Es cierto que el gobierno necesita dinero, pero no todos los caminos que emplea para conseguirlo son éticos. El menos ético y constitucional quizás sea haber convertido las carreteras españolas en espacios para la recaudación masiva.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha llenado las carreteras españolas de radares camuflados para recaudaciones masivas, con los que espera conseguir nada menos que 432 millones de euros en 2010, una cantidad que, sin duda, será superada porque el ritmo de denuncias es trepidante.
Salir a las carreteras españolas es ya una carrera de obstáculos y una aventura siniestra en la que es prácticamente imposible escapar de las trampas que coloca el gobierno para conductores incautos o despistados.
Lo perverso del sistema es que los nuevos radares no están colocados pensando en el bien común, en la seguridad vial o en la educación cívica, sino simplemente en la recaudación. Mientras que los puntos negros de las carreteras, donde los índices de accidentes se disparan, continúan durante años sin ser reformados por la DGT, los nuevos radares se colocan en lugares inverósimiles, incluso en coches de lujo y en falsas obras, sólo para cazar a incautos y para llenar las arcas del Estado, lo que está generando indignación en muchos expertos en derecho, que creen que el ciudadano está siendo perseguido y acosado por el poder público.
En los últimos años, el número de multas no ha hecho más que aumentar. En 2003, las denuncias que interpuso la DGT no fueron más de dos millones cien mil. Pero todo cambió con la entrada del carné por puntos, el 1 de julio de 2006. El año siguiente las denuncias fueron ya más de tres millones y medio.
La escalada de la recaudación es todavía más espectacular. Si en 2005 la cantidad recabada por infracciones al volante fue de 192 millones de euros, la previsión para 2010 es de alcanzar los 432 millones de euros. Teniendo en cuenta que estos últimos tres años, 2007, 2008 y 2009, la DGT ha superado sus propias expectativas de recaudación en 96, 108 y 124 millones respectivamente, cabe esperar que la recaudación de 2010 sea bastante mayor a los 432 millones de euros previstos.
Los últimos radares son verdaderas trampas que no se explican desde la óptica de la seguridad vial. La más terrible, aparentemente, un inocente indicador de desvío por obras, es realmente un radar encubierto que está siendo colocado precisamente en esas zonas de obras de mantenimiento donde hay limitaciones de 20 Km/h o de 30 Km/h y cazan como moscas a los que van a la deslumbrante y peligrosa velocidad de 40 ó 50 Km/h y le atizan 200 euros y un par de puntos. Si pasas, por no haber coches delante, a 80 ó 90 Km/h, la multa puede ser más alta que el valor del coche.
El ciudadano, ante este tipo de comportamiento del gobierno, empieza a mirar al Estado como su adversario, no como aliado. Realmente es difícil identificar a ciertos gobiernos depredadores con lo que deberían ser en democracia: una institución común, creada por los ciudadanos para la defensa de la convivencia, los valores, los derechos, los deberes, la justicia y el bien común.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha llenado las carreteras españolas de radares camuflados para recaudaciones masivas, con los que espera conseguir nada menos que 432 millones de euros en 2010, una cantidad que, sin duda, será superada porque el ritmo de denuncias es trepidante.
Salir a las carreteras españolas es ya una carrera de obstáculos y una aventura siniestra en la que es prácticamente imposible escapar de las trampas que coloca el gobierno para conductores incautos o despistados.
Lo perverso del sistema es que los nuevos radares no están colocados pensando en el bien común, en la seguridad vial o en la educación cívica, sino simplemente en la recaudación. Mientras que los puntos negros de las carreteras, donde los índices de accidentes se disparan, continúan durante años sin ser reformados por la DGT, los nuevos radares se colocan en lugares inverósimiles, incluso en coches de lujo y en falsas obras, sólo para cazar a incautos y para llenar las arcas del Estado, lo que está generando indignación en muchos expertos en derecho, que creen que el ciudadano está siendo perseguido y acosado por el poder público.
En los últimos años, el número de multas no ha hecho más que aumentar. En 2003, las denuncias que interpuso la DGT no fueron más de dos millones cien mil. Pero todo cambió con la entrada del carné por puntos, el 1 de julio de 2006. El año siguiente las denuncias fueron ya más de tres millones y medio.
La escalada de la recaudación es todavía más espectacular. Si en 2005 la cantidad recabada por infracciones al volante fue de 192 millones de euros, la previsión para 2010 es de alcanzar los 432 millones de euros. Teniendo en cuenta que estos últimos tres años, 2007, 2008 y 2009, la DGT ha superado sus propias expectativas de recaudación en 96, 108 y 124 millones respectivamente, cabe esperar que la recaudación de 2010 sea bastante mayor a los 432 millones de euros previstos.
Los últimos radares son verdaderas trampas que no se explican desde la óptica de la seguridad vial. La más terrible, aparentemente, un inocente indicador de desvío por obras, es realmente un radar encubierto que está siendo colocado precisamente en esas zonas de obras de mantenimiento donde hay limitaciones de 20 Km/h o de 30 Km/h y cazan como moscas a los que van a la deslumbrante y peligrosa velocidad de 40 ó 50 Km/h y le atizan 200 euros y un par de puntos. Si pasas, por no haber coches delante, a 80 ó 90 Km/h, la multa puede ser más alta que el valor del coche.
El ciudadano, ante este tipo de comportamiento del gobierno, empieza a mirar al Estado como su adversario, no como aliado. Realmente es difícil identificar a ciertos gobiernos depredadores con lo que deberían ser en democracia: una institución común, creada por los ciudadanos para la defensa de la convivencia, los valores, los derechos, los deberes, la justicia y el bien común.
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