Decepción, angustia y desasosiego ha provocado en la ciudadanía la noticia de que los impuestos van a ser subidos en plena crisis por un gobierno maniroto, que gasta casi el doble de lo que ingresa y que ha colocado el endeudamiento y el déficit público en cotas espeluznantes. Lo revelan de manera incuestionable las encuestas, que recogen de manera alarmante el fuerte rechazo a la subida de impuestos en todas las capas y sectores de la sociedad.
La subida de impuestos se hace en contra de la opinión casi unánime de la sociedad, de los expertos y de los grandes organismos internacionales especializados, que aconsejan a España justo lo contrario de lo que se empeña en hacer Zapatero: ahorro, austeridad, adelgazamiento del Estado, bajada de impuestos y reforma laboral que permita contratos especiales durante la etapa de crisis.
Desde hace años, las noticias relacionadas con el gobierno y la Hacienda Pública generan angustia y desasosiego entre los ciudadanos. En 2008 el sobresalto fue causado porque los borradores de declaraciones de la renta que Hacienda remite a los contribuyentes llegaban alterados, con deducciones legales eliminadas, para que el resultado final beneficiara a la Administración y no al ciudadano. Si los ciudadanos hubieran dado por buenas esas cuentas, el resultado habría sido varios miles de millones de euros recaudados injusta e ilegalmente por el Estado español.
La conciencia de que el gobierno está recaudando a toda costa y por cualquier camino es de una gravedad extrema y deteriora todavía más a la ya sucia y maloliente democracia española. La pérdida de confianza de los ciudadanos en su gobierno es considerada siempre como el primer síntoma infalible de que la democracia ha sido sustituida por cualquier tipo de sistema opresor.
Algunos, como mal menor, interpretan esa política depredadora como la consecuencia de la "voracidad insaciable" de los políticos, cuyo principal objetivo no es ya servir al pueblo o transformar positivamente la sociedad, sino simplemente acumular poder y recaudar dinero, cuanto más mejor.
La obsesión por los impuestos, unida a la desconfianza creciente de los ciudadanos en los políticos y a la negativa de éstos a rendir cuentas al ciudadano, a pesar de que es el dueño y soberano del sistema, es una mezcla explosiva para la política decente, que ha colocado a las democracias occidentales en una situación insostenible de escandaloso divorcio con la ciudadanía. Los políticos, arrogantes e insensibles, se creen con derecho a tomar medidas en contra de la voluntad popular y de los intereses de los ciudadanos, un error que está generando un desprecio hacia la clase política y que amenaza con arruinar el sistema.
La subida de impuestos se hace en contra de la opinión casi unánime de la sociedad, de los expertos y de los grandes organismos internacionales especializados, que aconsejan a España justo lo contrario de lo que se empeña en hacer Zapatero: ahorro, austeridad, adelgazamiento del Estado, bajada de impuestos y reforma laboral que permita contratos especiales durante la etapa de crisis.
Desde hace años, las noticias relacionadas con el gobierno y la Hacienda Pública generan angustia y desasosiego entre los ciudadanos. En 2008 el sobresalto fue causado porque los borradores de declaraciones de la renta que Hacienda remite a los contribuyentes llegaban alterados, con deducciones legales eliminadas, para que el resultado final beneficiara a la Administración y no al ciudadano. Si los ciudadanos hubieran dado por buenas esas cuentas, el resultado habría sido varios miles de millones de euros recaudados injusta e ilegalmente por el Estado español.
La conciencia de que el gobierno está recaudando a toda costa y por cualquier camino es de una gravedad extrema y deteriora todavía más a la ya sucia y maloliente democracia española. La pérdida de confianza de los ciudadanos en su gobierno es considerada siempre como el primer síntoma infalible de que la democracia ha sido sustituida por cualquier tipo de sistema opresor.
Algunos, como mal menor, interpretan esa política depredadora como la consecuencia de la "voracidad insaciable" de los políticos, cuyo principal objetivo no es ya servir al pueblo o transformar positivamente la sociedad, sino simplemente acumular poder y recaudar dinero, cuanto más mejor.
La obsesión por los impuestos, unida a la desconfianza creciente de los ciudadanos en los políticos y a la negativa de éstos a rendir cuentas al ciudadano, a pesar de que es el dueño y soberano del sistema, es una mezcla explosiva para la política decente, que ha colocado a las democracias occidentales en una situación insostenible de escandaloso divorcio con la ciudadanía. Los políticos, arrogantes e insensibles, se creen con derecho a tomar medidas en contra de la voluntad popular y de los intereses de los ciudadanos, un error que está generando un desprecio hacia la clase política y que amenaza con arruinar el sistema.
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