Los políticos del PP, con Rajoy a la cabeza, arrogantes e incapaces de reconocer sus errores, dicen que el rechazo que experimentan por parte de los ciudadanos se debe a que ellos "no saben comunicar", pero eso es falso y con esa afirmación evitan reconocer la verdad de que lo que no saben es gobernar un país con acierto y decencia democrática.
La excusa de la comunicación deficiente ha sido utilizada reiteradamente por todos los gobernantes españoles desde 1978 hasta hoy para ocultar sus errores y carencias. Lo que ellos llaman "errores de comunicación" son en realidad errores de liderazgo y carencias democráticas. Los ciudadanos les rechazan no porque expliquen mal o no expliquen lo que hacen, sino porque mienten, engañan, adoptan medidas erróneas o secundarias mientras se niegan a adoptar las que los ciudadanos exigen.
Cuando un gobierno pierde popularidad o un partido retrocede, siempre dice que "vende mal", que tiene que revisar su estrategia de comunicación, cuando lo que debe revisar es su comportamiento general y su política. Ocurrió con el PSOE en los peores momentos de Zapatero, cuando los socialistas perdían apoyos de manera intensa, y está ocurriendo con el PP en la actualidad.
Conscientes de su retroceso y de su intenso deterioro, el PP se ha reunido para revisar su "comunicación" y ha pedido a sus ministros que se lancen a la calle a explicar lo que hacen. En realidad, lo que están diciendo es que deben mentir mejor, ya que la verdad, en países tan democráticamente degradados como España, parece estar reñida con el poder.
Rajoy está perdiendo adhesiones y apoyos de manera veloz y sangrante. En la última encuesta de El Mundo, perdía 5.5 puntos y el 47 por ciento de los españoles declaraba tener una opinión negativa de su gobierno. La causa no es, como dicen los políticos del PP, "problemas de comunicación", sino carencias democráticas, traiciones y decisiones que no son las que el pueblo exige y espera.
La última traición ha sido romper la promesa electoral de que los autónomos y pymes pagarían el IVA solo cuando lo cobraran efectivamente. El PP acaba de votar en el Congreso para que esa injusta norma siga vigente, decepcionando e irritando así a los muchos ciudadanos que les votaron influidos por aquella justa y decente promesa del programa electoral.
Es cierto que el gobierno de Rajoy ha emprendido numerosas reformas en sus 5 meses de vida, muchas más que Zapatero en sus 7 años de gobierno, pero los ciudadanos siguen esperando que adopte las dos reformas cruciales que el país necesita para salir de la crisis: disminuir drásticamente el tamaño del Estado, que hoy, plagado de políticos parásitos cobrando de las arcas públicas, es injusto e insostenible, y combatir de una vez la corrupción, acabando con la impunidad de los políticos, castigando a los delincuentes que han robado y roban desde el poder y garantizando una Justicia independiente, capaz de aplicar las leyes con el rigor que exigen las circunstancias.
No es un problema de comunicación el que tiene Rajoy,m sino un problema de democracia. Su forma de gobernar no es democrática porque es ajena a los deseos y criterios de la mayoría de los ciudadanos, a los que decepciona y frustra constantemente con sus decisiones políticas.
Si el PP realizara un referendum a escala nacional sobre las urgencias del país, saldría en primer lugar el castigo de los delincuentes políticos que han robado, especialmente aquellos que han saqueado impunemente las cajas de ahorro, seguido, en segundo lugar, de un profundo adelgazamiento del Estado que acabe con la injusticia indecente de que España tenga colocados en el Estado al doble de políticos que Italia y a mas políticos que Francia y Alemania juntas, todo un abuso de poder que el ciudadano rechaza con indignación y razón. También aparecerían otras exigencias que Rajoy, por falta de convicción democrática y de agallas, es incapaz de acometer, como el fin inmediato de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales y el cierre de las costosas e inútiles televisiones autonómicas, así como la desaparición de las diputaciones provinciales y de miles de instituciones y empresas públicas superfluas, que no cumplen otra misión que la de proporcionar sueldos a políticos inútiles, que no aportan nada al bien común y al interés general y que sólo están cobrando porque los partidos políticos necesitan mantener su inmunda red clientelar.
Lo de los "problemas de comunicación" es una gran mentira sin sentido, inventada, como otras muchas, para manipular y ocultar la verdad a la sociedad, lo que evidencia, una vez más, el comportamiento antidemocrático y contrario al interés general de los partidos políticos y de la fracasada "casta" política española.
La excusa de la comunicación deficiente ha sido utilizada reiteradamente por todos los gobernantes españoles desde 1978 hasta hoy para ocultar sus errores y carencias. Lo que ellos llaman "errores de comunicación" son en realidad errores de liderazgo y carencias democráticas. Los ciudadanos les rechazan no porque expliquen mal o no expliquen lo que hacen, sino porque mienten, engañan, adoptan medidas erróneas o secundarias mientras se niegan a adoptar las que los ciudadanos exigen.
Cuando un gobierno pierde popularidad o un partido retrocede, siempre dice que "vende mal", que tiene que revisar su estrategia de comunicación, cuando lo que debe revisar es su comportamiento general y su política. Ocurrió con el PSOE en los peores momentos de Zapatero, cuando los socialistas perdían apoyos de manera intensa, y está ocurriendo con el PP en la actualidad.
Conscientes de su retroceso y de su intenso deterioro, el PP se ha reunido para revisar su "comunicación" y ha pedido a sus ministros que se lancen a la calle a explicar lo que hacen. En realidad, lo que están diciendo es que deben mentir mejor, ya que la verdad, en países tan democráticamente degradados como España, parece estar reñida con el poder.
Rajoy está perdiendo adhesiones y apoyos de manera veloz y sangrante. En la última encuesta de El Mundo, perdía 5.5 puntos y el 47 por ciento de los españoles declaraba tener una opinión negativa de su gobierno. La causa no es, como dicen los políticos del PP, "problemas de comunicación", sino carencias democráticas, traiciones y decisiones que no son las que el pueblo exige y espera.
La última traición ha sido romper la promesa electoral de que los autónomos y pymes pagarían el IVA solo cuando lo cobraran efectivamente. El PP acaba de votar en el Congreso para que esa injusta norma siga vigente, decepcionando e irritando así a los muchos ciudadanos que les votaron influidos por aquella justa y decente promesa del programa electoral.
Es cierto que el gobierno de Rajoy ha emprendido numerosas reformas en sus 5 meses de vida, muchas más que Zapatero en sus 7 años de gobierno, pero los ciudadanos siguen esperando que adopte las dos reformas cruciales que el país necesita para salir de la crisis: disminuir drásticamente el tamaño del Estado, que hoy, plagado de políticos parásitos cobrando de las arcas públicas, es injusto e insostenible, y combatir de una vez la corrupción, acabando con la impunidad de los políticos, castigando a los delincuentes que han robado y roban desde el poder y garantizando una Justicia independiente, capaz de aplicar las leyes con el rigor que exigen las circunstancias.
No es un problema de comunicación el que tiene Rajoy,m sino un problema de democracia. Su forma de gobernar no es democrática porque es ajena a los deseos y criterios de la mayoría de los ciudadanos, a los que decepciona y frustra constantemente con sus decisiones políticas.
Si el PP realizara un referendum a escala nacional sobre las urgencias del país, saldría en primer lugar el castigo de los delincuentes políticos que han robado, especialmente aquellos que han saqueado impunemente las cajas de ahorro, seguido, en segundo lugar, de un profundo adelgazamiento del Estado que acabe con la injusticia indecente de que España tenga colocados en el Estado al doble de políticos que Italia y a mas políticos que Francia y Alemania juntas, todo un abuso de poder que el ciudadano rechaza con indignación y razón. También aparecerían otras exigencias que Rajoy, por falta de convicción democrática y de agallas, es incapaz de acometer, como el fin inmediato de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales y el cierre de las costosas e inútiles televisiones autonómicas, así como la desaparición de las diputaciones provinciales y de miles de instituciones y empresas públicas superfluas, que no cumplen otra misión que la de proporcionar sueldos a políticos inútiles, que no aportan nada al bien común y al interés general y que sólo están cobrando porque los partidos políticos necesitan mantener su inmunda red clientelar.
Lo de los "problemas de comunicación" es una gran mentira sin sentido, inventada, como otras muchas, para manipular y ocultar la verdad a la sociedad, lo que evidencia, una vez más, el comportamiento antidemocrático y contrario al interés general de los partidos políticos y de la fracasada "casta" política española.
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