Los católicos españoles, acostumbrados al silencio cobarde de sus obispos ante la injusticia, el abuso y la corrupción reinantes, están agradablemente sorprendidos de que ahora hayan hablado para frenar el avance del anteproyecto de ley del aborto que el gobierno de Zapatero se dispone a aprobar en las Cortes.
Los cristianos se congratulan de que los obispos españoles hayan reconocido ahora que tienen el deber de pronunciarse públicamente sobre las graves implicaciones morales negativas de esa ley, pero no olvidan el silencio cobarde y hasta la complicidad de la jerarquía ante el drama del aborto y ante otras muchas injusticias y degradaciones de la sociedad española.
Los silencios, las ambigüedades y las complicidades de los obispos han generado desconcierto, indignación, rebeldía y escándalo entre los católicos, muchos de los cuales han dejado de ser practicantes por rechazo a la actitud de sus pastores o han decidido apoyar a partidos políticos cuyas propuestas y programas son contrarios a esa moral católica que los propios obispos no defienden.
El primer escándalo emana de la siguiente reflexión: ¿por qué se condena ahora un anteproyecto de ley sobre el aborto cuando el aborto ha estado permitido por la ley española, facilitando que más de un millón de fetos hayan sido exterminados durante la última década? ¿Por qué ahora sí se condena y antes se toleraba el aborto? Si la nueva ley es genocida, ¿por qué no lo es también la vigente, que permite igualmente abortar? La actitud de la Iglesia resulta moral y éticamente incomprensible.
La declaración de los obispos aplica correctamente la doctrina del Concilio Vaticano II y considera el aborto como un "crimen abominable", "un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida”. Entonces, ¿Por qué la Iglesia no aplica también la doctrina del Vaticano II a otras abominaciones vigentes en la política española, igualmente violadoras de los derechos fundamentales, ante las que guarda un cobarde silencio? ¿No merecen ser condenadas políticas que impulsan la desigualdad lacerante de la sociedad, la mentira desde el poder, la aplicación desigual y arbitraria de la ley, la corrupción generalizada, el avance de la pobreza o los hirientes e injustos privilegios de la casta política?
El documento también afirma que "El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad”. La conclusión lógica y coherente de esta doctrina es considerar que el Estado que impone semejantes leyes debe ser considerado un "Estado tiránico", lo que implica también que es aplicable la clásica doctrina católica, fundamentada en los santos padres y en los doctores de la Iglesia, de que hay que rebelarse contra esos tiranos.
Es cierto que el estímulo al aborto desde el gobierno hace a la Humanidad retroceder casi 3.000 años, hasta antes de la fundación de Roma, pero no es menos cierto que el sistema actual tiene muchas otras costumbres, políticas y hasta leyes que atentan contra los derechos humanos básicos, que se presentan engañosamente como "progreso", y ante las cuales la Iglesia guarda un vergonzoso e inexplicable silencio.
Quizás el acoso que sufre hoy la vida y otros atentados contra la Humanidad perpetrados por los poderes públicos podrían haberse evitado si la Iglesia hubiera sido siempre consecuente con el mensaje de Jesucristo y con las leyes fundamentales de la democracia. La tibieza ante los asesinatos terroristas que proyectan algunos pastores vascos, el apoyo al nacionalismo excluyente por parte de pastores catalanes, la colaboración activa con la izquierda radical e, incluso, con la lucha armada por parte de muchos sacerdotes y obispos "progres" y otras barbaridades tienen su origen en la cobardía de la jerarquía católica y en su incapacidad de ser consecuente con sus propias leyes y principios.
Quizás el ejemplo siguiente sirva para entender lo que nos ocurre hoy:
El 1-5-1979, el Obispo Iniesta, colaborador directo del cardenal Tarancón, declaraba: “Mi conciencia rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de condenarlo como un hecho delictivo” (Tamaña locura incoherente se puede leer en El País de 1-5-1979).
Los cristianos se congratulan de que los obispos españoles hayan reconocido ahora que tienen el deber de pronunciarse públicamente sobre las graves implicaciones morales negativas de esa ley, pero no olvidan el silencio cobarde y hasta la complicidad de la jerarquía ante el drama del aborto y ante otras muchas injusticias y degradaciones de la sociedad española.
Los silencios, las ambigüedades y las complicidades de los obispos han generado desconcierto, indignación, rebeldía y escándalo entre los católicos, muchos de los cuales han dejado de ser practicantes por rechazo a la actitud de sus pastores o han decidido apoyar a partidos políticos cuyas propuestas y programas son contrarios a esa moral católica que los propios obispos no defienden.
El primer escándalo emana de la siguiente reflexión: ¿por qué se condena ahora un anteproyecto de ley sobre el aborto cuando el aborto ha estado permitido por la ley española, facilitando que más de un millón de fetos hayan sido exterminados durante la última década? ¿Por qué ahora sí se condena y antes se toleraba el aborto? Si la nueva ley es genocida, ¿por qué no lo es también la vigente, que permite igualmente abortar? La actitud de la Iglesia resulta moral y éticamente incomprensible.
La declaración de los obispos aplica correctamente la doctrina del Concilio Vaticano II y considera el aborto como un "crimen abominable", "un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida”. Entonces, ¿Por qué la Iglesia no aplica también la doctrina del Vaticano II a otras abominaciones vigentes en la política española, igualmente violadoras de los derechos fundamentales, ante las que guarda un cobarde silencio? ¿No merecen ser condenadas políticas que impulsan la desigualdad lacerante de la sociedad, la mentira desde el poder, la aplicación desigual y arbitraria de la ley, la corrupción generalizada, el avance de la pobreza o los hirientes e injustos privilegios de la casta política?
El documento también afirma que "El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad”. La conclusión lógica y coherente de esta doctrina es considerar que el Estado que impone semejantes leyes debe ser considerado un "Estado tiránico", lo que implica también que es aplicable la clásica doctrina católica, fundamentada en los santos padres y en los doctores de la Iglesia, de que hay que rebelarse contra esos tiranos.
Es cierto que el estímulo al aborto desde el gobierno hace a la Humanidad retroceder casi 3.000 años, hasta antes de la fundación de Roma, pero no es menos cierto que el sistema actual tiene muchas otras costumbres, políticas y hasta leyes que atentan contra los derechos humanos básicos, que se presentan engañosamente como "progreso", y ante las cuales la Iglesia guarda un vergonzoso e inexplicable silencio.
Quizás el acoso que sufre hoy la vida y otros atentados contra la Humanidad perpetrados por los poderes públicos podrían haberse evitado si la Iglesia hubiera sido siempre consecuente con el mensaje de Jesucristo y con las leyes fundamentales de la democracia. La tibieza ante los asesinatos terroristas que proyectan algunos pastores vascos, el apoyo al nacionalismo excluyente por parte de pastores catalanes, la colaboración activa con la izquierda radical e, incluso, con la lucha armada por parte de muchos sacerdotes y obispos "progres" y otras barbaridades tienen su origen en la cobardía de la jerarquía católica y en su incapacidad de ser consecuente con sus propias leyes y principios.
Quizás el ejemplo siguiente sirva para entender lo que nos ocurre hoy:
El 1-5-1979, el Obispo Iniesta, colaborador directo del cardenal Tarancón, declaraba: “Mi conciencia rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de condenarlo como un hecho delictivo” (Tamaña locura incoherente se puede leer en El País de 1-5-1979).
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