Por mucho que el nuevo Ejecutivo del Partido Popular se haya esforzado en justificar la aprobación de una de las mayores subidas de impuestos de nuestra historia aduciendo que España no tenía otra alternativa después de descubrirse una desviación extraordinaria de 20.000 millones en el objetivo de déficit para 2011, nos vemos en la obligación de decir clara y rotundamente que eso no es cierto, que sí existían numerosas alternativas que no pasaban ni por esquilmar a los empresarios, trabajadores e inversores de este país ni por dificultar todavía más nuestras posibilidades de recuperación.
No es cierto que el déficit público deba atajarse simultáneamente subiendo nuestros impuestos a los niveles más altos de Europa y reduciendo gastos de una manera muy insuficiente: cabe la mucho más razonable alternativa de que el ajuste se efectúe por el lado del gasto. En los últimos diez años, los desembolsos de nuestras Administraciones Públicas han crecido en 200.000 millones de euros, alrededor de 2,5 veces el tamaño de nuestro déficit actual.
No es cierto que subir impuestos tenga los mismos efectos que reducir el gasto público: lo primero destruye la cada vez menor riqueza que se le permite generar al sector privado y que mantiene en pie a este país, mientras que lo segundo adelgaza a un Estado sobredimensionado e ineficiente que se encuentra al borde de la suspensión de pagos.
No es cierto que la ciudadanía deba hacerse corresponsable del imprescindible ajuste del déficit público: nuestras familias y nuestras empresas ya se han comportado de manera extremadamente austera durante estos últimos años, mientras que la Administración sigue gastando todavía hoy muy por encima de lo que lo hacía durante la borrachera de ingresos tributarios de la burbuja inmobiliaria.
No es cierto que recortar los gastos vaya a agravar la situación de nuestra economía: al contrario, más allá de los efectos más cortoplacistas sobre el PIB trimestral, sanear las cuentas públicas sin incrementar la tributación de un debilitado sector privado es condición indispensable para que volvamos a crear riqueza y empleo de manera sostenible.
No es cierto que la mayor parte de nuestro presupuesto sea intocable: es menester proceder a una restructuración completa del modelo de Estado, dando mucha más cabida a la iniciativa privada en todos aquellos servicios que hoy presta el sector público con cargo a unos excesivos impuestos y que, en realidad, no sería indispensable que proveyera.
En definitiva, Sr. Presidente, España no necesita impuestos más altos para financiar unas Administraciones Públicas a todas luces desproporcionadas, sino un Estado mucho más austero que se sufrague con unos impuestos notablemente más bajos para así favorecer la generación de riqueza por parte de un sector privado al que, hasta el momento, usted y su partido sólo han contribuido a asfixiar con los tipos impositivos sobre la renta más elevados de Europa.
Hasta el momento, el manifiesto arranca con más de 50 firmas de destacados académicos, directivos y profesionales del periodismo económico españoles, entre los que sobresalen Carlos Rodríguez Braun, Jesús Huerta de Soto, Juan Torras Gómez, Antoni Fernàndez Teixidó, Gabriel Calzada, César Vidal, Miguel Anxo Bastos, Pilar García de la Granja, Carlos Mallo Rodríguez o Antoni Biarnes.
No es cierto que el déficit público deba atajarse simultáneamente subiendo nuestros impuestos a los niveles más altos de Europa y reduciendo gastos de una manera muy insuficiente: cabe la mucho más razonable alternativa de que el ajuste se efectúe por el lado del gasto. En los últimos diez años, los desembolsos de nuestras Administraciones Públicas han crecido en 200.000 millones de euros, alrededor de 2,5 veces el tamaño de nuestro déficit actual.
No es cierto que subir impuestos tenga los mismos efectos que reducir el gasto público: lo primero destruye la cada vez menor riqueza que se le permite generar al sector privado y que mantiene en pie a este país, mientras que lo segundo adelgaza a un Estado sobredimensionado e ineficiente que se encuentra al borde de la suspensión de pagos.
No es cierto que la ciudadanía deba hacerse corresponsable del imprescindible ajuste del déficit público: nuestras familias y nuestras empresas ya se han comportado de manera extremadamente austera durante estos últimos años, mientras que la Administración sigue gastando todavía hoy muy por encima de lo que lo hacía durante la borrachera de ingresos tributarios de la burbuja inmobiliaria.
No es cierto que recortar los gastos vaya a agravar la situación de nuestra economía: al contrario, más allá de los efectos más cortoplacistas sobre el PIB trimestral, sanear las cuentas públicas sin incrementar la tributación de un debilitado sector privado es condición indispensable para que volvamos a crear riqueza y empleo de manera sostenible.
No es cierto que la mayor parte de nuestro presupuesto sea intocable: es menester proceder a una restructuración completa del modelo de Estado, dando mucha más cabida a la iniciativa privada en todos aquellos servicios que hoy presta el sector público con cargo a unos excesivos impuestos y que, en realidad, no sería indispensable que proveyera.
En definitiva, Sr. Presidente, España no necesita impuestos más altos para financiar unas Administraciones Públicas a todas luces desproporcionadas, sino un Estado mucho más austero que se sufrague con unos impuestos notablemente más bajos para así favorecer la generación de riqueza por parte de un sector privado al que, hasta el momento, usted y su partido sólo han contribuido a asfixiar con los tipos impositivos sobre la renta más elevados de Europa.
Hasta el momento, el manifiesto arranca con más de 50 firmas de destacados académicos, directivos y profesionales del periodismo económico españoles, entre los que sobresalen Carlos Rodríguez Braun, Jesús Huerta de Soto, Juan Torras Gómez, Antoni Fernàndez Teixidó, Gabriel Calzada, César Vidal, Miguel Anxo Bastos, Pilar García de la Granja, Carlos Mallo Rodríguez o Antoni Biarnes.
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