Afortunadamente, parece que los principes de Asturias han decidido dedicar a fines sociales la herencia de 30 millones de europs recibida de un empresario balear. De no haberlo hecho así, se habrían colocado a la altura de la casta política española, en general poco escrupulosa y manchada de corrupción.
Sin embargo, falta más claridad y seguridad en la información. A pesar de que se ha emitido un comunicado en el que se dice que los Príncipes de Asturias dedicarán a fines sociales la herencia que les ha legado el empresario, no se sabe si destinarán a fines sociales toda la herencia o sólo el 50 por ciento que, según la voluntad del donante, debería emplearse en una fundación benéfica.
Esperamos que el destino social afecte a toda la herencia. Es evidente que si los príncipes son demócratas y dignos, no pueden aceptarla, aunque la deficiente legislación española se lo permita, porque es una herencia legada en virtud del cargo público que ostentan.
En una España tan podrida como la nuestra, podrían haberla aceptado sin otra consecuencia que el asco de los verdaderos ciudadanos, pero su deber democrático es rechazarla, entregarla al Patrimonio del Estado o garantizar que toda ella se emplea en fines sociales.
Aceptarla para agregarla a su propio patrimonio representaría una decisión legal, pero sucia y a la altura de la corrupción que reina en la España de la partitocracia, mundialmente considerada ya como un bodrio deleznable, antidemocrático y claramente rechazado por la ciudadanía.
No es un asunto superficial, sino medular. Si los príncipes, que son una emanación de la Jefatura del Estado, hubieran aceptado la herencia para incrementar su patrimonio o el de la Corona, habrían demostrado estar a la misma altura que los partidos políticos que se financian ilegalmente y de aquellos políticos que se enriquecen gracias al cargo que ostentan.
Sin embargo, falta más claridad y seguridad en la información. A pesar de que se ha emitido un comunicado en el que se dice que los Príncipes de Asturias dedicarán a fines sociales la herencia que les ha legado el empresario, no se sabe si destinarán a fines sociales toda la herencia o sólo el 50 por ciento que, según la voluntad del donante, debería emplearse en una fundación benéfica.
Esperamos que el destino social afecte a toda la herencia. Es evidente que si los príncipes son demócratas y dignos, no pueden aceptarla, aunque la deficiente legislación española se lo permita, porque es una herencia legada en virtud del cargo público que ostentan.
En una España tan podrida como la nuestra, podrían haberla aceptado sin otra consecuencia que el asco de los verdaderos ciudadanos, pero su deber democrático es rechazarla, entregarla al Patrimonio del Estado o garantizar que toda ella se emplea en fines sociales.
Aceptarla para agregarla a su propio patrimonio representaría una decisión legal, pero sucia y a la altura de la corrupción que reina en la España de la partitocracia, mundialmente considerada ya como un bodrio deleznable, antidemocrático y claramente rechazado por la ciudadanía.
No es un asunto superficial, sino medular. Si los príncipes, que son una emanación de la Jefatura del Estado, hubieran aceptado la herencia para incrementar su patrimonio o el de la Corona, habrían demostrado estar a la misma altura que los partidos políticos que se financian ilegalmente y de aquellos políticos que se enriquecen gracias al cargo que ostentan.
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