El fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, acobardado y falto de contundencia jurídica, frustra a casi todos los españoles porque hiere sin rematar y no lleva hasta sus últimas consecuencias la clara inconstitucionalidad del texto. La sentencia tumba 14 artículos y cuestiona otros 35 artículos de calado, además de proclamar la "indivisible unidad de España", pero admite el término "nación", del que dice que no es vinculante, y deja vivo un Estatuto que ya ha transformado la vida de los catalanes, al que se aferrarán con todas sus fuerzas los actuales dirigentes políticos nacionalistas y socialistas que controlan el poder catalán, lo que abrirá una nueva brecha en las ya magulladas defensas de España.
La gran incognita de esta sentencia es saber si será acatada y cumplida por el poder catalán y por José Luis Rodríguez Zapatero, el principal promotor del Estatuto.
La primera consecuencia del tardío y acobardado fallo del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto de Cataluña debería ser la dimisión inmediata de Zapatero, que fue quien lo promovió personalmente, convirtiendo el nuevo Estatuto catalán en el eje de su primer periodo presidencial, junto con la también fallida negociación con ETA. Promover leyes inconstitucionales no es, precisamente, la misión de un jefe de gobierno democrático. El fracaso de Zapatero en sus dos principales políticas ha quedado consagrado por la sentencia y debería llevarle a la dimisión, pero es más que probable que el personaje carezca de la dignidad necesaria y de la conciencia democrática suficiente para dejar el poder.
La segunda consecuencia es que el Partido Popular hizo bien en recurrir el Estatuto, un acto con el que, a la vista de la sentencia, prestó un valioso servicio a España.
La tercera consecuencia del Estatuto es que el modelo autonómico español está herido de muerte porque es económicamente insostenible y, sobre todo, porque conduce a la disgregación y al enfrentamiento, después de haber otorgado un poder desmedido a una estirpe de políticos regionales sátrapas y de escasa calidad democrática, que ni siquiera se detienen ante la Constitución con tal de incrementar su ambición de poder y de privilegios.
La cuarta y última gran conclusión, tras la sentencia, es que el Tribunal Constitucional, contaminado por la división partidista que ya ha podrido la vida política española, es inoperante y está falto de autoridad y brio. La división del importante órgano entre "progresistas" y "conservadores" es una vergüenza jurídica que antepone los intereses de los partidos a la Justicia y que traslada a ese órgano supremo y decisivo del Estado la miseria y la suciedad de los partidos políticos españoles.
Las reacciones provocadas por la sentencia demuestran la inconsistencia del Estado, la inutilidad del modelo, la contaminación antidemocrática de los partidos políticos y el escaso nivel ético y político de los dirigentes españoles. La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega habla de una "completa derrota de la posición del PP", mientras que Montilla, irresponsable y rabioso como un niño al que arrebatan su juguete, llama la movilización de los catalanes. El PP se siente vencedor y Zapatero, mientras tanto, guarda silencio porque, con toda probabilidad, se negará a dimitir, a pesar de que él es el principal causante de ese importante desaguisado, por haber sido el promotor de un Estatuto claramente contrario a la Constitución.
La sociedad española entera amanece hoy cubierta de vergüenza y oprobio por tolerar el estado de caos y desvergüenza que domina la vida política y jurídica de la nación. Los ciudadanos deberían asumir de una vez que la democracia debe ser refundada y que los actuales políticos, contaminados hasta la médula de antidemocracia, egoísmo, privilegios abusivos, descaro, injusticia y nulo sentido de Estado, deberían ser expulsados del poder para poder construir, juntos, un Estado de hombres y mujeres libres, dominado por la dignidad, la verdad y la decencia.
La gran incognita de esta sentencia es saber si será acatada y cumplida por el poder catalán y por José Luis Rodríguez Zapatero, el principal promotor del Estatuto.
La primera consecuencia del tardío y acobardado fallo del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto de Cataluña debería ser la dimisión inmediata de Zapatero, que fue quien lo promovió personalmente, convirtiendo el nuevo Estatuto catalán en el eje de su primer periodo presidencial, junto con la también fallida negociación con ETA. Promover leyes inconstitucionales no es, precisamente, la misión de un jefe de gobierno democrático. El fracaso de Zapatero en sus dos principales políticas ha quedado consagrado por la sentencia y debería llevarle a la dimisión, pero es más que probable que el personaje carezca de la dignidad necesaria y de la conciencia democrática suficiente para dejar el poder.
La segunda consecuencia es que el Partido Popular hizo bien en recurrir el Estatuto, un acto con el que, a la vista de la sentencia, prestó un valioso servicio a España.
La tercera consecuencia del Estatuto es que el modelo autonómico español está herido de muerte porque es económicamente insostenible y, sobre todo, porque conduce a la disgregación y al enfrentamiento, después de haber otorgado un poder desmedido a una estirpe de políticos regionales sátrapas y de escasa calidad democrática, que ni siquiera se detienen ante la Constitución con tal de incrementar su ambición de poder y de privilegios.
La cuarta y última gran conclusión, tras la sentencia, es que el Tribunal Constitucional, contaminado por la división partidista que ya ha podrido la vida política española, es inoperante y está falto de autoridad y brio. La división del importante órgano entre "progresistas" y "conservadores" es una vergüenza jurídica que antepone los intereses de los partidos a la Justicia y que traslada a ese órgano supremo y decisivo del Estado la miseria y la suciedad de los partidos políticos españoles.
Las reacciones provocadas por la sentencia demuestran la inconsistencia del Estado, la inutilidad del modelo, la contaminación antidemocrática de los partidos políticos y el escaso nivel ético y político de los dirigentes españoles. La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega habla de una "completa derrota de la posición del PP", mientras que Montilla, irresponsable y rabioso como un niño al que arrebatan su juguete, llama la movilización de los catalanes. El PP se siente vencedor y Zapatero, mientras tanto, guarda silencio porque, con toda probabilidad, se negará a dimitir, a pesar de que él es el principal causante de ese importante desaguisado, por haber sido el promotor de un Estatuto claramente contrario a la Constitución.
La sociedad española entera amanece hoy cubierta de vergüenza y oprobio por tolerar el estado de caos y desvergüenza que domina la vida política y jurídica de la nación. Los ciudadanos deberían asumir de una vez que la democracia debe ser refundada y que los actuales políticos, contaminados hasta la médula de antidemocracia, egoísmo, privilegios abusivos, descaro, injusticia y nulo sentido de Estado, deberían ser expulsados del poder para poder construir, juntos, un Estado de hombres y mujeres libres, dominado por la dignidad, la verdad y la decencia.
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