Si ha llegado la hora de que el Estado se defienda y aplique la ley a los sediciosos del nacionalismo catalán, también ha llegado el momento de que se les exija a las grandes empresas con sede en Cataluña que se definan, que abandonen su silencio cobarde y que apoyen la ley y la unidad del país que les acoge y les ha hecho grandes.
La culpa de algunas empresas es evidente y vergonzosa. Han querido nadar y guardar la ropa y han practicado el doble lenguaje de los hipócritas, afirmando unas cosas en Madrid y otras en Barcelona, diciéndole a cada parte lo que querían oír, sin comprometerse, sin coger el toro por los cuernos, traicionando a su mercado y a su clientela, permitiendo, con su silencio, que miles de españoles que defendían la unidad de España fueran marginados y acosados por el nacionalismo catalán, que los niños fueran adoctrinados, que la historia fuera tergiversada, que los medios de comunicación fueran comprados y encuadrados en una especie de "policía del pensamiento" y que los gobernantes catalanes se dedicaran, durante décadas, a la corrupción y a sembrar la división y el odio en la sociedad.
Esas empresas, muchas de las cueles son grandes porque España les compra y porque el grueso de sus oficinas y clientes están en España, no han cumplido con los códigos de responsabilidad social corporativa, ni con las buenas prácticas empresariales porque la cobardía les ha permitido vivir en la indecencia, convivir con la corrupción y agasajar a verdaderos políticos corruptos, mafiosos y al margen de la ley.
El gobierno, revestido con el apoyo de la Jefatura del Estado y de los principales partidos, en representación del pueblo español, al mismo tiempo que recurre ante el Tribunal Constitucional y aplica la ley a los sediciosos, debe llamar a los altos cargos de esas empresas, en especial a las que ocupan un puesto entre las primeras del país, para exigirles la lealtad y la decencia que hasta ahora no han tenido.
Esas empresas tienen libertad para optar por una Cataluña independiente, pero entonces España tiene el mismo derecho a tratarlas como empresas extranjeras, hostiles, y aplicarles toda la legislación vigente para las entidades extracomunitarias: aduanas, impuestos, aranceles, etc.
En Cataluña ha llegado la hora de la verdad y el Estado tiene el deber sagrado de defender a España, con todas las consecuencias.
La culpa de algunas empresas es evidente y vergonzosa. Han querido nadar y guardar la ropa y han practicado el doble lenguaje de los hipócritas, afirmando unas cosas en Madrid y otras en Barcelona, diciéndole a cada parte lo que querían oír, sin comprometerse, sin coger el toro por los cuernos, traicionando a su mercado y a su clientela, permitiendo, con su silencio, que miles de españoles que defendían la unidad de España fueran marginados y acosados por el nacionalismo catalán, que los niños fueran adoctrinados, que la historia fuera tergiversada, que los medios de comunicación fueran comprados y encuadrados en una especie de "policía del pensamiento" y que los gobernantes catalanes se dedicaran, durante décadas, a la corrupción y a sembrar la división y el odio en la sociedad.
Esas empresas, muchas de las cueles son grandes porque España les compra y porque el grueso de sus oficinas y clientes están en España, no han cumplido con los códigos de responsabilidad social corporativa, ni con las buenas prácticas empresariales porque la cobardía les ha permitido vivir en la indecencia, convivir con la corrupción y agasajar a verdaderos políticos corruptos, mafiosos y al margen de la ley.
El gobierno, revestido con el apoyo de la Jefatura del Estado y de los principales partidos, en representación del pueblo español, al mismo tiempo que recurre ante el Tribunal Constitucional y aplica la ley a los sediciosos, debe llamar a los altos cargos de esas empresas, en especial a las que ocupan un puesto entre las primeras del país, para exigirles la lealtad y la decencia que hasta ahora no han tenido.
Esas empresas tienen libertad para optar por una Cataluña independiente, pero entonces España tiene el mismo derecho a tratarlas como empresas extranjeras, hostiles, y aplicarles toda la legislación vigente para las entidades extracomunitarias: aduanas, impuestos, aranceles, etc.
En Cataluña ha llegado la hora de la verdad y el Estado tiene el deber sagrado de defender a España, con todas las consecuencias.
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