En total acuerdo con la vida que va a nacer y con que esa ley vaya al carajo.

Firmado y enviado el enlace a todos mis amigos y referencias que tengo.con el siguiente texto:

Querido amigo:

Hablar solamente no es sufiente porque ellos tienen altavoces.
Opinar en corrillos no es bastante cuando ellos poseen la prensa
Pero internet la dominas tú y un clic representa tu voluntad.

Lee la carta y decide. Pregunta a tus familiares y amigos.

http://majestadnofirme.com/?page_id=30

Tara

Yo firmo, pero no porque esté encontra del aborto, sino por la burrada de ley que nos presentan. Esta nueva ley no va a solucionar en absoluto las irregularidades que existían con la anterior, al reves va a perjudicar a muchisimas adolescentes que ahora podrán consumir pastillas sin control médico. De ley de salud sexual no tiene absolutamente nada.
Además una ley sobre el aborto no soluciona nada sino hay detras una buena educación sexual (y no se trata de dar cursos de como masturbarse y de lo bien que se lo pasa uno haciédolo y conociéndosee a si mismo) al reves sirve de filtro para las irresponsabilidad de muchos adolescentes que mantienen relaciones desde muy tempranada edad.

Leida la carta y mi firma con dicha petición. estoy enviando el enlace a todos mis amigos y conocidos.

RUSIA LIMITA LA PUBLICIDAD DEL ABORTO

20 de diciembre, 2009

Rusia restringe a partir de hoy domingo la publicidad del aborto con el fin de reducir los abortos entre adolescentes, que suponen el 20 por ciento de los que se practican en todo el país. .....


Según un sondeo del comité parlamentario para Asuntos Familiares, de la Mujer y de la Infancia, muchas jóvenes creen que el aborto no supone peligro alguno para su salud y se ven atraídas por anuncios sobre una interrupción del embarazo "RÁPIDA, BARATA Y SEGURA" .........

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/lanaciones/rusia-limita-publicidad-del-aborto


http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/lanaciones/rusia-limita-public...

No creo en las bondades del actual monarca. Ni tampoco que aún cuando estuviese de su mano, fuese a hacer nada en una cuestión como el aborto. Tampoco lo hará la oposición, si algún día alcanza el poder.

Tampoco es la Monarquía, dicho sea de paso, y sea cual sea la forma bajo la que se presente, mi idea de Estado; me inclino por la República con absoluta claridad.

Sin embargo, es un tema interesante el planteado por “Otro”, y lamento que ningún experto en Derecho Constitucional nos haya aclarado la cuestión. Por el momento, y a la espera de voces más autorizadas al respecto, aportaré mi opinión.

Dice la Constitución Española en su artículo 62, que “Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Por tanto, las Leyes aprobadas por las Cortes Generales no son eficaces hasta que reciben la Sanción Real y la promulgación de orden del Rey que, además, decreta su inmediata publicación.

En la vigente Constitución española, la Monarquía parlamentaria queda formalizada en los términos que se recogen en el Título Preliminar, artículo 1, punto 3: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.

El Rey está obligado en todo caso a sancionar la ley aprobada por el Parlamento; y deberá hacerlo como ordena el artículo 91 de la propia Constitución: “El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.”

Lo que sí es cierto, es que esta sanción y promulgación es, como los demás actos del Rey, un acto sobre el cual el Monarca no puede deliberar ni decidir, por lo que en principio queda excluido un posible derecho del Rey a vetar un proyecto de Ley aprobado por las Cortes Generales.

La sanción pasa a ser una función nominal, vaciada de contenido real, en el sentido de estar desprovista de cualquier atisbo de veto absoluto o meramente suspensivo. El acto de la sanción es acto debido, sin que la discrepancia del Rey con el texto pueda ir más allá de su propia conciencia interna.

La cuestión teórica de si el Rey puede negarse a sancionar leyes inconstitucionales, o que repugnen sus convicciones, ha sido planteada por algunos autores como el profesor D. Ángel Menéndez Rexach en su libro “La jefatura del Estado en el Derecho público español”, el magistrado D. Luis López Guerra en su libro de “Derecho Constitucional”, o el catedrático de Derecho Constitucional D. Antonio Torres del Moral en su libro “Monarquí y Constitución”, sin olvidar a D. Jorge de Esteban, D. Miguel Herrero y Rodriguez de Miñón, o D. Ignacio de Otto, entre otros cuya lista sería interminable.

A diferencia de los poderes otorgados a otras monarquías, la vigente Constitución española ha tasado las funciones del Rey; incluso podría añadirse que se trata de potestades regladas ya que no hay atribuciones regias fuera del ámbito de los artículos 56.1, 61, 62 y 63, quedando las condiciones de su ejercicio definidas; por esto debe interpretarse el último inciso del artículo 56.1"... y ejerce las funciones que le atribuye ''expresamente'' la Constitución y las leyes", no como cláusula residual sino todo lo contrario, como un límite a las atribuciones regias: fuera de la norma constitucional y en su caso de las leyes, no existen potestades regias.

Se pueden articular las atribuciones del Rey en 5 grupos:

1.- Funciones persuasivas o de influencia, derivadas de su "status" como Jefe del Estado, referidas en el artículo 56.1 y apartados h), i) y j) del artículo 62. Son atribuciones ancladas en su "auctoritas" que se ejercitan con independencia de cualquier otro poder u órgano del Estado.
2.- Atribuciones del artículo 62, apartados a) al g), que son de naturaleza "relacional", a través de las cuales se complementan o perfeccionan actos de otros órganos del Estado.
3.- Función internacional del Rey a que se refiere el artículo 56.1 en relación con el artículo 63.
4.- Funciones y actos privados a que se alude en el artículo 65.
5.- Potestad implícita derivada del acto de proclamación y juramento contenida en el artículo 61.1 ("guardar y hacer guardar la Constitución"), y que consiste en la función de "guarda constitucional".

El Constituyente ha huido de cualquier rótulo al establecer las funciones del Rey; los artículos 62 y 63 recogen la expresión "corresponde al Rey" o al "Rey corresponde"; se omiten deliberadamente expresiones tales como poderes, competencias, etc. Parece que tras esa actitud está la idea de eliminar toda noción de prerrogativa como idea consustancial con la Monarquía parlamentaria proclamada en el punto 3 del artículo 1 mencionado con anterioridad.

Y en todo caso el vocablo "expedir" con el que comienza el apartado f) del artículo 62, deja a las claras que se trata de una "función-deber", sin que le sea dado al Rey cuestionar, por ejemplo, el estampado de su firma, so pretexto de vicios o irregularidades en la norma aprobada en Consejo de Ministros.

Uno de los rasgos más característicos de la Monarquía parlamentaria es la irresponsabilidad del Jefe del Estado; y esa irresponsabilidad comporta la no oposición del Rey hacia los actos aprobatorios de los sujetos que refrendan, que son los que se hacen responsables de sus actuaciones.

No obstante, es un hecho admitido por la opinión mayoritaria (casi unánime) de los juristas que no hay forma jurídica posible de obtener la validez de una Ley a la que el Rey pudiera hipotéticamente negar su Sanción, ni existe modo jurídico alguno de compelerle a sancionarla.

Por tanto, llegado el caso, podríamos decir que un proyecto no se convertirá en Ley porque carece de la Sanción Real, a pesar de haber sido aprobado por las Cortes

Aunque, por otra parte, un hipotético enfrentamiento entre el Rey y el Gobierno por una negativa del primero a expedir un Decreto aprobado en Consejo de Ministros, supondría una quiebra en las potestades que la Constitución atribuye al Gobierno en el artículo 97.

La paradoja de todo ésto es que yo sí era favorable al aborto, pero considerando que la ley actual (la que acaban de derogar), ya era suficiente, incluyendo el laxo supuesto de "angustia para la madre" (no sé si era literalmente así). Lo que no puedo estar jamás a favor es el culto de la muerte, la ideología de la trituradora. Lo siguiente será la eutanasia "voluntaria" y por decreto. Ahí está el carnicero Doctor (?) Montes (ese tipo me recuerda a Joseph Mengele, o a cualquier "científico" del Gulag soviético), con la inyección preparada...