España no es una democracia porque las leyes básicas que regulan las democracias no tienen vigencia en el "sistema" español. Pero, ¿dónde está la clave del problema? ¿Por qué es tan desequilibrado y perverso el sistema español?
La respuesta es tan clara como evidente: la "Ley Electoral" vigente en España es tan poco democrática que desvirtúa el sistema político, siembra la injusticia, altera la convivencia, impide que las elecciones sean verdaderamente libres, sostiene la dictadura de los partidos, promueve el bipartidismo, ampara a los nacionalistas más extremos y condena al ostracismo al ciudadano y a los pequeños partidos.
Aunque la Constitución y la democracia consagran el sagrado derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, en España son los partidos, no los ciudadanos, los que eligen. Los partidos elaboran unas listas cerradas y bloqueadas en las que colocan a los amigos del líder, que los ciudadanos no pueden alterar, sino, únicamente, aceptar o rechazar en bloque.
Pero hay más violaciones a la democracia en la actual ley electoral española, como otorgar distinto valor al voto ciudadano, según se emita en una provincia u otra. Algunos votos valen hasta cinco veces más que otros.
La actual ley electoral nació como provisional y el objetivo era cambiarla pronto por otra más democrática y justa, pero los grandes partidos, al ver que les beneficiaba y consagraba un extraño equilibrio en favor del bipartidismo y de los nacionalismos, la dejaron en vigencia, dotando así a España de una ley injusta, anticiudadana, profundamente desigual y nada democrática, que genera representantes leales a sus partidos y desconectados de los ciudadanos a los que, falsamente, dicen representar.
Rosa Díez, diputada nacional y portavoz de UPyD, presentó una Proposición no de Ley para la reforma de la Ley Electoral, ya que la otra iniciativa legislativa similar que registró en abril de 2008 duerme “el sueño de los justos” en la subcomisión que se creó en el seno de la Comisión Constitucional. Todos los partidos, menos IU, votaron en contra de una proposición cuyo único objetivo, según la diputada, “es la defensa de la igualdad consagrada en varios artículos de nuestra Constitución”. A juicio de Rosa Díez, lo más "intolerable" no es que unos partidos políticos tengan ventajas sobre otros, sino que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función del lugar en el que viva o del partido que elija.
El gobierno es consciente de que la Ley Electoral actual es origen de desigualdades, como se lo ha recordado el Consejo de Estado. UPyD plantea soluciones: que se aumente el número de diputados a 400, que se rebaje la representación mínima de dos a un diputado y que se cambie la ley d´Hont por otro sistema más proporcional y justo. Pero resultó que éste no era un asunto importante para los partidos tradicionales, por lo que con esta proposición ocurrió como con todo lo realmente importante en este país; que se crea una comisión para estudiarlo, “y nos echamos a dormir”.
La presunta democracia española es una vergüenza porque no cumple ni uno sólo de los principios que regulan los sistemas democráticos en el mundo: no existen elecciones libres, no hay separación de poderes, la ley no es igual para todos; los derechos humanos no son suficientemente respetados, los partidos políticos carecen de controles que limiten su poder, el gobierno no tiene contrapesos, la sociedad civil está en estado de coma, la prensa crítica ha sido casi exterminada, etc., etc.
Es la desastrosa Ley Electoral la que propicia ese caldo de cultivo español, políticamente nauseabundo, en el que germinan la injusticia, la corrupción, el mal gobierno y el abuso de poder, entre otros muchos males. La Ley Electoral es la principal culpable de que los ciudadanos y los políticos estén divorciados en España y de que la política, los políticos y hasta el mismo sistema carezcan de prestigio y respeto. También propicia la desconfianza de los ciudadanos en el poder, la escasa credibilidad del liderazgo, la división entre los españoles, el sectarismo, la opresión y el dominio ilegítimo de los poderosos sobre los débiles.
Esa ley electoral permite que las minorías nacionalistas tengan más influencia y poder del que merecen y hace posible, también, que la mayoría de los españoles contemplen estupefactos cómo la Constitución española, que consagra la igualdad, es violada por el mismo gobierno. La Ley Electoral hace posible que 19 millones de votantes sean ignorados y dejados a merced de menos de 2 millones de independentistas periféricos, gente que odia a España y que trabaja para destruir la unidad, la cohesión y hasta la prosperidad, gente que sueña con un Estado débil y con un país dividido para que ellos puedan imponer sus intereses a la mayoría.
La ley electoral es un bodrio antidemocrático que debe ser cambiado con urgencia.
La respuesta es tan clara como evidente: la "Ley Electoral" vigente en España es tan poco democrática que desvirtúa el sistema político, siembra la injusticia, altera la convivencia, impide que las elecciones sean verdaderamente libres, sostiene la dictadura de los partidos, promueve el bipartidismo, ampara a los nacionalistas más extremos y condena al ostracismo al ciudadano y a los pequeños partidos.
Aunque la Constitución y la democracia consagran el sagrado derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, en España son los partidos, no los ciudadanos, los que eligen. Los partidos elaboran unas listas cerradas y bloqueadas en las que colocan a los amigos del líder, que los ciudadanos no pueden alterar, sino, únicamente, aceptar o rechazar en bloque.
Pero hay más violaciones a la democracia en la actual ley electoral española, como otorgar distinto valor al voto ciudadano, según se emita en una provincia u otra. Algunos votos valen hasta cinco veces más que otros.
La actual ley electoral nació como provisional y el objetivo era cambiarla pronto por otra más democrática y justa, pero los grandes partidos, al ver que les beneficiaba y consagraba un extraño equilibrio en favor del bipartidismo y de los nacionalismos, la dejaron en vigencia, dotando así a España de una ley injusta, anticiudadana, profundamente desigual y nada democrática, que genera representantes leales a sus partidos y desconectados de los ciudadanos a los que, falsamente, dicen representar.
Rosa Díez, diputada nacional y portavoz de UPyD, presentó una Proposición no de Ley para la reforma de la Ley Electoral, ya que la otra iniciativa legislativa similar que registró en abril de 2008 duerme “el sueño de los justos” en la subcomisión que se creó en el seno de la Comisión Constitucional. Todos los partidos, menos IU, votaron en contra de una proposición cuyo único objetivo, según la diputada, “es la defensa de la igualdad consagrada en varios artículos de nuestra Constitución”. A juicio de Rosa Díez, lo más "intolerable" no es que unos partidos políticos tengan ventajas sobre otros, sino que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función del lugar en el que viva o del partido que elija.
El gobierno es consciente de que la Ley Electoral actual es origen de desigualdades, como se lo ha recordado el Consejo de Estado. UPyD plantea soluciones: que se aumente el número de diputados a 400, que se rebaje la representación mínima de dos a un diputado y que se cambie la ley d´Hont por otro sistema más proporcional y justo. Pero resultó que éste no era un asunto importante para los partidos tradicionales, por lo que con esta proposición ocurrió como con todo lo realmente importante en este país; que se crea una comisión para estudiarlo, “y nos echamos a dormir”.
La presunta democracia española es una vergüenza porque no cumple ni uno sólo de los principios que regulan los sistemas democráticos en el mundo: no existen elecciones libres, no hay separación de poderes, la ley no es igual para todos; los derechos humanos no son suficientemente respetados, los partidos políticos carecen de controles que limiten su poder, el gobierno no tiene contrapesos, la sociedad civil está en estado de coma, la prensa crítica ha sido casi exterminada, etc., etc.
Es la desastrosa Ley Electoral la que propicia ese caldo de cultivo español, políticamente nauseabundo, en el que germinan la injusticia, la corrupción, el mal gobierno y el abuso de poder, entre otros muchos males. La Ley Electoral es la principal culpable de que los ciudadanos y los políticos estén divorciados en España y de que la política, los políticos y hasta el mismo sistema carezcan de prestigio y respeto. También propicia la desconfianza de los ciudadanos en el poder, la escasa credibilidad del liderazgo, la división entre los españoles, el sectarismo, la opresión y el dominio ilegítimo de los poderosos sobre los débiles.
Esa ley electoral permite que las minorías nacionalistas tengan más influencia y poder del que merecen y hace posible, también, que la mayoría de los españoles contemplen estupefactos cómo la Constitución española, que consagra la igualdad, es violada por el mismo gobierno. La Ley Electoral hace posible que 19 millones de votantes sean ignorados y dejados a merced de menos de 2 millones de independentistas periféricos, gente que odia a España y que trabaja para destruir la unidad, la cohesión y hasta la prosperidad, gente que sueña con un Estado débil y con un país dividido para que ellos puedan imponer sus intereses a la mayoría.
La ley electoral es un bodrio antidemocrático que debe ser cambiado con urgencia.
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