¿Que es eso de "magistrados progresistas" y "magistrados conservadores"? Los magistrados deben ser sólo magistrados, sabios, independientes y ecuánimes aplicando la ley. Me consta que los partidos políticos, la Fiscalía y los grandes poderes, cuando presentan sus denuncias y casos, se fijan muy bien en los turnos de jueces para que sea juzgado por uno de la propia cuerda. ¿Cómo es posible que los magistrados progresistas del Constitucional hayan legalizado a BILDU, aplicando las mismas leyes que han servido para que los magistrados conservadores se pronuncien por su ilegalizacion? ¿No es la ley, como dicen la Constitución y la democracia, "una e igual para todos"? Al parecer no es así porque si te juzga un juez de tu cuerda, te salvas, mientras que si es del bando contrario, te hunde. Leo que SORTU, otro nido de proetarras, pedirá al Tribunal Constitucional ser legalizada, utilizando los mismos argumentos que usó BILDU. Sus responsables confian en que los "magistrados progresistas" les abran las puertas de las instituciones. El último drama amenazante es que los jueces progresistas del Tribunal Constitucional pretenden derogar la llamada "doctrina Parot", lo que dejaría en libertad a numerosos etarras encarcelados.
Pedro Pacheco, cuando era alcalde de Jerez de la Frontera, alcanzó la fama en los años ochenta tras pronunciar en 1984 la frase "La Justicia es un cachondeo". Aquella sentencia, oportuna y escandalizadora en su momento, mantiene hoy toda su vigencia e, incluso, se queda corta, después de analizar el comportamiento sectario y parcial de la Fiscalía General del Estado, las sentencias de los altos tribunales del Estado y la impunidad vergonzosa que, en la práctica, disfrutan muchos políticos españoles delincuentes.
La corrupción en España ha alcanzado niveles alarmantes y está incrustada en el corazón del Estado. Es una corrupción nuclear, no periférica, y tiene el agravante de que ha minado, primero, a la clase política y que han sido los políticos, desde las instituciones, los que han infectado a la sociedad. La española, a diferencia de la italiana y la de otros muchos países del mundo, es una corrupción que tiene su origen en la cúspide, no en la base de la sociedad, hasta el punto de que es lícito afirmar que España no tiene el gobierno y la clase política que se merece, sino unas mucho más sucias y peores.
El nivel que la corrupción ha alcanzado en la Junta de Andalucía es espeluznante, no sólo por los escándalos que está conociendo ahora la opinión pública, como el de los EREs trucados, gracias a los cuales socialistas y ugetistas cobraron pensiones y gratificaciones, financiadas con dinero público, de empresas en las que nunca habían trabajado, o la de los fondos europeos para el empleo, robados o malversados por políticos socialistas, sino por las muchas corrupciones que no han salido todavía la luz pública, pero que un día serán conocidas, causando pavor, lástima y asco a millones de ciudadanos españoles y del mundo entero.
Entre esas corrupciones todavía ocultas figuran contratos públicos amañados, subvenciones apañadas, listas negras de empresarios y empresas a las que, en contra de la Constitución, se les han vetado las subvenciones y contratos públicos, comisiones cobradas por los partidos y sus representantes, deudas condonadas por la banca a cambio de favores, regalos de viviendas a políticos y funcionarios públicos, utilización del dinero público para doblegar voluntades, comprar votos y realizar pactos contra natura, sin otro fin que conservar el poder, contrataciones ilegales, amiguismo masivo, clientelismo, nepotismo, enchufismo, creación de empresas públicas para burlar los controles de los tribunales de cuentas, endeudamiento ilegal, despilfarro delictivo, censura y cientos de atropellos y desmanes que el poder ha practicado en España, a rítmo diario, demostrando hasta la saciedad de que la clase política ha asesinado la democracia y la ha sustituido por una dictadura encubierta de partidos políticos prácticamente impunes e inmunes.
El silencio de los jueces, la doble vara de medir que utiliza la Fiscalia, el nombramiento de jueces y magistados por parte de los partidos políticos y el control efectivo de los grandes tribunales por parte de los partidos políticos son escándalos ya visibles pero cuyas dimensiones horrendas no han sido todavía percibidas por la sociedad.
Cuando toda la miseria que encierra la política española sea conocida, descubriremos con espanto que España es un país tan corrupto como Nicaragua, Marruecos o Venezuela y que su infección corrupta solo es inferior a las de países como el patético Haití, el Zimbawe del canalla Robert Mugabe o la Guinea Ecuatorial del sanguinario Obiang.
Aquella denuncia de Pedro Pacheco, por la que estuvo a punto de ser procesado, no sirvió para nada. La Justicia española, ya infectada por la política, siguió su lamentable curso histórico, hasta convertirse en lo que hoy es, un muñón podrido del cuerpo leproso del Estado español.
Hechos como la impunidad de ladrones políticos que, por sus hechos, deberían estar en la cárcel, el enriquecimiento inexplicable de miles de políticos españoles, de todos los partidos del arco parlamentario, la aplicación de la justicia "según convenga a la jugada", como afirmó aquel ministro socialista Bermejo, por fortuna destituido, aunque todavía con sillón en las Cortes, la oscuridad que todavía cubre la matanza del 11 M, el mayor atentado de la historia del país, las ventajas judiciales dispensadas a ciertos etarras, la pasividad de los tribunales ante miles de delitos con cariz político y otros muchos dramas y atentados contra la decencia que en cualquier país verdaderamente democrático habrían sido castigados con cárcel, demuestran que la justicia, en España, ya, más que un cachondeo, es un atentado contra la decencia y contra el mismo corazón del Estado de Derecho.
La Justicia y la misma democracia se basan en la confianza de los ciudadanos en el sistema, una confianza que, en España, evidentemente, ha desaparecido. Sin confianza en las instituciones y en el sistema, la democracia se torna opresión y pierde la legitimidad. Los ciudadanos, en democracia, se autodotan de leyes. Cuendo existe un divorcio entre las leyes y los criterios y sentimientos de los ciudadanos, es evidente que el sistema está enfermo.
Pedro Pacheco, cuando era alcalde de Jerez de la Frontera, alcanzó la fama en los años ochenta tras pronunciar en 1984 la frase "La Justicia es un cachondeo". Aquella sentencia, oportuna y escandalizadora en su momento, mantiene hoy toda su vigencia e, incluso, se queda corta, después de analizar el comportamiento sectario y parcial de la Fiscalía General del Estado, las sentencias de los altos tribunales del Estado y la impunidad vergonzosa que, en la práctica, disfrutan muchos políticos españoles delincuentes.
La corrupción en España ha alcanzado niveles alarmantes y está incrustada en el corazón del Estado. Es una corrupción nuclear, no periférica, y tiene el agravante de que ha minado, primero, a la clase política y que han sido los políticos, desde las instituciones, los que han infectado a la sociedad. La española, a diferencia de la italiana y la de otros muchos países del mundo, es una corrupción que tiene su origen en la cúspide, no en la base de la sociedad, hasta el punto de que es lícito afirmar que España no tiene el gobierno y la clase política que se merece, sino unas mucho más sucias y peores.
El nivel que la corrupción ha alcanzado en la Junta de Andalucía es espeluznante, no sólo por los escándalos que está conociendo ahora la opinión pública, como el de los EREs trucados, gracias a los cuales socialistas y ugetistas cobraron pensiones y gratificaciones, financiadas con dinero público, de empresas en las que nunca habían trabajado, o la de los fondos europeos para el empleo, robados o malversados por políticos socialistas, sino por las muchas corrupciones que no han salido todavía la luz pública, pero que un día serán conocidas, causando pavor, lástima y asco a millones de ciudadanos españoles y del mundo entero.
Entre esas corrupciones todavía ocultas figuran contratos públicos amañados, subvenciones apañadas, listas negras de empresarios y empresas a las que, en contra de la Constitución, se les han vetado las subvenciones y contratos públicos, comisiones cobradas por los partidos y sus representantes, deudas condonadas por la banca a cambio de favores, regalos de viviendas a políticos y funcionarios públicos, utilización del dinero público para doblegar voluntades, comprar votos y realizar pactos contra natura, sin otro fin que conservar el poder, contrataciones ilegales, amiguismo masivo, clientelismo, nepotismo, enchufismo, creación de empresas públicas para burlar los controles de los tribunales de cuentas, endeudamiento ilegal, despilfarro delictivo, censura y cientos de atropellos y desmanes que el poder ha practicado en España, a rítmo diario, demostrando hasta la saciedad de que la clase política ha asesinado la democracia y la ha sustituido por una dictadura encubierta de partidos políticos prácticamente impunes e inmunes.
El silencio de los jueces, la doble vara de medir que utiliza la Fiscalia, el nombramiento de jueces y magistados por parte de los partidos políticos y el control efectivo de los grandes tribunales por parte de los partidos políticos son escándalos ya visibles pero cuyas dimensiones horrendas no han sido todavía percibidas por la sociedad.
Cuando toda la miseria que encierra la política española sea conocida, descubriremos con espanto que España es un país tan corrupto como Nicaragua, Marruecos o Venezuela y que su infección corrupta solo es inferior a las de países como el patético Haití, el Zimbawe del canalla Robert Mugabe o la Guinea Ecuatorial del sanguinario Obiang.
Aquella denuncia de Pedro Pacheco, por la que estuvo a punto de ser procesado, no sirvió para nada. La Justicia española, ya infectada por la política, siguió su lamentable curso histórico, hasta convertirse en lo que hoy es, un muñón podrido del cuerpo leproso del Estado español.
Hechos como la impunidad de ladrones políticos que, por sus hechos, deberían estar en la cárcel, el enriquecimiento inexplicable de miles de políticos españoles, de todos los partidos del arco parlamentario, la aplicación de la justicia "según convenga a la jugada", como afirmó aquel ministro socialista Bermejo, por fortuna destituido, aunque todavía con sillón en las Cortes, la oscuridad que todavía cubre la matanza del 11 M, el mayor atentado de la historia del país, las ventajas judiciales dispensadas a ciertos etarras, la pasividad de los tribunales ante miles de delitos con cariz político y otros muchos dramas y atentados contra la decencia que en cualquier país verdaderamente democrático habrían sido castigados con cárcel, demuestran que la justicia, en España, ya, más que un cachondeo, es un atentado contra la decencia y contra el mismo corazón del Estado de Derecho.
La Justicia y la misma democracia se basan en la confianza de los ciudadanos en el sistema, una confianza que, en España, evidentemente, ha desaparecido. Sin confianza en las instituciones y en el sistema, la democracia se torna opresión y pierde la legitimidad. Los ciudadanos, en democracia, se autodotan de leyes. Cuendo existe un divorcio entre las leyes y los criterios y sentimientos de los ciudadanos, es evidente que el sistema está enfermo.
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