A pesar de la crisis, por voluntad expresa de un Zapatero nocivo y descontrolado, la factura del gasto público español sigue subiendo sin control. Los más de tres millones de funcionarios, a los que hay que agregar los más de 300.000 enchufados, amiguetes y beneficiados del poder, todos ellos pagados por el Estado, exigen que cada español sea acribillado con una lluvia de impuestos directos e indirectos. La España actual se ha convertido en un país injusto, desequilibrado y con una casta política que pesa como una losa de plomo y aplasta al sufrido ciudadano, cada día más explotado y marginado del proceso de toma de decisiones.
Esa es la realidad española que retrataba el diario Expansión en su edición del 11 de mayo de 2009, cuando desmenuzaba en su portada los inmensos impuestos que cada trabajador español está obligado a pagar para sostener la impúdica y desmesurada maquinaria de un Estado tan irracional y monstruoso como insostenible e ineficiente. Cada español que trabaja tiene que pagar 4.471euros al año para mantener la masa de funcionarios, que cuestan más del 10 por ciento del PIB. A esa cantidad debe agregar la de los enchufados, familiares y amigos del poder, muchos de ellos camuflados en partidas presupuestarias opacas que suelen escapar a todo control.
La España de Zapatero, diseñada y construida en tiempos de gran prosperidad, representa hoy un lastre insoportable para el país, pero los políticos, temerosos de perder popularidad y votos, son incapaces de rediseñar un Estado irracional que está llevándonos a la tumba como país próspero y como sociedad avanzada.
La desmesura del Estado español hace que, para mantenerlo, tengamos que pagar demasiados impuestos, lo que repercute negativamente en la competitividad, en la salud de las empresas, en las economías familiares y en la felicidad de los españoles, que, al sentirse cada día más "oprimidos" por el poder político, se desligan de la democracia y aprenden a despreciar a una "casta" política que se está ganando a pulso la imagen de incontrolada y depredadora.
"Expansión" realiza una serie de revelaciones escalofriantes sobre el costo que representa para los españoles la enorme masa salarial y los privilegios del sector público. Una de ellas es que "los sueldos de la función pública equivalen a la recaudación total del IRPF y del Impuesto de Sociedades".
La sangría que los políticos practican a España es brutal y parece no tener límites. A pesar de que la crisis exige austeridad y mesura, los políticos españoles, con Zapatero a la cabeza, no paran de gastar, aunque para ello hayan endeudado ya a las próximas tres generaciones de españoles. En lugar de reducir sus plantillas, autonomías como Baleares las incrementaron con un 23% más de contrataciones. El drama es especialmente grave en las autonomías gobernadas por socialistas, donde el despilfarro parece irrefrenable. Las únicas que han redujeron o mantuvieron el número de empleados en 2008 fueron Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasco y la Rioja.
Esa es la realidad española que retrataba el diario Expansión en su edición del 11 de mayo de 2009, cuando desmenuzaba en su portada los inmensos impuestos que cada trabajador español está obligado a pagar para sostener la impúdica y desmesurada maquinaria de un Estado tan irracional y monstruoso como insostenible e ineficiente. Cada español que trabaja tiene que pagar 4.471euros al año para mantener la masa de funcionarios, que cuestan más del 10 por ciento del PIB. A esa cantidad debe agregar la de los enchufados, familiares y amigos del poder, muchos de ellos camuflados en partidas presupuestarias opacas que suelen escapar a todo control.
La España de Zapatero, diseñada y construida en tiempos de gran prosperidad, representa hoy un lastre insoportable para el país, pero los políticos, temerosos de perder popularidad y votos, son incapaces de rediseñar un Estado irracional que está llevándonos a la tumba como país próspero y como sociedad avanzada.
La desmesura del Estado español hace que, para mantenerlo, tengamos que pagar demasiados impuestos, lo que repercute negativamente en la competitividad, en la salud de las empresas, en las economías familiares y en la felicidad de los españoles, que, al sentirse cada día más "oprimidos" por el poder político, se desligan de la democracia y aprenden a despreciar a una "casta" política que se está ganando a pulso la imagen de incontrolada y depredadora.
"Expansión" realiza una serie de revelaciones escalofriantes sobre el costo que representa para los españoles la enorme masa salarial y los privilegios del sector público. Una de ellas es que "los sueldos de la función pública equivalen a la recaudación total del IRPF y del Impuesto de Sociedades".
La sangría que los políticos practican a España es brutal y parece no tener límites. A pesar de que la crisis exige austeridad y mesura, los políticos españoles, con Zapatero a la cabeza, no paran de gastar, aunque para ello hayan endeudado ya a las próximas tres generaciones de españoles. En lugar de reducir sus plantillas, autonomías como Baleares las incrementaron con un 23% más de contrataciones. El drama es especialmente grave en las autonomías gobernadas por socialistas, donde el despilfarro parece irrefrenable. Las únicas que han redujeron o mantuvieron el número de empleados en 2008 fueron Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasco y la Rioja.
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