El caso Urdangarín pasará a la Historia como uno de los procesos judiciales más chapuceros, injustos y antidemocráticos de la España contemporánea. El rey fue avisado por la Fiscalía Anticorrupción de que se practicaría un registro en las oficinas de su yerno, proporcionando un tiempo precioso para destruir pruebas y documentos. No se ha respetado la presunción de inocencia del yerno del rey. Ha sido juzgado y condenado previamente hasta por la misma Casa del Rey. Se han filtrado a la prensa la mayoría de las pesquisas y documentos de acusación y el hoy procesado se ha enterado por la prensa de muchos aspectos de su proceso. El pueblo español, hábilmente inducido por la propaganda política, ha colgado a Urdangarín mucho antes de que sea juzgado.
Es evidente que el sistema, consciente de que cada día son más los ciudadanos que se sienten indignados ante la corrupción galopante que anida en el poder político, evidente en casos como los de Francisco Camps, Jaume Matas, Pepiño Blanco, los anuseabundos EREs falsos de Andalucía, la compra de cocaína con dinero público andaluz, las subvenciones a familiares y amigos del gobierno andaluz de Chaves y otras muchas suciedades, ha querido utilizar el caso Urdangarín para lanzar el mensaje al pueblo de que "la Justicia es igual para todos", una mentira de gran calado con la que se quiere dar la impresión de que el poder es capaz de limpiar el sistema y condenar a los suyos cuando se saltan las leyes. Sin embargo, la verdad es que se trata de la maniobra clásica del Gatopardo: "Cambiar todo para que todo continúe como antes".
El aviso previo al rey del registro a su yerno demuestra científicamente que el sistema está trucado y que la ley está al servicio de los poderosos. El sistema que está condenando a Urdangarín sin juicio y violando el Estado de Derecho, es el mismo que no es capaz de procesar a los que han arruinado y desvalijado muchas cajas de ahorros, los que han endeudado a España de manera enloquecida e irresponsable, al ritmo de más de 500 millones de euros cada día, los que han concedido subvenciones a las empresas donde trabajaban sus familiares y amigos, negándoselas injusta y arbitrariamente a las de empresarios con ideas que no gustaban al poder, los que han trucado concursos públicos y oposiciones para colocar a los familiares y amigos a cargo del Estado, los que se han enriquecido en la política sin poder justificarlo, los que han utilizado el dinero público para mantenerse en el poder, comprando votos y voluntades, los que han mentido al pueblo de manera reiterada, elevando el engaño a política oficial, los que han burlado los controles del sistema creando centenares de instituciones y empresas públicas innecesarias, casi todas llenas de amigos del partido y los miles de políticos y militantes de partidos que han participado en el inmenso aquelarre de la corrupción española, un fenómeno que, jusnto a la crisis, nos ha llevado hasta el desprestigio de la democracia, la degeneración del liderazgo, el desempleo masivo, la pobreza y la degradación moral.
El asunto Urdangarín es una chapuza monumental que terminará perjudicando gravemente a la Corona y al mismo sistema. Si al final fuera declarado inocente, la gente, que ya lo ha condenado, pensaría que ha sido salvado por ser pariente del rey. Si resultara condenado, la gente acusaría a la Corona por no haber denunciado el caso en 2006, cuando detectó irregularidades y le buscó acomodo en Washingtom, como alto directivo del Telefónica. Ocurra lo que ocurra, muchos ciudadanos se sentirán escandalizados porque ni siquiera la Casa del Rey fue capaz de respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia, al haberlo apartado del protocolo institucional, antes del juicio, por conducta inapropiada.
Si a toda esa chapuza se agrega la violación sistemática del secreto del sumario, con filtraciones continuas de documentos a la prensa, lo de Urdangarín merece ya ser considerado como una viva y pura emanación de la podredumbre del sistema político español, verdaderamente deplorable y nada digno.
Pero lo peor del caso Urdangarín ni siquiera es la profunda chapuza que significa, sino el engaño que encierra al pretender ser utilizado por el sistema como ejemplo de lo que no no es. Se quiere presentar a Urdangaríbn como el ejemplo evidente de que hasta los más poderosos caen ante la Justicia, pero lo que ocurre en España es justo lo contrario: la impunidad práctica de los poderosos sigue vigente y muchos siguen desvalijando y expoliando las arcas públicas sin riesgo alguno de ser castigados.
Y del caso Urdangarín y de los otros muchos de corrupción existentes emerge una verdad palmaria: la llamada "democracia" española ya se ha transformado en "coprocracia".
Es evidente que el sistema, consciente de que cada día son más los ciudadanos que se sienten indignados ante la corrupción galopante que anida en el poder político, evidente en casos como los de Francisco Camps, Jaume Matas, Pepiño Blanco, los anuseabundos EREs falsos de Andalucía, la compra de cocaína con dinero público andaluz, las subvenciones a familiares y amigos del gobierno andaluz de Chaves y otras muchas suciedades, ha querido utilizar el caso Urdangarín para lanzar el mensaje al pueblo de que "la Justicia es igual para todos", una mentira de gran calado con la que se quiere dar la impresión de que el poder es capaz de limpiar el sistema y condenar a los suyos cuando se saltan las leyes. Sin embargo, la verdad es que se trata de la maniobra clásica del Gatopardo: "Cambiar todo para que todo continúe como antes".
El aviso previo al rey del registro a su yerno demuestra científicamente que el sistema está trucado y que la ley está al servicio de los poderosos. El sistema que está condenando a Urdangarín sin juicio y violando el Estado de Derecho, es el mismo que no es capaz de procesar a los que han arruinado y desvalijado muchas cajas de ahorros, los que han endeudado a España de manera enloquecida e irresponsable, al ritmo de más de 500 millones de euros cada día, los que han concedido subvenciones a las empresas donde trabajaban sus familiares y amigos, negándoselas injusta y arbitrariamente a las de empresarios con ideas que no gustaban al poder, los que han trucado concursos públicos y oposiciones para colocar a los familiares y amigos a cargo del Estado, los que se han enriquecido en la política sin poder justificarlo, los que han utilizado el dinero público para mantenerse en el poder, comprando votos y voluntades, los que han mentido al pueblo de manera reiterada, elevando el engaño a política oficial, los que han burlado los controles del sistema creando centenares de instituciones y empresas públicas innecesarias, casi todas llenas de amigos del partido y los miles de políticos y militantes de partidos que han participado en el inmenso aquelarre de la corrupción española, un fenómeno que, jusnto a la crisis, nos ha llevado hasta el desprestigio de la democracia, la degeneración del liderazgo, el desempleo masivo, la pobreza y la degradación moral.
El asunto Urdangarín es una chapuza monumental que terminará perjudicando gravemente a la Corona y al mismo sistema. Si al final fuera declarado inocente, la gente, que ya lo ha condenado, pensaría que ha sido salvado por ser pariente del rey. Si resultara condenado, la gente acusaría a la Corona por no haber denunciado el caso en 2006, cuando detectó irregularidades y le buscó acomodo en Washingtom, como alto directivo del Telefónica. Ocurra lo que ocurra, muchos ciudadanos se sentirán escandalizados porque ni siquiera la Casa del Rey fue capaz de respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia, al haberlo apartado del protocolo institucional, antes del juicio, por conducta inapropiada.
Si a toda esa chapuza se agrega la violación sistemática del secreto del sumario, con filtraciones continuas de documentos a la prensa, lo de Urdangarín merece ya ser considerado como una viva y pura emanación de la podredumbre del sistema político español, verdaderamente deplorable y nada digno.
Pero lo peor del caso Urdangarín ni siquiera es la profunda chapuza que significa, sino el engaño que encierra al pretender ser utilizado por el sistema como ejemplo de lo que no no es. Se quiere presentar a Urdangaríbn como el ejemplo evidente de que hasta los más poderosos caen ante la Justicia, pero lo que ocurre en España es justo lo contrario: la impunidad práctica de los poderosos sigue vigente y muchos siguen desvalijando y expoliando las arcas públicas sin riesgo alguno de ser castigados.
Y del caso Urdangarín y de los otros muchos de corrupción existentes emerge una verdad palmaria: la llamada "democracia" española ya se ha transformado en "coprocracia".
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