Una de las propuestas estelares del nuevo gobierno socialcomunista andaluz es la creación de un "banco público" que supla en Andalucía las carencias de la banca comercial privada, estigmatizada por la "progresía" como culpable de muchos de los males y ruinas que asolan a la soceidad española. Los incautos andaluces creen que es una buena propuesta porque no la analizan en profundidad. Si lo hicieran, descubrirían que los auténticos culpables del drama financiero son los políticos, que no han controlado a los bancos, como era su deber, y que los mismos que ahora piden un banco público ya tuvieron a su disposición todo un próspero y eficaz sistema bancario, el de las cajas de ahorro andaluzas, que saquearon sin piedad hasta llevarlas a la ruina y la desaparición.
Muchos andaluces, ante la propuesta de una banca pública en Andalucía se preguntan hoy si los políticos la quieren para hacer lo mismo que hicieron con las cajas de ahorro andaluzas, unas instituciones que saquearon y condujeron a la ruina desde que coparon los puestos en sus consejos de administración, junto a sus "colegas" sindicalistas.
El sistema andaluz de cajas de ahorro era pujante y boyante hace apenas dos décadas, pero hoy es una ruina cargada de dramas, deudas y problemas. Las cajas andaluzas, destrozadas por los políticos y sindicalistas, tuvieron que ser intervenidas o abducidas por otras cajas mayores, hasta el punto de que el sistema se esfumó, con miles de millones de euros desaparecidos, y ya sólo queda una, Unicaja, con cierta impronta andaluza, tras el asesinato de joyas como El Monte, Caja San Fernando, Caja Sur, Caja Granada y algunas otras de menor tamaño.
La responsabilidad de políticos y sindicalistas en la ruina del sistema de cajas andaluzas no es una opinión sino un hecho constatado. Los políticos y representantes sindicales, desde sus sillones en los consejos y desde su dominio sobre las obras sociales, han influido sobre los técnicos que dirigían las cajas y los han suplantado para imponer prestamos que no se devolvían a partidos políticos, ayuntamientos y amigos del poder, ayudas irracionales a gente insolvente y créditos que se perdonaban por "influencia" del poder, todo un saqueo organizado por el que, vergonzosamente, nadie ha pagado, a pesar de que lo ocurrido es un delito de expolio y corrupción de extrema gravedad.
Con esos precedentes, sorprende ahora que el nuevo gobierno socialcomunista pida un nuevo banco público, una iniciativa que muchos andaluces, con malicia, interpretan como la creación de otro fondo de dinero para que los políticos puedan también esquilmarlo.
Muchos andaluces, ante la propuesta de una banca pública en Andalucía se preguntan hoy si los políticos la quieren para hacer lo mismo que hicieron con las cajas de ahorro andaluzas, unas instituciones que saquearon y condujeron a la ruina desde que coparon los puestos en sus consejos de administración, junto a sus "colegas" sindicalistas.
El sistema andaluz de cajas de ahorro era pujante y boyante hace apenas dos décadas, pero hoy es una ruina cargada de dramas, deudas y problemas. Las cajas andaluzas, destrozadas por los políticos y sindicalistas, tuvieron que ser intervenidas o abducidas por otras cajas mayores, hasta el punto de que el sistema se esfumó, con miles de millones de euros desaparecidos, y ya sólo queda una, Unicaja, con cierta impronta andaluza, tras el asesinato de joyas como El Monte, Caja San Fernando, Caja Sur, Caja Granada y algunas otras de menor tamaño.
La responsabilidad de políticos y sindicalistas en la ruina del sistema de cajas andaluzas no es una opinión sino un hecho constatado. Los políticos y representantes sindicales, desde sus sillones en los consejos y desde su dominio sobre las obras sociales, han influido sobre los técnicos que dirigían las cajas y los han suplantado para imponer prestamos que no se devolvían a partidos políticos, ayuntamientos y amigos del poder, ayudas irracionales a gente insolvente y créditos que se perdonaban por "influencia" del poder, todo un saqueo organizado por el que, vergonzosamente, nadie ha pagado, a pesar de que lo ocurrido es un delito de expolio y corrupción de extrema gravedad.
Con esos precedentes, sorprende ahora que el nuevo gobierno socialcomunista pida un nuevo banco público, una iniciativa que muchos andaluces, con malicia, interpretan como la creación de otro fondo de dinero para que los políticos puedan también esquilmarlo.
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