobierno de Sánchez en una crisis de tanta envergadura y peligro.
Mientras los turistas huyen de destinos asociados a brotes infecciosos, Sánchez prioriza una imagen de “hospitalidad” ficticia antes que proteger la principal industria del archipiélago. Esta imprudencia no es un error, sino la prueba de que el Gobierno que actúa con arrogancia y sin consultar a quienes realmente conocen el territorio y sus vulnerabilidades.
El Gobierno canario ha reaccionado con firmeza y ha pedido una reunión urgente con Sánchez para exigir explicaciones y rectificación. Su rebelión es legítima y necesaria. Canarias vive del turismo de calidad, y la imagen de un crucero infectado desembarcando a cientos de posibles contagiados puede provocar un daño económico devastador.
Hoteles, restaurantes, aerolíneas y miles de familias dependen de la percepción de seguridad sanitaria. Una vez que se asocie Canarias con riesgo sanitario por la negligencia de Moncloa, revertir el daño costará años y millones de euros.
El Ejecutivo regional hace bien en plantar cara a un Gobierno central que trata a las islas como un patio trasero donde descargar problemas.
Con un Gobierno tan mentiroso, corrupto e ineficiente como el de Sánchez, la presencia de infectados en suelo español constituye un peligro real y temible. La falta de transparencia, la manipulación sistemática de la información y la prioridad de la propaganda sobre la verdad y la salud pública convierten esta decisión en una bomba de relojería.
Los canarios y el sector turístico tienen todo el derecho a estar alarmados. Permitir el desembarco no es solidaridad: es irresponsabilidad criminal.
Sánchez está jugando con la salud de la población mundial y con el sustento de cientos de miles de familias por pura soberbia y cálculo político. Canarias no merece pagar las consecuencias de un Ejecutivo que ha convertido la incompetencia en método de gobierno.
Francisco Rubiales
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