Angela Merkel ha dejado de creer en las promesas de Mariano Rajoy. No entiende sus cambios de rumbo inexplicables, ni sus retrasos eternos, comportamientos que ella considera alejados de la seriedad y el rigor que tanto gustan en Alemania. El presidente del gobierno de España aún no ha presentado su hoja de ruta para reducir el déficit el año que viene al 5,3%, lo que refleja a un Rajoy en estado puro o el discurso de un presidente sin nada que decir.
La canciller alemana desconfía especialmente de que el gobierno vaya a ser capaz de recortar el gasto autonómico y se ha puesto firme. En los últimos días, Bruselas ha recrudecido así su presión sobre Madrid para forzarlo a aprobar un plan de ajuste que garantice la drástica reducción del déficit que España necesita. El primer paso, según parece, será una subida del IVA, pero vendrá acompañada de sorpresas que afectarán a los empleados públicos y tal vez a las pensiones, un recorte de nada menos que 30.000 millones de euros.
En esta línea el Ejecutivo de Rajoy está estudiando aprobar en las próximas semanas una subida de los tipos reducido y superreducido de este impuesto, aplazando el incremento en dos puntos del tipo general del impuesto para el año 2013, tal y como anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Entre los productos y servicios que tributan a un tipo reducido de IVA figuran actualmente el agua, alimentos no básicos, el transporte de viajeros, hoteles y restaurantes, entradas a espectáculos, dentistas o peluquería y vivienda nueva, entre otros.
Por su parte, los productos con un tipo superreducido son los de primera necesidad: pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y quesos. Además, también se benefician los libros, periódicos y revistas no publicitarios o las viviendas de protección oficial. Las fuentes consultadas aseguran que la idea del Gobierno incluye también el plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes.
La propuesta de subida de los tipos reducidos está encima de la mesa del ministro de Hacienda desde el pasado mes de marzo, y fue el propio Cristóbal Montoro quien durante un almuerzo con los grandes empresarios del país avanzó que el Gobierno había cumplido con el trámite para poder acogerse a "retoques" en los tipos reducido (8%) y superreducido (el 4%) del IVA.
Una hipótesis a la que se refirió también el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, durante una reunión, días después, con empresarios catalanes. Hay que recordar que estos dos tipos de IVA no fueron modificados con la subida del 16 al 18% del tipo general, aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de Zapatero.
Lo más importante, sin embargo, será lo que ocurra con las autonomías. El Gobierno alemán considera que Moncloa puede encontrarse con una férrea oposición de las autonomías -muchas de ellas bajo el poder de los barones del PP- para realizar los recortes y ajustes que se consideran necesarios. Un punto de especial dificultad está en la necesidad de que el gobierno central recupere competencias autonómicas. El otro gran frente de batalla está en el empleo público, que sufrirá recortes dramáticos, y especialmente en la reducción del número de cargos públicos, una demanda que la sociedad no cesa de exigir y que los políticos se resisten a afrontar porque representa para ellos una pérdida de poder y un debilitamiento de sus redes clientelares, base del poder de los partidos.
De hecho, la negativa de Rajoy a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los funcionarios y expulsando a muchos enchufados innecesarios, si es necesario cambiando la ley, es su principal fuente de desgaste. La gente no admite que le acosen con recortes y subidas de impuestos mientras los políticos siguen manteniendo su irracional y costosa estructura de empleados innecesarios, reclutados de manera corrupta entre familiares y amigos del poder. Aunque no se diga, esa masa de enchufados en la principal rémora y lo que resta más competitividad al país.
La canciller alemana desconfía especialmente de que el gobierno vaya a ser capaz de recortar el gasto autonómico y se ha puesto firme. En los últimos días, Bruselas ha recrudecido así su presión sobre Madrid para forzarlo a aprobar un plan de ajuste que garantice la drástica reducción del déficit que España necesita. El primer paso, según parece, será una subida del IVA, pero vendrá acompañada de sorpresas que afectarán a los empleados públicos y tal vez a las pensiones, un recorte de nada menos que 30.000 millones de euros.
En esta línea el Ejecutivo de Rajoy está estudiando aprobar en las próximas semanas una subida de los tipos reducido y superreducido de este impuesto, aplazando el incremento en dos puntos del tipo general del impuesto para el año 2013, tal y como anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Entre los productos y servicios que tributan a un tipo reducido de IVA figuran actualmente el agua, alimentos no básicos, el transporte de viajeros, hoteles y restaurantes, entradas a espectáculos, dentistas o peluquería y vivienda nueva, entre otros.
Por su parte, los productos con un tipo superreducido son los de primera necesidad: pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y quesos. Además, también se benefician los libros, periódicos y revistas no publicitarios o las viviendas de protección oficial. Las fuentes consultadas aseguran que la idea del Gobierno incluye también el plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes.
La propuesta de subida de los tipos reducidos está encima de la mesa del ministro de Hacienda desde el pasado mes de marzo, y fue el propio Cristóbal Montoro quien durante un almuerzo con los grandes empresarios del país avanzó que el Gobierno había cumplido con el trámite para poder acogerse a "retoques" en los tipos reducido (8%) y superreducido (el 4%) del IVA.
Una hipótesis a la que se refirió también el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, durante una reunión, días después, con empresarios catalanes. Hay que recordar que estos dos tipos de IVA no fueron modificados con la subida del 16 al 18% del tipo general, aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de Zapatero.
Lo más importante, sin embargo, será lo que ocurra con las autonomías. El Gobierno alemán considera que Moncloa puede encontrarse con una férrea oposición de las autonomías -muchas de ellas bajo el poder de los barones del PP- para realizar los recortes y ajustes que se consideran necesarios. Un punto de especial dificultad está en la necesidad de que el gobierno central recupere competencias autonómicas. El otro gran frente de batalla está en el empleo público, que sufrirá recortes dramáticos, y especialmente en la reducción del número de cargos públicos, una demanda que la sociedad no cesa de exigir y que los políticos se resisten a afrontar porque representa para ellos una pérdida de poder y un debilitamiento de sus redes clientelares, base del poder de los partidos.
De hecho, la negativa de Rajoy a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los funcionarios y expulsando a muchos enchufados innecesarios, si es necesario cambiando la ley, es su principal fuente de desgaste. La gente no admite que le acosen con recortes y subidas de impuestos mientras los políticos siguen manteniendo su irracional y costosa estructura de empleados innecesarios, reclutados de manera corrupta entre familiares y amigos del poder. Aunque no se diga, esa masa de enchufados en la principal rémora y lo que resta más competitividad al país.
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